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TOL322.190 Legislación

Privado > Estado > Normas Estatales con rango de ley > Decretos Legislativos y Decretos que aprueban leyes > Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se aprueba el Código de Comercio

Vigencia: Redacción vigente
Disposición: Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio
Norma: Código de Comercio de 1885
Fecha Publicación: 16/11/1985 Fecha Norma: 22/08/1985 Fecha Última Reforma: 30/12/2018
Rango: Real Decreto Legislativo Boletín: Boletín Oficial del Estado (BOE) N. Boletín: Gaceta núms. 289 a 328, de 16 de diciembre a 24 de noviembre.
Modificado por: Véase Observaciones de Vigencia

TEXTO:

Exposición de motivos  
A Las Cortes:
La necesidad de una nueva codificación de nuestra legislación mercantil se halla tan universalmente reconocida, que se impone con carácter de evidencia a los Poderes públicos encargados de satisfacerla. Aunque el Código de Comercio promulgado en 1829 fue quizá una de las más perfectas obras del arte jurídico de su época, adolecía, como era natural siendo el primer ensayo de codificación, de algunos lunares que la práctica puso desde luego a la vista, y que consistían principalmente en haber pasado por alto instituciones del Derecho mercantil tan importantes como los Bancos y las Bolsas, a las que, no obstante, alude con frecuencia el mismo Código. Por más que el Gobierno procuró suplir estos vacíos con medidas especiales, tales como el Decreto de 10 de septiembre de 1831 sobre la creación de la Bolsa de Madrid, el comercio, que, merced a la nueva era política abierta al fallecimiento de don Fernando VII, había adquirido un vuelo extraordinario, exigió la reforma del reciente Código, que en muchos puntos no respondía al espíritu de las nuevas instituciones y que en otros ofrecía ancho campo a la interpretación, con notable perjuicio de los intereses mercantiles. Y si bien los Gobiernos que rigieron los destinos del país desde el restablecimiento del sistema representativo participaron de esta opinión y acometieron con brío la reforma, como lo demuestran las Comisiones nombradas sucesivamente en los años 1834, 1837 y 1838, para la redacción de un nuevo Código, los trabajos de las mismas, alguno de los cuales contenía un proyecto completo, no llegaron siquiera a tener publicidad oficial, quedando abandonados en los archivos y aplazada así indefinidamente la reforma de la legislación comercial.
Al poco tiempo, un suceso trascendental en el orden político, la terminación de la guerra civil, produjo un movimiento general de la nación española en dirección del comercio y de la industria, que ha ido en constante aumento hasta nuestros días, a pesar de los grandes desastres que han agobiado a nuestro valeroso y sufrido pueblo. Este movimiento, que causó una verdadera revolución en el orden económico, consecuencia inevitable de la verificada en el político, demandaba con urgencia nuevas leyes que ampararan los intereses nuevamente creados, a los cuales dio satisfacción el Gobierno, tímidamente al principio, reformando las leyes sobre Sociedades por acciones y sobre la Bolsa de Madrid, y adoptando otras medidas análogas, y con decisión y energía más tarde, cuando, merced a un cambio político favorable a la libertad en todas sus manifestaciones, los intereses materiales adquirieron extraordinario desarrollo. Entonces fue cuando el Ministro que suscribe, obedeciendo a tan vigoroso impulso, propuso a SM la Reina el Real Decreto de 8 de agosto de 1855, y en virtud del cual se confió a una Comisión especial, compuesta de personas respetables y peritísimas, el encargo de proceder con toda brevedad a la revisión del Código de Comercio. Mientras esta respetable Comisión se dedicaba al estudio detenido y reflexivo de los graves problemas que entraña la moderna legislación mercantil, con el mayor celo y asiduidad, todo lo cual exigía cierta lentitud en la preparación y terminación de los trabajos, el comercio seguía reclamando con gran insistencia el apoyo del Poder legislativo para los cuantiosos intereses que se creaban a la sombra del movimiento regenerador que se extendía por todos los ámbitos de la nación y que no consentía nuevos aplazamientos.
Resultado de estas poderosas excitaciones, que acogieron benévolos los Poderes públicos, fue el gran número de disposiciones legales dictadas en el transcurso de pocos años sobre Sociedades de crédito, de obras públicas, de almacenes generales de depósitos y de Bancos de emisión y descuento, sobre obligaciones al portador, reivindicación de efectos públicos, Sociedades extranjeras y otras que sería prolijo enumerar, con las cuales, si bien se enriqueció considerablemente nuestra legislación mercantil, se hacía cada vez más indispensable la codificación de esta parte de nuestro Derecho.
Pero como si todos estos materiales jurídicos, en tan breve tiempo aglomerados, no fueran suficiente demostración de la urgente necesidad de la codificación, otro nuevo acontecimiento político de la mayor trascendencia influyó notablemente en todas las esferas del Derecho, que sufrieron radicales transformaciones, de todo punto indispensables para que respondiesen a los principios de libertad de reunión, de asociación, de trabajo y de contratación, que, en unión de otros que consagraban el respeto a la autonomía individual, fueron proclamados por el Gobierno que se había puesto al frente de la Nación. Y como no podía menos de acontecer, también alcanzó al Derecho mercantil el espíritu innovador de la nueva situación política. A este espíritu se debieron las reformas realizadas inmediatamente en la legislación vigente sobre Sociedades anónimas, Bolsas, Lonjas y Casas de contratación, Agentes de cambio y Corredores, Tribunales de Comercio y Enjuiciamiento Mercantil, organización del crédito territorial, Sociedades mercantiles y de Derecho común y quiebras de las Compañías concesionarias de ferrocarriles y demás obras públicas. Tal cúmulo de disposiciones, unidas a las dictadas en época anterior, hacían sobremanera difícil y enojosa la aplicación del Código de Comercio, que no sólo estaba redactado con un criterio abiertamente contrario al que dominaba en las últimas reformas, sino que aparecía derogado en muchos de sus artículos, parcial o totalmente, por efecto de las mismas.
A tal estado de confusión y de verdadera anarquía había llegado la legislación mercantil, que el mismo Gobierno reconoció la necesidad urgente de ponerle término en el Decreto de 20 de septiembre de 1869, por el que se dispuso la redacción del proyecto de Código de Comercio y Ley de Enjuiciamiento Mercantil, cuyo trabajo debía desempeñar con toda urgencia una nueva Comisión, teniendo presente, de una parte, los trabajos de la creada en 1855 por iniciativa del que suscribe, y de otra, los Decretos-leyes del Gobierno Provisional y los proyectos de ley pendientes entonces de la aprobación de las Cortes y bajo las bases en el mismo Decreto consignadas. Y casi al mismo tiempo se ordenaba por otra Ley, la promulgada en 19 de octubre del mismo año 1869, que se procediera inmediatamente a la revisión del Código de Comercio, con el objeto de modificarlo en el sentido de la más amplia libertad de los asociados para constituirse en la forma que tuvieren por conveniente, y a fin de ponerlo en consonancia con los adelantos de la época.
Afortunadamente, esta vez no quedaron defraudados los propósitos del Poder legislativo, porque bien pronto pudieron tocarse los resultados del trabajo encomendado a la nueva Comisión. Poco más de cinco años invirtió en la preparación del proyecto de Código, a pesar de los profundos y detenidos estudios y maduras deliberaciones que durante ese tiempo fueron la tarea continua de aquella Comisión, que el infrascrito tuvo el honor de presidir desde el fallecimiento, nunca bastante llorado, del insigne jurisconsulto don Pedro Gómez de la Serna. Dicha Comisión se abstuvo de formular el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Mercantil a consecuencia de haberse promulgado en 15 de septiembre de 1870 la Ley provisional sobre organización del Poder judicial, que en la segunda de sus disposiciones transitorias autorizó al Gobierno para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, incluyendo al final de ella una parte o sección que comprendiese las disposiciones especiales necesarias para los negocios mercantiles. Por este motivo elevó únicamente a manos del Gobierno el proyecto de Código de Comercio. Y como aquél se hallaba preocupado a la sazón con asuntos graves que absorbían por completo toda su atención, transcurrió algún tiempo sin que se sometiese dicho proyecto a la deliberación de las Cortes, continuando en tal estado hasta que, por iniciativa de las mismas, se publicó la Ley de 7 de mayo de 1880, que impulsó de nuevo la obra hace tantos años comenzada, mandando que se diese publicidad oficial al proyecto de Código formado por la Comisión nombrada en 1869, con el objeto de que fuese conocida la opinión de las personas peritas en materia tan compleja como difícil y fuese apreciada esta opinión por una nueva Comisión revisora antes de elevarlo a la categoría de Ley del Reino.
Aunque en la misma Ley se acordó que las Audiencias y otras Corporaciones competentes informasen también sobre el restablecimiento de los antiguos Tribunales de Comercio, el Gobierno ha creído que este punto, por referirse a la organización del Poder judicial y al Enjuiciamiento, era hasta cierto punto independiente del proyecto de Código, y que de todos modos había de pasar tiempo antes de que pudiera llegarse a una solución concreta que satisficiera las encontradas tendencias de los que afirman la unidad de la jurisdicción y los que sostienen la conveniencia de dar participación a los comerciantes en la administración de justicia cuando se trata de cuestiones relativas a su profesión.
Constituida la Comisión revisora del proyecto de Código bajo la presidencia del Ministro que suscribe, publicado dicho proyecto en la Gaceta de Madrid, y transcurrido con exceso el plazo señalado en la Ley de 7 de mayo de 1880 para que los Tribunales, Corporaciones y particulares sometiesen las observaciones que estimaren convenientes al juicio de dicha Comisión, procedió ésta con el mayor celo y actividad a la revisión de todos y cada uno de los artículos que el proyecto abraza, estudiando los informes remitidos, comparando lo dispuesto en él con las leyes de otras naciones de gran cultura mercantil y abriendo discusiones frecuentes y detenidas sobre las más importantes y difíciles materias. Durante los meses que ha empleado la Comisión en tan arduas tareas, reuniéndose casi diariamente, se ha revisado todo el proyecto de la primitiva Comisión, en el que se han introducido muchas modificaciones y enmiendas, así por lo que hace al plan o método seguido en la codificación, como en lo que toca al contenido de las mismas disposiciones, las cuales se han adicionado con otras totalmente nuevas, y algunas tan importantes como las relativas a los efectos de comercio conocidos con el nombre usual y corriente de cheques, de que ninguna mención se hacía en el proyecto primitivo. Resulta, por tanto, el que ahora se somete a la aprobación de las Cortes notablemente mejorado, pudiendo afirmarse de él, sin exagerada estimación, que se halla a la altura de los progresos realizados en esta parte de la ciencia del Derecho.
Mas para que las Cortes puedan juzgar el adjunto proyecto con perfecto conocimiento de lo que en él se ordena y puedan prestarle su voto con ánimo tranquilo, el Ministro que suscribe ha creído oportuno exponer el carácter y tendencias del nuevo Código de Comercio y los motivos de las principales reformas que introduce en las instituciones propias y peculiares del Derecho mercantil vigente.
LIBRO I.

Orientación general del proyecto.

Actos de comercio

Comenzando por el carácter general que ofrece el Proyecto, se observa desde sus primeros artículos que éste considera al Derecho mercantil bajo una faz completamente nueva, no sólo en cuanto a lo que debe ser el objeto principal de sus disposiciones, sino en lo que atañe a los elementos o fuentes que lo constituyen, en lo cual se distingue esencialmente del vigente Código.
En efecto: mientras éste, partiendo del concepto que tenían formado de las leyes comerciales los antiguos jurisconsultos, parece ser el Código propio y peculiar de una clase de ciudadanos, el Proyecto, de acuerdo con los principios de la ciencia jurídica, propende a regir todos los actos y operaciones mercantiles, cualquiera que sea el estado o profesión de las personas que los celebren. Por eso el primero atiende ante todo a calificar las personas que están obligadas a observar sus preceptos, de cuya calificación hace depender muchas veces la que debe darse a los actos y contratos que celebran, y concede tanta importancia a las formas y solemnidades necesarias para adquirir la calidad de comerciante, y muy en particular a la inscripción en la matrícula o registro que debe contener los nombres de los que ejercen la profesión mercantil en cada provincia. Y en cambio el segundo se fija principalmente en la naturaleza de los actos o contratos, para atribuirles o no la calificación de mercantiles, con independencia de las personas que en ellos intervienen, sin limitar su número a los que taxativamente ha consignado el legislador en el Código.
De estos dos opuestos conceptos del Derecho mercantil, que ostentan, respectivamente, el Código actual y el Proyecto, resultan las diferencias que se advierten entre sus disposiciones, así respecto de las condiciones para ser comerciante, como acerca de los actos o contratos que deben reputarse mercantiles.
Según la legislación vigente, son comerciantes los inscritos en la matrícula como tales, previos los requisitos establecidos, y los que ejercen habitualmente actos positivos de comercio declarados por la Ley, y no se conocen más actos mercantiles que los calificados previamente por el legislador. Según el Proyecto, se reputan comerciantes todas las personas capaces de contratar y obligarse que ejercen habitualmente actos que merecen el nombre de mercantiles, aunque el legislador no se haya ocupado de ellos.
Comparados ambos sistemas, salta a la vista la superioridad del adoptado por el Proyecto, pues con este sistema se agranda considerablemente la esfera del Derecho mercantil, abarcando en sus fronteras un sinnúmero de transacciones que antes habían pasado inadvertidas para el legislador, cuyo sistema es una consecuencia forzosa del extraordinario e incesante desarrollo que en nuestro siglo ha tomado el afán de lucro o especulación, merced al cual han podido realizarse en los tiempos modernos las grandes transformaciones que se han verificado en beneficio del individuo y de la sociedad; desarrollo que debe seguir el Derecho para corresponder a su alta misión. Porque si en los tiempos antiguos el Derecho mercantil sólo comprendía algunas leyes marítimas, si más tarde continuó encerrado en los límites del mismo Derecho marítimo y en algunas reglas propias y especiales de los nuevos contratos que las necesidades del comercio habían introducido, hoy, que el espíritu mercantil extiende su dominio sobre toda la vida social de los pueblos civilizados y que penetra lo mismo en las relaciones privadas que en las internacionales, es innegable que no puede quedar reducido al estrecho círculo en que antes se movía, sino que, por el contrario, tiene que agrandarse cada día más, convirtiéndose de derecho excepcional o particular, y como una rama del civil en que hasta hace poco era tenido, en un derecho propio e independiente, con principios fijos derivados del Derecho natural y de la índole de las operaciones mercantiles.
Verdad es que el concepto que ha formado del Derecho mercantil el Proyecto exigiría para su completo desarrollo la determinación, por parte del legislador, de una regla o patrón que sirviera de criterio a los particulares y a los Tribunales para decidir en cada caso concreto lo que debe entenderse por acto de comercio. Pero esta determinación constituye uno de los problemas más difíciles de la ciencia moderna. Así la Comisión primitiva como la revisora del Proyecto, han ensayado la redacción de varias fórmulas, fundadas, unas, en el sistema de una definición científica, y calcadas, otras, en la idea de una enumeración de todos los actos comerciales. Este último método, seguido por el Código italiano, aun en el supuesto de que fuera completa la lista de las operaciones mercantiles, ofrecería siempre el inconveniente de cerrar la puerta a combinaciones, hoy desconocidas, pero que pueden fácilmente sugerir el interés individual y el progreso humano, según atestigua elocuentemente la historia de los últimos cincuenta años. Y en cuanto al primer método, sobre que ya es antiguo dogma jurídico que toda definición en derecho es peligrosísima, la discusión de cuantas fórmulas han sido presentadas ha puesto de relieve que en sus términos generales se comprendían actos de la vida civil que en manera alguna caben en la categoría de comerciales. La Comisión, en vista de tales dificultades, se decidió al fin por una fórmula práctica, exenta de toda pretensión científica, pero «tan comprensiva» que en una sola frase enumera o resume todos los contratos y actos mercantiles conocidos hasta ahora, y «tan flexible» que permite la aplicación del Código a las combinaciones del porvenir. Acontece a menudo que es muy difícil, por no decir imposible, abarcar en una definición o en una clasificación hecha «a priori» un orden determinado de fenómenos o hechos jurídicos, y que, sin embargo, es cosa fácil clasificarlos «a posteriori» y distinguir su verdadero carácter a medida que se van presentando. Ni los Tribunales ni los comerciantes han vacilado en calificar de actos de comercio las nuevas combinaciones y efectos mercantiles inventados en lo que va de siglo, cuando realmente han tenido ese carácter, y por esto la Comisión, fiando más que en la ciencia en el buen sentido, ha declarado que son actos de comercio todos aquellos que menciona el Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga, dejando la calificación de los hechos según vayan apareciendo en la escena mercantil, al buen sentido de los comerciantes y a la experiencia y espíritu práctico de los Jueces y Magistrados.
Fuentes del Derecho Mercantil

Diferente es también la doctrina del Proyecto sobre los elementos o fuentes que constituyen el Derecho comercial, de la que consigna el Código vigente. Según éste, los actos mercantiles se rigen, en primer lugar, por las disposiciones del Derecho común, con las modificaciones que establece la ley especial del comercio, y, en segundo lugar, por el uso común o práctica observada en el comercio.
Según el nuevo Proyecto, los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los celebren y estén o no específicamente previstos en el Código, se regirán por las disposiciones contenidas en el mismo; en su defecto, por los usos generales del comercio, y a falta de ambos, por el Derecho común.
Por manera que el Código actual considera a las leyes de comercio como excepciones del Derecho civil o común, y, por consiguiente, al Derecho mercantil como un Derecho excepcional. El Proyecto, al contrario, proclama como Derecho propio el mercantil; mas reconociendo al mismo tiempo que el Derecho privado común es la base o la parte general de los derechos privados especiales, entre los cuales se halla el mercantil, atribuye al primero el carácter de supletorio en último término; esto es: cuando las dudas o cuestiones a que dan lugar las transacciones mercantiles no puedan resolverse por la legislación escrita mercantil ni por los usos o práctica del comercio.
Pero el Ministro que suscribe debe manifestar, para evitar toda falsa interpretación, que los usos del comercio se admiten por el Proyecto, no como derecho consuetudinario, sino como reglas para resolver los diversos casos particulares que ocurran, ya supliendo las cláusulas insertas generalmente en los actos mercantiles, ya fijando el sentido de las palabras oscuras, concisas o poco exactas que suelen emplear los comerciantes, ya finalmente para dar al acto o contrato de que se trata el efecto que naturalmente debe tener, según la intención presunta de las partes.
Bajo este aspecto, la autoridad de los usos del comercio es incontestable. Las operaciones mercantiles presentan accidentes y modos que dan por resultado atribuir a un mismo contrato efectos diferentes, según que se trate de asuntos civiles o comerciales, siendo tanta su importancia, que sin ellos los comerciantes no comprenderían la utilidad de las mismas operaciones a que afectan; y como se han introducido por la misma fuerza de los hechos, la práctica constante y general del comercio las ha conservado, a pesar del silencio de la ley escrita, la cual, en gran número de casos, y principalmente en lo que toca al comercio marítimo, no puede prever todas las contingencias que pueden sobrevenir en la contratación. Hay necesidad, por consiguiente, de acudir a los usos del comercio para suplir aquellos accidentes y modos que los contratantes suelen dar por consignados, mediante una estipulación más o menos explícita.
A esta consideración hay que añadir que siendo, por lo general, el estilo de los comerciantes excesivamente conciso, a veces oscuro, encerrando en pocas palabras variedad de conceptos y sobrentendiendo casi siempre los que son comunes y ordinarios, la interpretación de los actos o contratos mercantiles no puede hacerse exclusivamente desde el punto de vista del Derecho civil, porque haría incurrir a los Tribunales en apreciaciones equivocadas, sino desde el punto de vista comercial, único que puede facilitar la verdadera inteligencia de las palabras oscuras, revelar el sentido que encierran y presentar el acto o contrato bajo todas sus fases.
Para esto deberán acudir los Tribunales a los usos del comercio generalmente observados en cada localidad, los cuales le servirán de poderoso auxiliar para estimar, como explícitamente estipulado, todo lo que sea indispensable para que el contrato produzca los efectos comerciales que habían entrado en la intención de las partes.
Comerciantes

Otro de los puntos en los que el Proyecto ha introducido innovaciones de cierta importancia es el relativo a las personas que pueden ejercer el comercio. Partiendo del principio de la libertad del trabajo, que facilita a todo el mundo el acceso a las profesiones industriales y comerciales, y apoyándose en el espíritu de la base 5ª del Decreto de 20 de septiembre de 1869, el Proyecto no impone otras condiciones de aptitud para ejercer el comercio que las exigidas por el Derecho civil para tener personalidad jurídica, ni de otras de exclusión que las de incapacidad establecidas por el mismo Derecho. Y si bien se mantienen ciertas incompatibilidades que dimanan de las funciones que ejercen determinadas personas, se han eliminado los artículos del actual Código que declaran nulos los actos de comercio celebrados por los incompatibles, dejándolos sujetos únicamente a las penas que establezcan los reglamentos por que se gobiernan en sus respectivos cargos o profesiones; porque la incompatibilidad es distinta de la incapacidad (la edición oficial de 1882, dice, sin duda por error, «capacidad»), y no sería justo equiparar los efectos de los actos celebrados por los incapaces y por los incompatibles.
Y en cuanto a las verdaderas incapacidades legales, el Proyecto reduce a sus más estrechos límites la del menor y la de la mujer casada, con el objeto de facilitar a estas personas el ejercicio del comercio cuando desaparecen las causas que producen su respectiva incapacidad, fijando de paso la doctrina sobre ciertos puntos controvertibles según nuestro Código.
Fundándose la incapacidad del menor en no tener completamente desarrolladas todas sus facultades y en carecer de personalidad propia, cuando se halla sometido a la patria potestad, es evidente que si concluye esta sujeción por medio de la emancipación y se prueba que tiene aptitud suficiente para la administración de sus bienes, no debe existir inconveniente alguno para considerarle con la misma capacidad que, de un modo general, se concede a toda persona por el mero hecho de llegar a la mayor edad. Por esta razón, al menor que reúna aquellas condiciones, le reputa el Proyecto como mayor para todos los efectos civiles, con facultad de hipotecar y de enajenar sus bienes raíces sin necesidad de obtener previa autorización judicial, y sin que pueda tampoco invocar el beneficio de la restitución, de que queda en absoluto despojado. Mas para ello es indispensable que haya cumplido veintiún años, cuya edad ha fijado el Proyecto, en vez de los veinte que exige el actual Código, siguiendo la generalidad de las legislaciones extranjeras, que señalan esta edad para que los menores puedan ejercer el comercio.
Las restricciones establecidas en interés de los menores que desean emprender la profesión mercantil, no son aplicables a los que tan sólo tratan de continuar las operaciones comerciales a que se dedicaban sus padres o las personas que les hubiesen instituido herederos. En este caso, los menores o incapacitados podrán ejercer el comercio de sus causantes, cualquiera que sea su edad, estado civil o sexo, por medio de sus guardadores y bajo la inmediata responsabilidad de los mismos. No obstante, deberá preceder la correspondiente declaración de la utilidad que el menor o incapacitado pueda reportar de continuar aquel comercio; lo cual corresponderá a la Autoridad judicial, previos los trámites fijados en la Ley de Enjuiciamiento, mientras no se constituya el consejo de familia que organiza el Proyecto de Código Civil, sometido o próximo a someterse a la deliberación de las Cortes.
Como la incapacidad de la mujer casada, cuando ésta es mayor de edad, resulta de la subordinación o dependencia en que se halla respecto a su marido, a quien corresponde de derecho la dirección de la asociación conyugal, natural es que deje de existir esa incapacidad cuando el marido la autoriza expresamente para ejercer actos de comercio o tolera públicamente que se dedique a la profesión mercantil. El Código actual sólo reconoce la autorización expresa; el Proyecto admite, además, la tácita o presunta, que economiza tiempo y gastos y es suficiente garantía para los terceros, pues la notoriedad del tráfico en que la mujer se ocupa habitualmente implica, por necesidad, la autorización del marido, la cual no se presumirá por algunos actos de comercio que la mujer celebrase accidentalmente.
Del mismo modo, parece lógico que desaparezca la incapacidad de la mujer casada cuando el esposo no puede ejercer el poder directivo y la supremacía que le corresponde dentro del matrimonio, bien por su misma incapacidad, como si se hallase sujeto a tutela, bien por vivir ausente de la familia, ignorándose su paradero, o estar sufriendo la pena de interdicción. El Código actual no prevé estos casos y condena a la mujer casada que reúna la aptitud necesaria para ejercer el comercio a no poder emplear su actividad en cualquier género de industria o de comercio en los momentos en que las utilidades de su trabajo podrían serle más precisas para atender a su misma subsistencia o a la de sus hijos, por hallarse privados del apoyo del jefe de la familia. El Proyecto suple esta omisión y repara los perjuicios que ocasiona, declarando capaz de ejercer el comercio a la mujer casada mayor de veintiún años que se halle en aquellas circunstancias, sin necesidad de autorización alguna.
Aunque se mantiene, como es justo, la distinción establecida en el Código respecto de los bienes que quedan sujetos a la responsabilidad de los actos ejecutados por la mujer casada en el ejercicio del comercio, según que obre con autorización expresa o tácita del marido, o sin noticia ni consentimiento suyo, se modifica la doctrina vigente en el sentido de extender dicha responsabilidad, en el primer caso, a los bienes que ambos cónyuges tengan en la sociedad conyugal, y en el segundo, a los que forman parte de la misma y se hubieren adquirido por resultas del tráfico, quedando la mujer facultada en ambos casos para hipotecar y enajenar dichos bienes y los parafernales.
Por último, en justa deferencia a la autoridad marital, que debe quedar siempre íntegra y libre de toda traba respecto de los actos que puede ejercer la mujer, reconoce el Proyecto al jefe de la familia la facultad más amplia de prohibir a la mujer que continúe en el ejercicio del comercio, revocando, si fuese necesario, la licencia que le hubiese concedido en cualquier tiempo y lugar.
Mas para que esta revocación perjudique a tercero ha de constar de una manera auténtica y alcanzar la mayor publicidad posible. Hasta que la tenga por medio del periódico oficial del pueblo o de la provincia, los terceros pueden contratar válidamente con la mujer casada que ha venido ejerciendo el comercio debidamente autorizada, quedando firmes y subsistentes los derechos que hubieren adquirido con anterioridad, según así expresamente se declara.
Finalmente, otra de las incapacidades que ha modificado el Proyecto es la relativa a los extranjeros. Sabido es que uno de los grandes principios que proclamó la Asamblea Constituyente francesa fue la supresión de toda diferencia entre nacionales y extranjeros, confundiendo todos los hombres bajo una igualdad fraternal y llevando la generosa aplicación de este principio a conceder a los extranjeros más derechos que los que disfrutaban los nacionales en los diferentes Estados de Europa. Pero a la sabiduría de las Cortes tampoco se oculta que, pasados los primeros momentos de la fiebre filosófico-política, los Poderes públicos de la nación vecina se apresuraron a derogar aquel principio, estableciendo en su lugar el sistema opuesto, mediante el que el extranjero sólo disfruta en Francia de los mismos derechos civiles reconocidos a los franceses por la nación a que pertenece. De aquí tuvieron origen los dos sistemas que predominan en esta parte del Derecho internacional privado, que son a saber: uno, que concede a los extranjeros todas las ventajas del Derecho civil, sin condición de reciprocidad; otro, que toma la reciprocidad como base y medida de los derechos que pueden otorgarse a los extranjeros en cada Estado. De estos dos sistemas, el Código de Comercio vigente aceptó en su fondo el primero, estableciendo que los extranjeros no naturalizados ni domiciliados pueden ejercer el comercio en territorio español bajo las reglas convenidas en los Tratados vigentes con los Gobiernos respectivos; y en el caso de no estar éstas determinadas, les concede las mismas facultades y franquicias de que gozan los españoles comerciantes en los Estados de que ellos proceden; es decir, el sistema de la reciprocidad. El Proyecto reconoce a todos los extranjeros sin distinción, y a las Sociedades constituidas en el Extranjero, la facultad de ejercer el comercio en España con sujeción a las leyes de su patria, en lo que se refiera a su capacidad civil para contratar, y con sujeción a las disposiciones de este Código en todo cuanto concierne a la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, a sus operaciones de comercio y a la jurisdicción de los Tribunales de la Nación; es decir, el sistema de la igualdad del derecho entre el nacional y el extranjero, sin tener en cuenta para nada el principio egoísta de la reciprocidad.
El sistema que sigue el Proyecto es, sin duda alguna, el más conforme con los principios del Derecho moderno, que considera a los comerciantes como ciudadanos de todo el Mundo, y que tiende a la fraternidad de los pueblos, y es al propio tiempo el más útil y conveniente a los intereses de nuestro país, al que importa atraer, más que rechazar, a los extranjeros que nos traen sus capitales y su inteligencia, o, por lo menos, la actividad industrial y mercantil, de que tan necesitada se halla nuestra patria.
Registro Mercantil

Esta institución, creada por el Código de 1829, bajo la vigilancia y dependencia de la Autoridad gubernativa de cada provincia, con el único objeto de llevar la matrícula de los comerciantes y de dar publicidad a las escrituras matrimoniales de éstos, constitución de Sociedades mercantiles y poderes en favor de factores y dependientes, ha recibido gran desarrollo en el Proyecto que, secundando el pensamiento consignado en el Decreto de 1869, establece un poderoso medio de publicidad que sirva de garantía suficiente a los terceros que se hallan interesados en ciertos actos y operaciones mercantiles de trascendencia.
A tres puntos principales pueden referirse las innovaciones llevadas a cabo en esta materia, que son, a saber: organización del Registro y títulos que deben inscribirse, efectos de la inscripción de los mismos, y carácter de esta institución.
En cuanto al primer punto, el Proyecto amplía considerablemente el número de documentos inscribibles en el Registro Mercantil, y, como consecuencia natural, altera la forma en que ésta ha de organizarse. Además de los documentos que actualmente se registran, exige la inscripción de otros muchos, cuya publicidad es absolutamente necesaria para que resulten garantidos los derechos de terceras personas. Y con el objeto de aumentar esta publicidad, mediante la debida clasificación de los títulos que se llevan al Registro, se divide éste en dos libros o secciones, destinado el primero a los comerciantes particulares, y el segundo a las Sociedades; adicionándose otro tercer libro para los buques, en aquellos Registros situados en las provincias litorales y en las interiores que el Gobierno considere conveniente. Estos libros se llevarán abriendo un registro especial, por orden cronológico, a cada comerciante, Sociedad o buque que se inscriban, y anotando, en las hojas de inscripción correspondientes, los documentos que respectivamente les conciernan, con los datos necesarios para que puedan formar concepto claro y suficiente de la condición legal de las personas y de la naturaleza de los negocios, los terceros a quienes convenga celebrar algún contrato con aquéllas o tomar participación en éstos. Entre los documentos que, según el Proyecto, deben anotarse en el Registro Mercantil, merecen especial mención por su importancia y trascendencia las acciones, cédulas y obligaciones emitidas por toda clase de Compañías o particulares, los billetes de Banco y los Estatutos de las Sociedades extranjeras que pretendan establecerse o crear sucursales en España. La publicidad de todos estos actos contribuirá seguramente a contener, dentro de justos y prudentes límites, la amplia libertad que el Proyecto concede a la iniciativa individual para la constitución de Sociedades y para la emisión de aquellos valores, sin perjudicar los intereses del público y sin embarazar con medidas gubernativas las esferas de acción de cada uno. Realizándose estas operaciones a la luz del día y de modo que sean conocidas de todos, desaparecerá el fundamento alegado para mantener aquellas medidas, que conducen a un resultado más aparente que real.
En cuanto al segundo punto, el Proyecto declara ante todo, de acuerdo con el principio de libertad profesional, voluntaria la inscripción personal de los comerciantes, estimulándola, sin embargo, eficazmente por medios indirectos; continúa haciéndola obligatoria para las Sociedades y para los buques, toda vez que respecto de unas y otros constituye el Registro Mercantil la única prueba de su existencia jurídica y de su verdadero estado civil, y sustituye la necesidad que hoy existe de practicar la inscripción dentro de un plazo fijo y perentorio, bajo cierta multa, por la libertad de inscribir o no los documentos, sin otra sanción que la de quedar privado el acto o contrato de ciertos beneficios y ventajas que se conceden a los actos inscritos, a cuyo fin se consigna el principio general de que estos últimos producirán efecto legal, en perjuicio de tercero, sólo desde la fecha de su inscripción, sin que puedan invalidarlos otros actos anteriores o posteriores no registrados; lo cual debe entenderse, salva la preferencia que, según el mismo Código, tienen ciertos créditos, aunque no se inscriban, y la que gozan sobre los inmuebles, con arreglo a la Ley Hipotecaria, los que se hubieren inscrito en el Registro de la Propiedad. Y, como consecuencia del mismo principio, se deroga la legislación vigente sobre los efectos de la no inscripción de las escrituras de Sociedad y de los poderes conferidos a los factores, declarando, en armonía con la teoría general del Registro de la Propiedad territorial, que estos contratos surtirán efecto entre los otorgantes, pero no en perjuicio de tercero, quien, sin embargo, podrá utilizarlos en lo que le sean favorables.
Y en cuanto al tercer punto a que afectan las reformas introducidas en el Registro Mercantil, bastará decir que el Proyecto lo eleva a la categoría de institución esencialmente jurídica, puesta bajo la salvaguardia y tutela de los Tribunales y dirigida por un funcionario perito, inamovible y sujeto a responsabilidad, a fin de que pueda llevar el Registro con la independencia, escrupulosidad y exactitud con que deben ejecutarse todos los actos que aseguran los derechos privados de los ciudadanos. Por estas consideraciones, el Proyecto confía, además, a dicho funcionario la custodia de otros libros y documentos que son la garantía de cuantiosos intereses; tales como las matrices de los títulos o efectos nominativos o al portador emitidos por Compañías o particulares, cuando sean talonarios, cuyo depósito es tan esencial que sin él no podrán inscribirse en el Registro aquellos valores, y mediante él, los tenedores de los mismos hallarán un medio fácil y auténtico, de que hoy carecen, para acreditar su legitimidad, aun contra la malevolencia o incuria de las Compañías, Corporaciones o particulares que los hubieren expedido.
Por último, la publicidad del Registro Mercantil queda completamente establecida, pues se franquean sus páginas a cuantas personas deseen adquirir noticias referentes a los comerciantes, Sociedades y buques inscritos, y se facilitan copias certificadas de sus asientos a quienes las pidan por escrito.
Libros y contabilidad del comercio

Atendiendo a que los libros de comercio constituyen uno de los principales medios de prueba de asuntos mercantiles, toda vez que al consignar el comerciante una operación en sus libros viene a ser como el mandatario de otro contratante y el libro que lo contiene un título común a ambas partes, y teniendo presente, además, la conveniencia de armonizar las nuevas prácticas adoptadas por el comercio en el modo de llevar los libros con la legislación vigente, que en algunos puntos resulta deficiente y hasta injusta, el Proyecto ha introducido reformas de gran utilidad en esta importante materia.
De ellas es la primera la que impone a las Sociedades y Compañías mercantiles la obligación de llevar necesariamente, además de los libros comunes a todo comerciante y de los que ordenan las leyes especiales por que se rigen, otro libro, llamado de Actas, para insertar literalmente y con la debida autorización todos los acuerdos tomados por las Juntas generales o Consejos de Administración de dichas Compañías, y sean referentes a las gestiones y operaciones sociales. Aunque las Sociedades bien administradas suelen llevar generalmente libros de actas, los asientos o acuerdos consignados en los mismos no gozan de la fuerza probatoria que el Código atribuye a los demás libros de comercio, a pesar de que la merecen tanto como éstos y de que su importancia es tal vez mayor, a consecuencia de los grandes intereses a que pueden afectar los acuerdos adoptados. Para suplir este vacío, el Proyecto somete los libros de actas, que han de llevar en lo sucesivo las Compañías, a las mismas formalidades y requisitos externos que deben reunir los demás libros de comercio, con lo cual alcanzarán igual fuerza probatoria que éstos, cuando se lleven con las condiciones legales.
Aparte de los libros de comercio que pueden llamarse necesarios o fundamentales, el Proyecto mantiene la facultad de que hoy se hallan en posesión los comerciantes y Sociedades para llevar los demás que crean convenientes, según la mayor o menor complicación de los asuntos, y según el sistema de contabilidad que adopten; pero tales libros, que deberán ser tan sólo reflejo y ampliación de los necesarios, no estarán sujetos a las formalidades y requisitos prescritos para estos últimos, ni gozarán tampoco de los efectos que el Proyecto les atribuye, siendo potestativo, sin embargo, en los comerciantes y Sociedades legalizar aquellos que les convinieran, los cuales, una vez adornados de los indicados requisitos, producirán iguales efectos.
La obligación de llevar libros de contabilidad alcanza a todos los comerciantes, aunque no pudieren o no supieren escribir; por lo cual, y con el objeto de quitar todo pretexto y evitar gastos, eleva el Proyecto a la categoría de presunción legal, lo que es común y constante en la práctica; esto es, que cuando el comerciante no llevare los libros por sí mismo, se presumirá concedida la autorización a la persona que materialmente los lleve, salvo prueba en contrario.
Para el cumplimiento de esta obligación, el Código vigente impone dos sanciones distintas: una, de naturaleza penal, que consiste en el pago de cierta multa, y otra, de índole meramente civil, que afecta al comerciante en el caso de sostener alguna cuestión judicial con otro comerciante, o de ser declarado en quiebra. El Proyecto prescinde de la primera como depresiva para el comercio, y mantiene la segunda, que es suficiente garantía de la fiel observancia de un precepto tan esencial a todo comerciante, interesado más que nadie en merecer de los demás el buen concepto que acompaña siempre al que procede con regularidad y exactitud en todos sus actos y operaciones.
Además, para que el libro copiador de cartas pueda llevarse con la rapidez que permiten los inventos modernos y se complete con el nuevo medio de comunicación debido a la electricidad, se ha suprimido el artículo 58 del Código vigente, según el cual las cartas se copian sin dejar huecos en blanco ni intermedios, sancionando la derogación tácita de este precepto, hecha por la práctica, que había admitido hace muchos años el uso de los copiadores mecánicos, y se dispone que se trasladen también íntegramente al copiador los despachos telegráficos que el comerciante expida sobre su tráfico.
Siendo tan importantes los libros de comercio, no podía prescindir el Proyecto de las formalidades y requisitos que, para asegurar su autenticidad exige el Código vigente, cuya doctrina, por esta razón, se reproduce sustancialmente, modificándola en algunos particulares, como, por ejemplo, en el modo de rectificar los errores u omisiones, con objeto de preservar dichos libros de todo vicio o irregularidad, que pueda infundir sospechas acerca de la verdad del contenido de los asientos.
Y atendiendo al fin de la contabilidad mercantil que consiste en resumir todas las operaciones, de tal manera que, constando los detalles de las mismas con la mayor exactitud, se ofrezcan a primera vista los resultados generales, el Proyecto reproduce igualmente la doctrina del Código sobre el modo de llevar el Libro de Inventarios y Balances, el Diario y el Mayor, completándola con algunas reglas encaminadas a facilitar el cumplimiento de los preceptos vigentes, mantener el debido orden en la redacción de los asientos, asegurar la exactitud de su contenido y procurar que exista la más completa conformidad entre los relativos a una misma operación comercial consignados en distintos libros; reglas todas fundadas en las buenas prácticas mercantiles y en el resultado de la experiencia.
Con respecto a la autoridad que debe concederse a los asientos de los libros, el Proyecto, si bien reproduce en su esencia la doctrina del Código, modifica notablemente la consignada en los artículos 42 y 45 del mismo. Para ello se ha fundado en que el primero otorga una fe excesiva a los libros regularmente llevados, cuando se hallan en oposición con otros defectuosos o irregulares, a los cuales se les priva de todo valor en juicio, lo cual es injusto, supuesto que la regularidad externa, que consiste en aparecer los libros sellados y rubricados por la Autoridad judicial, y escritos con limpieza y esmero, no excluye la inexactitud o la falsedad del contenido de los asientos, y en que el segundo impone una pena demasiado dura al comerciante que carece de los libros que el Código prescribe, pues el que no quiera o no pueda presentar los relativos a su contabilidad se encontrará ciertamente en una posición desfavorable frente a su adversario; pero semejante circunstancia no es bastante para atribuir una fe absoluta a los libros de este último. La injusticia del Código vigente es tanto mayor cuanto que no distingue entre el comerciante que procede de buena o de mala fe, entre el que carece de los libros por causas independientes de su voluntad y el que no los presenta por cálculo o porque ha sido negligente en llevarlos o conservarlos, igualándolos a todos como si hubiesen faltado a la ley del mismo modo.
Inconvenientes tan graves desaparecen con las disposiciones que a este efecto contiene el Proyecto. Con arreglo a ellas, el comerciante que no lleve sus libros en la forma debida, o que no los presente por causas imputables a su voluntad, será juzgado en las cuestiones litigiosas que tenga con otro comerciante por los libros de éste, a los cuales se les dará completo crédito si se llevaron debidamente mientras no se justifique lo contrario por cualquiera otra prueba admisible en derecho. Cuando el comerciante no pueda presentar sus libros por motivos independientes de su voluntad, y también cuando presentándolos ambas partes litigantes existieren asientos contradictorios sobre el asunto controvertido, el Tribunal juzgará por las demás probanzas, calificándolas según las reglas generales del Derecho.
Por último, atendida la importancia que tienen los libros de contabilidad mercantil como medios de prueba, se previene, de acuerdo con lo dispuesto respecto de los protocolos de los Notarios y los libros de los Registros de la Propiedad, que las diligencias judiciales que hayan de practicarse en ellos se verifiquen precisamente en el escritorio de los mismos comerciantes; y, además, se impone a éstos y a sus herederos la obligación de conservar los libros durante cinco años, contados desde que cesaron aquéllos en su tráfico, transcurrido cuyo plazo quedarán libres de toda responsabilidad, si en las cuestiones que tuvieren con otro comerciante no los presentaren.
Igual obligación impone el Proyecto a dichas personas respecto de los documentos concernientes a determinados actos o negociaciones, como correspondencia, facturas, letras y otros resguardos, todos los cuales deberán conservar en su poder hasta que, por el transcurso del tiempo señalado para la prescripción, queden totalmente extinguidos cuantos derechos puedan ejercitarse derivados de aquellas negociaciones.
Contratos mercantiles en general

Después de haber expuesto la doctrina sobre la capacidad para ejercer el comercio, Registro Mercantil y libros de contabilidad, el Proyecto incluye en esta parte general del Derecho mercantil a que se halla consagrado el Libro primero, otro título en que se consignan las reglas comunes a todos los contratos especiales del comercio, así terrestre como marítimo. Partiendo del concepto fundamental arriba expresado, según el que el Derecho mercantil es uno de los varios Derechos particulares especiales, que, como todos los demás, reconoce su origen común en un Derecho privado general, el Proyecto declara que los contratos mercantiles se regirán, en todo lo concerniente a los requisitos necesarios para su validez, capacidad de los contrayentes, modificaciones o novaciones, excepciones, interpretación y extinción por lo dispuesto en el Código o en leyes especiales, aplicándose en todo lo que no se halle expresamente estatuido en éstos o en aquél, las reglas del Derecho Civil o común.
Mas, por lo que hace a las cosas o hechos que son la materia de los contratos y constituyen su objeto, así como respecto de las condiciones y formas con que pueden celebrarse, el Proyecto, de acuerdo con la base segunda del Decreto de 20 de septiembre de 1869, reputa válidos y eficaces en juicio y fuera de él, los contratos comerciales, cualquiera que sea la forma en que se celebren, verbal o escrita, entre presentes o ausentes, puramente o bajo condición, sobre cosas existentes o futuras, y cualquiera que sea el idioma, lengua o dialecto en que se haya manifestado la voluntad de los contratantes, la cuantía o valor que haya sido objeto de la negociación y la clase o denominación jurídica que a ésta corresponda; siendo, por lo tanto, libres los comerciantes y los que con ellos contraten para estipular lo que tengan por conveniente y para hacer las combinaciones que les plazcan sobre las cosas o hechos que son objeto lícito del comercio.
Pero esta amplia libertad en la elección de la forma de los contratos que el Proyecto consagra de una manera ilimitada, dentro de los principios eternos del Derecho y de la moral, no envuelve igual libertad en cuanto al modo de probar la existencia de los vínculos jurídicos creados por la mera voluntad de los contratantes. En interés de estos mismos y de la más pronta y rápida ejecución de los pactos convenidos, ordena el Proyecto que la existencia de tales convenciones debe constar por los medios que taxativamente tiene establecidos la legislación mercantil o la común, sin dejar este importante punto de la economía jurídica al libre arbitrio de los particulares.
Por eso, cuando la ley exige ciertas formalidades o solemnidades para la validez de algunos contratos mercantiles, la ausencia de ellos producirá la ineficacia de las obligaciones estipuladas, unas veces respecto de tercero otras veces, respecto de éste y de los mismos otorgantes.
De todos los medios de prueba admitidos por la legislación común, desecha el Proyecto el que consiste en la declaración de testigos cuando la cuantía del objeto del contrato exceda de 1.500 pesetas, inspirándose en el verdadero interés del comercio, al que importa sobremanera cerrar la puerta al sinnúmero de reclamaciones judiciales que podrían intentarse con el único y no difícil apoyo de la prueba de testigos, la cual, en el uso general del comercio, ha sido sustituida en los negocios de alguna importancia por la prueba escrita, que tiene sobre aquélla la inapreciable ventaja de fijar con precisión y de una manera permanente hasta los más pequeños detalles de los contratos mercantiles. Debe, sin embargo, entenderse que esta exclusión recae sobre los contratos, pues hay actos mercantiles que sólo podrán justificarse por medio de la prueba testifical, cualquiera que sea la cuantía del negocio a que dichos actos se refieran.
Otra importantísima novedad introduce el Proyecto en armonía con la verdadera índole de las operaciones mercantiles, al fijar los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones. Según el artículo 261 del Código vigente, estos efectos no comienzan, cualquiera que sea la época del vencimiento, sino desde la interpelación o intimación que hiciere el acreedor al deudor. Mas el Proyecto, partiendo de la presunción fundada en la realidad de la vida mercantil, según la cual los comerciantes no tienen nunca improductivo su capital, reputándoseles siempre con la firme voluntad de cobrar lo que se les debe cuando se ha señalado día fijo para el vencimiento de la obligación, establece otra doctrina distinta y declara, de acuerdo con la práctica general y con la antigua máxima de jurisprudencia mercantil «dies interpellat pro homine», que los efectos de la morosidad empiezan en los contratos que tengan día señalado para su cumplimiento, por voluntad de las partes o por la ley, al día siguiente de su vencimiento, si necesidad de interpelación o requerimiento alguno al deudor, manteniéndose la necesidad de esta formalidad en los contratos que no tengan día señalado.
El Proyecto consigna otras reglas generales y comunes a todas las obligaciones convencionales de índole mercantil, tomadas del Código vigente, habiendo omitido otras, que aparecen en el mismo por considerarlas innecesarias, como el señalamiento de días feriados que está ya declarado en las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Civil, o por corresponder más propiamente al Derecho civil privado, cuya codificación está próxima a terminarse.
Lugares y casas de contratación

El Código vigente no contiene disposición alguna sobre estas importantes instituciones del Derecho mercantil, a pesar de que, en algunos de sus artículos, hace especial mención de las Casas de contratación y de las Bolsas. Por esta razón, al poco tiempo de promulgado, se dictó el Real Decreto de 10 de septiembre de 1831, organizando la Bolsa de Madrid; el cual, después de sufrir varias alteraciones, fue sustituido por el de 8 de febrero de 1854, que mandó observar un proyecto de ley que, aunque limitado a la Bolsa de esta Corte, única reconocida oficialmente, contenía una completa legislación sobre la materia; esta legislación, a su vez, fue modificada por el Decreto-ley de 28 de enero de 1869, que aplicó el principio de libertad a la creación y régimen de las Bolsas, Pósitos, Lonjas y Casas de Contratación mercantil y a las operaciones comerciales de efectos públicos y de particulares, mandando que, en cuanto no fueran contrarias a dicho principio, continuasen vigentes las disposiciones anteriores, hasta que se dictase una Ley especial sobre contratación pública. Y como este Decreto-ley, con otros dictados por el Gobierno Provisional de la Nación en los años 1868 y 1869, fue una de las bases del Código de Comercio, se dio cabida en el Proyecto a las disposiciones que tratan de la organización, y funciones de estos importantes centros de contratación mercantil, a fin de que adquiriesen de este modo el carácter fijo y permanente que distingue a toda obra de codificación.
Bolsas de Comercio

Dos son los sistemas que acerca de la creación y organización de las Bolsas de Comercio han adoptado las legislaciones extranjeras, y los cuales han estado en práctica en nuestra Nación. Consiste el primero en poner estos importantes centros de contratación bajo la inmediata vigilancia e intervención de la Administración pública, llegando, en algunos países, hasta considerar su creación como privilegio exclusivo de ciertas poblaciones. El segundo sistema estriba en desprenderse la Administración del Estado de toda intervención en el régimen y gobierno de las Bolsas de Comercio, excepto de la que le corresponda sobre toda clase de reuniones públicas, otorgando la más amplia libertad para la creación de las mismas. En nuestro país rigió el primer sistema de una manera absoluta hasta la publicación del Decreto-ley de 12 de enero de 1869, y desde esa fecha el segundo, el cual ha funcionado hasta la publicación del Decreto de 10 de julio de 1874, que dispuso dejarlo en suspenso, restableciendo el Real Decreto de 8 de febrero de 1854.
En presencia de estos dos sistemas, el Proyecto ha optado por el segundo; esto es, por el más favorable a la libertad comercial, de acuerdo con el espíritu del expresado Decreto-ley, cuya doctrina fue otra de las bases que impuso el Gobierno a la Comisión nombrada para redactarlo, y aunque, a juicio del Ministro que suscribe, ambos sistemas presentan ventajas e inconvenientes, no vacila en afirmar que, pesados y comparados uno y otros, ofrece menores riesgos y más provechosos resultados el sistema de la libertad de Bolsas que el de la restricción y el monopolio, sobre todo cuando esta libertad no se ha llevado al último límite, a que la ha llevado la modernísima legislación belga, sino que, por el contrario, ha procurado armonizarla con el estado actual de nuestros hábitos mercantiles, que no permiten todavía abandonar a la libre acción individual todas las operaciones que tienen lugar en las Bolsas de Comercio.
Como consecuencia del sistema de libertad en esta materia, desaparece del Proyecto de Código el irritante monopolio concedido a la plaza de Madrid, y se declara que podrán establecerse en cualquier punto o plaza de la Península, por iniciativa del Gobierno o a solicitud de los particulares, si bien éstos deberán constituirse previamente en sociedad mercantil, teniendo, como uno de los fines sociales, el de la creación de la Bolsa. La única atribución que el Gobierno se reserva es la de dar o no carácter oficial a las cotizaciones que se publiquen en las Bolsas privadas, lo cual es perfectamente lógico, pues sólo debe ostentar el sello del Estado lo que expresamente ha sido autorizado por sus representantes.
Con respecto a las cosas y valores que pueden ser materia de los contratos de Bolsa, el Proyecto, inspirándose siempre en la tendencia de favorecer la libertad comercial, después de restablecer, lo estatuido en este punto en el Decreto de 8 de febrero de 1854, permite la negociación de los resguardos de depósito de mercaderías, cartas de porte y conocimientos, así como cualesquiera otras operaciones análogas a las expresadas en el mismo Proyecto, siempre que se hallen debidamente autorizadas.
Y para evitar dudas acerca de los requisitos con que ha de permitirse la cotización de documentos de crédito al portador, emitidos por Sociedades o Compañías nacionales y extranjeras, consigna el Proyecto las reglas que han de observarse respecto de unos y otros valores, las cuales tienen por único objeto que sólo disfruten de las ventajas de la cotización los títulos procedentes de Compañías nacionales o extranjeras constituidas con arreglo a las leyes del Estado a que pertenezcan y emitidos con todos los requisitos prescritos en las mismas o en los Estatutos de Sociedades. Acreditados estos extremos, la Junta Sindical no podrá impedir la negociación de los títulos de Compañías españolas, si previamente se le hubiere dado el oportuno aviso, ni rehusar la autorización que solicitaren las Sociedades extranjeras para cotizar sus títulos. Tampoco podrá oponerse a la cotización de documentos al portador emitidos por particulares, sean o no comerciantes, cuando se hallen asegurados con hipoteca inscrita o queden suficientemente garantidos por otros medios.
Rindiendo igualmente tributo al principio de libertad comercial, el Proyecto permite a los particulares, sean o no comerciantes, la facultad de contratar en Bolsa o fuera de ella, sin intervención de Agente de cambio colegiado, todas las operaciones sobre efectos públicos o valores industriales o mercantiles; pero comprendiendo al mismo tiempo las inapreciables ventajas que ofrece al comercio de buena fe la contratación en Bolsa, priva a la que se haga fuera de este establecimiento de varios efectos jurídicos, que otorga a los contratos verificados en ella con la mediación de Agente colegiado. Por esto, los contratos sobre efectos públicos, verificados fuera de la Bolsa, en los pueblos en donde la hubiere, no tendrán otro valor que el que nazca de su forma y les otorgue la ley común.
Obedeciendo al mismo principio de la libertad comercial, resuelve el Proyecto de Código una cuestión gravísima, relativa a las condiciones con que deben efectuarse los contratos celebrados en las Bolsas de Comercio. Sabidas son las vicisitudes de nuestra legislación sobre la validez o nulidad de las operaciones a plazo, desde que el Real Decreto de 10 de septiembre de 1831 legisló la primera vez sobre ellas. Tampoco desconoce la sabiduría de las Cortes las diferentes y opuestas opiniones que dominan en el campo de la moral, del derecho y de la economía política sobre las operaciones que, bajo el nombre de en firme o a su voluntad, con prima o sin ella, no constituyen en realidad más que obligaciones condicionales de pagar las diferencias que haya en los precios de los efectos públicos en el día convenido para la ejecución del contrato, y que en sustancia se resuelven en un verdadero juego de azar. A pesar de las fluctuaciones de la opinión y de las vacilaciones de los Gobiernos, la verdad es que, con prohibición o sin ella, las operaciones a plazo han continuado practicándose, lo mismo en la Bolsa de Madrid que en las Bolsas extranjeras, siendo impotentes los esfuerzos del legislador y los anatemas de la opinión pública para suprimirlas, quedando reducida la cuestión, en los momentos presentes, al saber si el legislador debe o no prestarles fuerza jurídica, haciendo obligatorios los pactos que celebren los particulares, cualesquiera que sean las condiciones estipuladas.
El Real Decreto orgánico de 8 de febrero de 1854 autorizó las operaciones a plazo, siempre que éste no excediese del último día del mes inmediato y que existiesen en poder del vendedor los títulos que se propusiese vender. Pero hay que confesar que las operaciones a plazo han continuado realizándose, sin cumplir este requisito de la previa existencia de la cosa vendida en poder del vendedor, habiendo aumentado considerablemente la contratación hecha en esta forma, con sus diversas combinaciones, hasta el punto de constituir el principal alimento de las negociaciones bursátiles. Prueba la más evidente y perfecta de la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas por el legislador para impedir esta clase de operaciones al descubierto.
El Proyecto prescinde de las garantías exigidas por el Decreto de 1854, y de acuerdo con el Derecho Romano, que admite como válida la venta de una cosa que, en el momento del contrato, no existe o no pertenece al vendedor, con la obligación en éste de indemnizar al comprador si no pudiera entregarle la cosa vendida y de conformidad con el Decreto-ley de 12 de enero de 1869, declara de una manera terminante que las operaciones hechas en Bolsa se cumplirán con las condiciones y en el modo y forma que hubiesen convenido los contratantes, pudiendo ser al contado o a plazos, en firme o a voluntad, con prima o sin ella, sin otras garantías, pero éstas muy eficaces, que la de una completa publicidad de las condiciones estipuladas y la mediación de Agente colegiado que intervenga para su validez y para responder del pago de la indemnización convenida, o de la cantidad líquida que importen las diferencias, cuando los contratantes no cumpliesen con la entrega de los títulos o del precio estipulado. Y del mismo modo que la Junta Sindical procede por sí a la ejecución de las operaciones hechas al contado, dirigiéndose contra la fianza del Agente mediador, procederá también para el cumplimiento de las operaciones a plazo y condicionales, incluso la de fijar la cantidad líquida que debe abonarse por los contrayentes, cuya fijación se hará tomando por base el término medio de la cotización del día del vencimiento.
Con estas formalidades, que establece el Proyecto de Código, confía el Ministro que suscribe que desaparecerán los peligros que algunos creen ver en las operaciones a plazo y condicionales sobre efectos públicos, las cuales seguirán una marcha más regular en beneficio de los mismos contratantes y de los intereses generales.
Por último, atendidos los importantes efectos que produce la cotización de los valores públicos y particulares con carácter oficial, declara el Proyecto que esta atribución corresponde exclusivamente a la Junta Sindical de los Colegios de Agentes y Corredores.
Ferias, mercados y almacenes o tiendas

Consideradas las ferias y mercados como reuniones públicas en donde los negociantes pueden dar fácil salida a sus mercancías y los consumidores hallar las que no les ofrece el comercio sedentario, es incuestionable que constituyen unos centros de contratación mercantil, y bajo este aspecto, que es el principal y más importante, deben caer bajo la jurisdicción del Derecho comercial con preferencia al administrativo, que es el que hasta ahora se ha ocupado del régimen de estas reuniones públicas.
Consecuente con este principio, el Proyecto dedica algunas disposiciones para determinar los plazos breves en que deben cumplirse los contratos celebrados en la feria, la pena de nulidad impuesta a los negligentes, el procedimiento que debe seguirse para la resolución de las cuestiones que suscite la inteligencia y ejecución de dichos contratos, que será el establecido para los juicios verbales, aunque la cuantía de la cosa litigiosa exceda de la marcada en la ley, siempre que no pase de 1.500 pesetas, y la competencia para el conocimiento de estos juicios, que se atribuye al Juez municipal del pueblo en que se celebre la feria. Estas disposiciones, nuevas completamente en nuestra legislación, son aplicables indistintamente a las ferias y mercados, con el propósito de facilitar la contratación mercantil y asegurar su cumplimiento de un modo sencillo y rápido.
Con este propio objeto, y para completarlo de una manera favorable al comercio, consigna el Proyecto de Código dos importantísimas disposiciones relativas a las ventas verificadas en almacenes o tiendas abiertas al público, que constituyen realmente una gran novedad en nuestra legislación, así mercantil como civil.
Sabido es que los intereses del comercio consisten principalmente en que todo comprador pueda adquirir las mercancías que el vendedor tiene en su poder para la venta, con la plena seguridad de disfrutarlas tranquilamente, sin temor a que, una vez apoderado de la cosa comprada, mediante la tradición, se vea molestado por reclamaciones de un tercero que pretenda tener el dominio o algún derecho real sobre la misma. Y sabido es también que nuestras leyes civiles y mercantiles, en lo que toca a dar seguridad al dominio de las cosas muebles, excepción hecha de los títulos al portador, para nada han tenido en cuenta los intereses del comercio, supuesto que rigen las Leyes de Partida, que mantienen la inseguridad o intranquilidad de todo comprador, si es de buena fe y con justo título, durante tres años de legítima y pacífica posesión, y si carece de tales requisitos o la cosa fuere hurtada o robada, durante treinta años.
A la ilustración de las Cortes no puede ocultarse que el Derecho vigente es, a todas luces, incompatible con la naturaleza de las operaciones mercantiles y que su derogación es de absoluta necesidad, debiendo ser sustituido por otro Derecho más en armonía con las necesidades del comercio.
Inspirándose el Proyecto en estos principios del Derecho moderno y en el espíritu que domina a las legislaciones de casi todas las Naciones cultas, ha consignado la doctrina de que las mercaderías compradas al contado en almacenes o tiendas abiertas al público son irreivindicables, quedando a salvo los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que las vendió. Y como corolario de esta doctrina, declara asimismo irreivindicable la moneda metálica y fiduciaria en que se verifique el pago de las mercaderías compradas al contado en las mismas tiendas o establecimientos públicos.
El Ministro que suscribe abriga la convicción de que la aplicación de esta nueva doctrina no ofrecerá riesgo alguno en la práctica, pues la existencia de un establecimiento mercantil y la publicidad de la venta son garantías suficientes contra los abusos que puedan intentarse, y de que, en último término, son susceptibles todas las instituciones humanas, por muy perfectas que hayan salido de la mano del legislador.
Otra disposición importante, relacionada con la anterior y que tiende al propio objeto de evitar toda cuestión sobre las compraventas hechas en tiendas abiertas al público, consiste en elevar a la categoría de presunción legal lo que suele ser regla general en la vida mercantil; esto es, que en toda venta celebrada en dichos establecimientos se ha pagado el precio en el acto.
Agentes mediadores de comercio

La novedad más importante y trascendental que ofrece el Proyecto sobre esta materia consiste en haber adoptado, con leves modificaciones, los principios que consignó, por primera vez en nuestro país, el Decreto-ley de 30 de noviembre de 1869 sobre el ejercicio de la profesión de Agente mediador de Comercio, aplicándolos a las tres clases reconocidas en la esfera mercantil de Agentes de Cambio y Bolsa, Corredores de mercancías o de comercio y Corredores intérpretes de buques; cuyas tres clases se someten a unas mismas prescripciones generales, una vez que la índole de sus funciones es idéntica en el fondo, sin perjuicio de las especiales que requiere la naturaleza de los objetos sobre que, respectivamente, giran sus operaciones.
De acuerdo, por lo tanto, con el sistema introducido por el citado Decreto-ley, que fue otra de las bases impuestas por el Gobierno a la Comisión redactora del Proyecto, se hace en éste la conveniente distinción entre la profesión o industria de Agente mediador, que consiste, ante todo, en poner en relación a los compradores y vendedores, facilitando la contratación mercantil y el oficio público creado para dar autenticidad a los contratos celebrados entre comerciantes o sobre operaciones de comercio, y para influir en la cotización de los valores y mercancías. La primera constituye realmente una parte del mismo comercio, hasta el punto de que el Corredor, según el Código vigente, queda sometido al procedimiento de quiebra, como cualquiera otro comerciante; y siendo, bajo este concepto, una mera manifestación de la industria humana, no puede el legislador autorizar ninguna restricción o monopolio sin infringir el principio de la libertad del trabajo, que es ciertamente una de las grandes conquistas de los tiempos modernos. Lo segundo constituye una verdadera función del Estado, como lo es el ejercicio de la fe pública, cuya conservación conviene mantener en beneficio de los intereses comerciales, que, mediante estos funcionarios, peritos en la industria mercantil, encuentran fácilmente los medios de dar validez y autenticidad a las diversas operaciones mercantiles.
Hecha esta distinción fundamental, se resuelven sencillamente las graves cuestiones que vienen agitándose entre los partidarios de la libertad absoluta en el ejercicio de la profesión de Agentes y Corredores, y los mantenedores de la doctrina del monopolio. Considerados los Agentes como simples mediadores entre el que compra y el que vende, no cabe imponer limitación alguna; así es que el Proyecto declara aptos para ejercer este género de industria a todos los que tienen capacidad para ejercer el comercio, sean españoles o extranjeros, cualquiera que sea su número, la naturaleza de las operaciones a que se dediquen y la importancia de la localidad en que pretendan ejercer sus funciones, sin condiciones, fianzas ni garantías. Pero el mismo Proyecto declara, para evitar todo error, que los modos de probar la existencia o las circunstancias de los actos o contratos en que intervenga, serán los establecidos por el Derecho mercantil o común para probar los contratos y obligaciones en general.
Como consecuencia de esta doctrina, desaparecen del Proyecto los preceptos del Código vigente que prohíben a los comerciantes arreglar por sí los negocios propios o ayudar a sus compañeros por amistad o afecto; que imponen ciertas multas, según la importancia de lo contratado, a los que aceptan la intervención de Agentes no colegidos, extensivas, con agravación, a éstos, y que autorizan a los Síndicos para expulsar de la Bolsa a los que carecieran de título oficial.
Considerados los Agentes como funcionarios que tienen la fe pública, el Proyecto los somete a una serie de ordenamientos encaminados a inspirar confianza, tanto por su pericia y moralidad como por su arraigo, prescribiéndoles los deberes que deben cumplir y la responsabilidad a que por su infracción quedan sujetos. En cambio de tantas limitaciones y trabas, el Proyecto de Código les reconoce el carácter de Notarios para todo lo relativo a la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercantiles, mercaderías y demás actos de comercio comprendidos en su oficio, dentro de la plaza respectiva.
Aunque la mayor parte de las disposiciones sobre los Agentes oficiales o colegiados están tomadas de la legislación vigente, el Proyecto propone algunas importantes modificaciones y adiciones, entre las cuales merecen fijar la atención de las Cortes, la que impone a todo Agente mediador, cualquiera que sea su denominación, el deber de llevar el libro Diario, con arreglo a lo prescrito para el de los comerciantes, sin perjuicio de los demás libros auxiliares que considere necesarios, según las operaciones a que se dedique, los cuales llevará también con las mismas solemnidades exigidas para los libros de comercio en general; la que atribuye al Gobierno el señalamiento de la fianza que deben prestar los diferentes Agentes mediadores, según la importancia de las plazas mercantiles y oficios respectivos; la que les prohíbe intervenir en contratos celebrados por personas que carezcan de la libre administración de sus bienes o de la debida autorización, con arreglo a las leyes; la que les autoriza para adquirir los efectos de cuya negociación estuvieren encargados, cuando tengan que responder de faltas del comprador al vendedor; la que otorga recurso contencioso-administrativo al Agente que fuere destituido por contravenir a las leyes o faltar a las obligaciones de su cargo; la que hace responsables a los Agentes de Cambio y Bolsa de la entrega al comprador de los valores negociados al contado o a plazos, y al vendedor del pago del precio o de la indemnización convenida, y, por último, la que les impone igual responsabilidad por los valores industriales y mercantiles que vendieren después de publicada la denuncia de su extravío o sustracción.
Estas y otras reformas menos importantes que el Proyecto ha llevado a cabo en la legislación vigente sobre las diversas clases de Agentes mediadores de comercio, son consecuencia lógica de los principios sentados o producto de la experiencia y práctica de los negocios; y como en su mismo enunciado llevan la demostración de su conveniencia y necesidad, el Ministro que suscribe considera ocioso entrar en más detalladas y prolijas demostraciones.
LIBRO II.

Sociedades mercantiles.

De todas las instituciones que comprende el Derecho propiamente comercial, ninguna ha adquirido un desarrollo tan rápido, variado y poderoso como la que nace del contrato de Sociedad. Aunque los hombres han solido asociarse desde los tiempos más remotos para fines aislados y transitorios, ejerciendo un derecho natural, que los legisladores de todos los pueblos han respetado, el contrato de Sociedad celebrado o formado exclusivamente con un objeto económico o creando una personalidad jurídica distinta de los asociados, surge por primera vez en la Edad Media del seno de aquellas ricas y florecientes ciudades libres que extendieron el comercio y la civilización por todo el Mundo, generalizándose y extendiéndose a medida que esta última ha ido avanzando.
El impulso que recibió el contrato de Sociedad no ha cesado un instante desde aquellos remotos tiempos. A la Sociedad colectiva, primera forma de la compañía propiamente comercial, siguió la en comandita; luego la asociación con participación, y más tarde la anónima, que ofrece tantos recursos al comercio y a la industria, y merced a la cual han podido acometerse en nuestro siglo las más atrevidas y colosales obras, que serán el asombro de las futuras generaciones. Mas tampoco se ha detenido en este punto la fuerza vital que encierra en su seno el principio de la asociación mercantil; lejos de eso, ha producido nuevas variedades del mismo contrato, debidas unas veces a combinaciones de las tres antiguas formas; otras, a la modificación de la anónima, y otras, finalmente, a las nuevas doctrinas de la ciencia económica sobre el más acertado empleo de la actividad productora del hombre.
Y todo este progreso, que incesantemente se ha realizado con una fuerza y rapidez semejante a la que produce el vapor y la electricidad, ha obligado al legislador a determinadas reformas para que las nuevas instituciones estuvieran amparadas por el Derecho. De aquí las numerosas disposiciones legales dictadas, después de publicado el Código de Comercio vigente, con el objeto de amparar y proteger las nuevas instituciones mercantiles que el espíritu de especulación y el afán de lucro ha creado y multiplicado. La Ley de 28 de enero de 1848, reformando el Código de Comercio sobre la constitución de las Sociedades Anónimas; las leyes posteriores sobre Compañías concesionarias de ferrocarriles y obras públicas, Sociedades de crédito, Almacenes generales de depósito, Bancos de emisión y descuento y crédito territorial, suplieron, es verdad, la insuficiencia del Código; pero dejaron siempre incompleto nuestro Derecho, que no tenía principios fijos que aplicar a las nuevas formas sociales que la actividad mercantil, los progresos de la riqueza y la cultura de las clases trabajadoras pudieran crear en lo sucesivo.
Obedeciendo a este propósito se publicó una Ley general de Sociedades en 19 de octubre de 1869, inspirada en el respeto más absoluto al principio de libertad de asociación, sin trabas ni fiscalizaciones de ninguna especie, estableciendo como única garantía para los derechos de tercero, la publicidad; cuya ley constituye el Derecho común en esta importante materia. Dentro de sus anchos moldes y de su expansivo espíritu caben cuantas combinaciones pueda concebir la actividad humana acerca del Derecho de asociación, siempre que sean lícitas y honestas y no se opongan al Derecho natural y a la moral.
En iguales principios se ha inspirado el Proyecto de Código al ordenar todo lo relativo a las diversas maneras y formas de constituirse las Sociedades mercantiles, cuyos principios pueden resumirse en estos tres: libertad amplia en los asociados para constituirse como tengan por conveniente; ausencia completa de la intervención gubernativa en la vida interior de estas personas jurídicas; publicidad de los actos sociales que puedan interesar a tercero.
Como consecuencia de los dos primeros principios se declara válido todo contrato de Compañía mercantil, cualesquiera que sean la forma, condiciones y combinaciones que se estipulen, siempre que sean lícitas y honestas o no estén expresamente prohibidas por el Derecho. Se declara, asimismo, libre la constitución y creación de toda clase de asociaciones mercantiles, las cuales, una vez constituidas legalmente, tendrán el carácter de verdaderas personas jurídicas, y, como tales, podrán realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento de sus fines sociales y quedarán obligadas en su virtud a los resultados de esos mismos actos; se prescinde de la necesidad de la previa autorización del Gobierno, el cual sólo podrá intervenir en las que tengan por objeto alguna obra o servicio público cuyo cumplimiento corresponda exigir y vigilar al Estado, a la Provincia o al Municipio, y se omiten todas las trabas y limitaciones que las diversas leyes anteriores establecían para la constitución de las Sociedades mercantiles.
En consecuencia del tercer principio, o sea el de la garantía en favor de tercero, se declara que si bien todo contrato de Sociedad es obligatorio para los asociados de cualquier modo que conste su celebración, no lo es igualmente para los extraños, mientras no se formalice por escritura pública inscrita en el Registro Mercantil, en el cual deberán anotarse, además, los contratos que introduzcan reformas en el primitivo de Sociedad, las emisiones de acciones y obligaciones al portador y la disolución de las Compañías.
Aparte de esta publicidad, existe otra más eficaz impuesta a todas las Sociedades industriales y mercantiles en general por la Ley de 19 de octubre de 1869, que consiste en la inserción en la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la provincia respectiva de la escritura social, con sus estatutos y reglamentos, así como del acta de constitución de la Compañía, y siendo ésta mercantil, del balance general de sus operaciones que debe formar anualmente.
Esta publicidad es una garantía más verdadera y efectiva que la previa autorización del Gobierno y la inspección ejercida por sus delegados (abolida en las principales naciones mercantiles), como lo demuestra la experiencia de nuestro mismo país, que no ha presenciado, bajo el sistema de libertad que inauguró la Ley de 1869, las repetidas quiebras de Sociedades constituidas bajo la tutela de la Administración y vigiladas por ella.
Aunque el Proyecto no impone apremio ni coacción alguna a los asociados para que den publicidad, por medio del Registro, a la constitución de la Sociedad, declara responsables a los encargados de la gestión social de los perjuicios que la omisión de este requisito pueda irrogar a terceras personas, las cuales en ningún caso vendrán obligadas por los pactos y cláusulas del contrato social, cuyo contenido ignoran. Mas por esta misma razón no podrán prevalerse de aquella falta de publicidad los socios, pues siendo conocedores de los términos y condiciones del acto constitutivo de la Sociedad, producirán entre ellos todos sus efectos, desde el momento de su celebración; doctrina que proclama el Proyecto, derogando la del Código vigente, que dispone lo contrario.
Establecidos estos principios generales en armonía con la Ley de 1869 y con las bases acordadas por el Gobierno para la formación del nuevo Código de Comercio, comprende el Proyecto adjunto todas las Sociedades que, bien por su naturaleza, bien por la índole de las operaciones, se consideran como mercantiles; no habiendo atribuido este carácter a las asociaciones mutuas, porque falta en ellas el espíritu de especulación, que es incompatible con la naturaleza de estas Sociedades, ni a las Cooperativas, porque obedecen, ante todo, a la tendencia manifestada en las poblaciones fabriles de nuestro país, y principalmente en las de Alemania, Inglaterra y Francia, de asociarse los obreros con el único objeto de mejorar la condición de cada uno, facilitándoles los medios de trabajar, de dar salida a sus productos o de obtener con baratura los artículos necesarios para su subsistencia. Y como no es el afán de lucro el que impulsa lo que se ha dado en llamar movimiento cooperativo, no pueden tampoco reputarse como mercantiles estas Sociedades, mientras no resulte claramente de sus estatutos o del ejercicio habitual de algunos actos de comercio que merecen aquella denominación.
Por eso no se ha ocupado el Proyecto del ordenamiento de estas manifestaciones de la asociación, considerando que en todo caso quedarán amparadas por la legislación general sobre Sociedades, la cual no puede ser más amplia, pues dentro de ella caben y son posibles cuantas formas exija el progreso comercial de los tiempos modernos.
En cambio del silencio que guarda el Proyecto de Código sobre la organización y funciones de las asociaciones mutuas y cooperativas, se ocupa con detenimiento de las que por su naturaleza o por la índole de sus operaciones son mercantiles, reproduciendo en su mayor parte la legislación vigente sobre la Sociedad colectiva, en comandita y anónima, con algunas modificaciones de bastante importancia.
De ellas, unas se dirigen a aumentar el prestigio y solidez de las mismas Compañías; a este número pertenecen la necesidad impuesta a los socios fundadores de consignar en la escritura social ciertas cláusulas relativas a la vida interior de cada una de estas grandes individualidades, la inscripción en el Registro Mercantil de toda emisión de acciones nominativas o al portador, y la prohibición de emitir nuevas series de estos títulos mientras no se haya hecho el desembolso de los emitidos anteriormente, siendo nulo cualquier pacto o acuerdo en contrario consignado en los estatutos o reglamentos o adoptado por la Junta general de socios; otras reformas están inspiradas en el propósito de ampliar su esfera de actividad, tales como la facultad concedida a las Compañías en comandita y anónimas para representar su capital por acciones nominativas o al portador, cualquiera que sea la índole y extensión de sus operaciones; el derecho reconocido a las Sociedades anónimas en general de comprar sus propias acciones o dar cantidades a préstamo sobre ellas, y la facultad de aumentar o reducir el capital social, y, finalmente, otras innovaciones tienden a garantir los derechos de tercero, entre las cuales figuran la prohibición impuesta a los socios de una Compañía anónima de adoptar una denominación o nombre igual al que anteriormente a su definitiva y completa constitución hubiera adoptado otra Sociedad que se hallare ya funcionando, la obligación impuesta también a las Sociedades anónimas de publicar periódicamente, una vez al mes, por lo menos, en la «Gaceta de Madrid» el balance detallado de sus operaciones, expresando el tipo a que calculen las existencias en valores y en toda clase de efectos cotizables, y ciertas exigencias que deben cumplir las mismas Sociedades al comprar sus propias acciones o prestar sobre ellas, así como para aumentar o reducir el capital social, a fin de que no sean inducidos a error los terceros que traten de interesarse en los negocios de la Sociedad como adquirentes de acciones o como simples acreedores, ni sean éstos defraudados en sus legítimos derechos.
En estos mismos altos propósitos se ha inspirado el Proyecto al consignar algunas disposiciones sobre Sociedades especiales anónimas, como las de Crédito, Bancos de emisión y descuento, Compañías de ferrocarriles y Obras públicas, Sociedades de almacenes generales de depósito, Compañías de crédito territorial y Bancos agrícolas; pero sin abandonar, en ningún caso, los principios fundamentales de libertad de industria, de comercio y de asociación.
Así, por ejemplo, respecto de las Sociedades de crédito suprime el Proyecto una serie de trabas impuestas por la legislación vigente, dejando subsistentes las que sirven de garantía a tercero, tales como la de emitir obligaciones al portador en una suma mayor a la que hayan empleado y exista representada por valores en cartera, la necesidad de que estos valores sean pagaderos a un plazo fijo, que no baje en ningún caso de treinta días, y la obligación de que se inscriba previamente en el Registro Mercantil toda emisión de obligaciones.
Respecto de los Bancos de emisión y descuento, adopta el Proyecto de Código el régimen de la libertad absoluta y de la concurrencia ilimitada, cuyo planteamiento, sin embargo, no se propone inmediatamente, pues lo aplaza para cuando haya cesado el privilegio de que actualmente disfruta, por leyes especiales, el Banco de España para emitir billetes al portador. De esta manera se prepara también la transición del sistema que hasta ahora ha dominado a otro muy opuesto, ilustrando entretanto la opinión pública acerca de la verdadera naturaleza de estas instituciones de crédito, que tanto han contribuido en otros países al desarrollo de nuevas empresas industriales y mercantiles. El Ministro que suscribe no desconoce los peligros y riesgos que ofrece la pluralidad de Bancos de emisión, como los tiene toda institución humana por perfecta que sea; pero abriga la convicción de que podrán fácilmente conjurarse exigiéndoles sólidas y eficaces garantías que aseguren por lo menos los derechos de tercero. Para dejarlos a salvo en todo tiempo, se prohíbe que los Bancos puedan hacer operaciones por más de noventa días ni descontar letras, pagarés u otros valores sin la garantía de tres firmas de responsabilidad; se dispone que conserven como fondo de reserva la cuarta parte, cuanto menos, del importe de los depósitos, cuentas corrientes a metálico y billetes en circulación, sin que la suma de estas tres partidas pueda exceder en ningún caso del importe de la reserva metálica y de los valores en cartera realizables en el plazo máximo de noventa días, y se declara que la admisión de los billetes nunca será forzosa, viniendo el Banco obligado a pagar el importe del billete en el acto de su presentación y procediendo la vía ejecutiva en caso de faltar al cumplimiento de esta obligación.
En cuanto a las Compañías que tienen por objeto la construcción o explotación de alguna obra pública, el Proyecto de Código ha sido más severo, imponiendo algunas condiciones o restricciones a su constitución y régimen interior, justificadas por la necesidad de poner a cubierto los intereses del Estado, que correrían gran riesgo si se confiasen ciegamente a Compañías que, formadas con un capital considerable aparente o nominal, se constituyeran más tarde realmente con fondos imaginarios o notablemente reducidos y concluyesen al poco tiempo con la quiebra, comprometiendo gravemente la fortuna de la Nación.
Estos riesgos desaparecen en gran parte exigiendo, ante todo, que las Sociedades concesionarias de obras públicas cuenten desde el principio con un capital proporcionado a la importancia de la obra pública que se propongan realizar, y que este capital sea real y verdadero, no meramente convencional o ilusorio. Conforme con este criterio, el Proyecto ordena, para conseguir lo primero, que el capital social, reunido a la subvención en su caso, represente por lo menos la mitad del presupuesto total de la obra, y para alcanzar lo segundo, que haya de preceder a la definitiva constitución de estas Sociedades la justificación del compromiso solemne, contraído por personas determinadas, de aportar o cubrir todo el capital social en las épocas convenidas, y de haberse entregado o realizado la tercera parte del mismo.
Constituidas con tales restricciones las Compañías concesionarias, no sólo quedan más asegurados los derechos e intereses del Estado, de la Provincia o del Municipio, que fían a estas Empresas la ejecución de alguna obra importante, sino que adquieren ellas mismas la solidez y respetabilidad indispensables para que, sin graves inconvenientes, puedan hacer uso discreto y prudente de la libertad que les concede el Proyecto, conforme con el espíritu de la vigente legislación, para emitir obligaciones nominativas o al portador, de cualquiera clase que sean, simples o hipotecarias, con amortización o sin ella, sin tasa ni limitación alguna en cuanto al número y cuantía de las mismas.
Mas no basta que las Compañías obtengan esta libertad para que los capitales afluyan a sus cajas. Necesitan, además, inspirar confianza a los que puedan interesarse en la adquisición de los títulos al portador emitidos por las mismas, ajenos a toda mira de especulación o de lucro, y que aspirando solamente a un módico interés, buscan ante todo la seguridad del capital prestado. A este efecto, el Proyecto de Código consigna varias disposiciones, de las cuales, unas establecen medios adecuados y eficaces para conocer la verdadera situación de las Sociedades que emiten estos valores, y otras crean verdaderas garantías en favor de los tenedores de dichos valores, cualquiera que sean las vicisitudes interiores que experimenten las Compañías deudoras.
Entre las primeras se halla la que hace obligatoria la anotación en el Registro Mercantil de la provincia de toda emisión de obligaciones nominativas o al portador, y además en el de la Propiedad correspondiente cuando tuvieren el carácter de hipotecarias, y la que concede prioridad para el pago del cupón y amortización a las obligaciones procedentes de las emisiones primeramente anotadas o inscritas sobre las segundas.
De más importancia son las que tienen por objeto asegurar la integridad y efectividad de los derechos de los acreedores, tanto en el caso de morosidad o negligencia de parte de la Sociedad, como en el de transferencia, fusión o caducidad de la concesión, acerca de cuyos puntos ofrece ancho campo a dudas, cuestiones y litigios la oscuridad y deficiencia de la vigente legislación. El Proyecto ha procurado evitar toda incertidumbre en esta materia, fijando de un modo claro, explícito y terminante la verdadera condición de los acreedores en cada una de aquellas situaciones, de acuerdo con los principios de justicia y de equidad, y teniendo presente al propio tiempo los derechos del Estado, de la Provincia y del Municipio en la ejecución y explotación de toda obra pública. En su consecuencia, cuando la Compañía dilata sin motivo legal el pago de los cupones vencidos o de la amortización de una obligación, el Proyecto concede al tenedor de estos valores acción ejecutiva, la cual deberá hacerse efectiva sobre los rendimientos líquidos que obtenga la Sociedad y sobre los demás bienes de la misma que no formen parte de la obra ni sean necesarios para la explotación. Cuando intentare transmitir o ceder la construcción o explotación de una obra pública a otra Compañía análoga o fusionarse con ella, deberá mantener separadas las hipotecas constituidas a favor de los acreedores de cada una de las respectivas Compañías, sin confundirlas, conservándose en toda su integridad los derechos adquiridos por aquéllos, pues de lo contrario ambas Compañías tendrán que obtener previamente el consentimiento de todos los acreedores para que la transferencia o fusión sean válidas; y finalmente, cuando sobreviniere la caducidad de la concesión por alguna de las causas señaladas en la legislación administrativa, como son no dar principio a la ejecución de las obras, no terminarlas en los plazos fijados de antemano, quedar interrumpida la explotación por culpa de la Compañía, disolverse ésta y ser declarada en quiebra, el Proyecto otorga a los obligacionistas y a todos los acreedores en general, como garantías especiales, cualesquiera que sean los resultados de la caducidad, para hacer efectivos sus créditos: en primer lugar, los rendimientos líquidos de la Empresa; si no fueren bastantes, el precio de las obras construidas, vendidas en pública subasta, por el tiempo que reste de la concesión, y si tampoco fuere suficiente para dejar satisfechos a todos los acreedores, se hará pago a éstos con los demás bienes que la Compañía posea, no formando parte de la obra o no siendo necesarios a su explotación.
Por lo demás, el Proyecto de Código declara, de acuerdo con los principios de Derecho y con la doctrina en que se han inspirado las leyes administrativas sobre concesiones de ferrocarriles y obras públicas, que si la concesión fuere temporal, las obligaciones emitidas por la Compañía deberán quedar necesariamente amortizadas dentro del plazo de la misma concesión, o de lo contrario quedará extinguido el derecho de los poseedores de las mismas, porque el Estado ha de recibir la obra, al terminar la concesión, libre de toda carga o gravamen.
Por lo que toca a las Compañías de almacenes generales de depósito, el Proyecto no introduce novedad alguna, limitándose a reproducir la Ley de 9 de julio de 1862, que dictó por primera vez las reglas sobre esta clase de Sociedades mercantiles, y cuya doctrina descansa en los principios de libertad comercial y de protección a los derechos de tercero.
No sucede lo propio respecto de aquellas Compañías que tienen por objeto facilitar capitales a los propietarios territoriales y a los agricultores, pues siendo incompleta la legislación vigente sobre las primeras, y no existiendo ninguna sobre las segundas, el Proyecto debía llenar este vacío, de acuerdo con las bases acordadas por el Gobierno para la revisión del actual Código, dictando las reglas necesarias para garantizar los derechos de los acreedores y evitar en lo posible los perjuicios que podrían sufrir si no se establecieran ciertas restricciones en la manera de funcionar los Bancos de crédito territorial y agrícola.
Por lo que mira a los primeros, se establecen limitaciones para dejar asegurados en todo tiempo los derechos de los acreedores, tanto por cédulas y obligaciones hipotecarias al portador, como por depósitos. En esta consideración se funda el Proyecto para disponer que el importe de las cédulas no exceda de la suma total de los préstamos sobre inmuebles, cuyos préstamos serán reembolsables, por punto general, en un período mayor de diez años; que la cantidad prestada sobre cada finca no exceda de la mitad del valor de la misma; que si éste desmereciera en un 40 por 100, podrá la Compañía exigir del mutuatario el aumento de la hipoteca o la rescisión del contrato, a elección del mismo; que la renta líquida anual del inmueble hipotecado no sea inferior al importe del cupón y amortización de las cédulas emitidas sobre cada uno; que si los Bancos reciben capitales en depósito, con interés o sin él, sólo podrán emplear la mitad de los mismos en hacer anticipos por un plazo que no exceda de noventa días, y con garantía de los valores que acostumbran recibir los Bancos de emisión y descuento.
Igualmente contiene el Proyecto otras reglas especiales acerca de los préstamos que hagan las Sociedades de crédito territorial al Estado, a la Provincia y a los Municipios, fundadas en la índole particular de estas personas jurídicas y en la naturaleza de los inmuebles que suelen ofrecer en garantía, sobre los cuales podrán dichas Sociedades emitir obligaciones hipotecarias, pero cuidando de expresarlo así en los títulos, para que no sean inducidos a error los terceros que adquieren estos valores.
Y para atraer los capitales a esta clase de operaciones en beneficio de la propiedad territorial, el Proyecto concede a los tenedores de cédulas y obligaciones hipotecarias una garantía singular y privilegiada, además de la general que les corresponde sobre el capital de la Compañía, para ser pagados con preferencia a los restantes acreedores de la misma que lo sean por otros conceptos. Consiste esa garantía singularísima en que los tenedores de dichos valores podrán hacer efectivo el importe de las cédulas y obligaciones, el de sus intereses o cupones y el de la primas, en su caso, sobre los créditos y préstamos que motivaron la emisión de los respectivos títulos hipotecarios y en cuya representación fueron creados; de suerte que el tenedor de cada grupo de cédulas y obligaciones será satisfecho con el importe de los créditos o préstamos a favor del Banco que respectivamente representen, con exclusión de los tenedores de otras cédulas y obligaciones, aun cuando fueren de fecha más antigua.
Y por lo que toca a los Bancos o Sociedades que se forman para proporcionar capitales a los labradores, fomentando el desarrollo de la industria agrícola y de otras relacionadas con ella, punto de la mayor importancia para la riqueza nacional, y que hasta el presente ha pasado desapercibido para el legislador, el Proyecto de Código contiene notables disposiciones, las cuales tienen por objeto: facilitar los préstamos a los agricultores, poniendo a su alcance los medios de obtener capitales por la combinación del crédito personal y real; asegurar con garantías verdaderas y sólidas la devolución de la suma prestada, ya fijando un plazo breve para los préstamos, ya derogando respecto de los mismos los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que declaran inejecutables las máquinas, enseres o instrumentos con que ejerce su profesión el deudor, y obtener, en fin, con rapidez el reembolso en la época precisa de su vencimiento. A beneficio de estas disposiciones, los Bancos agrícolas podrán extender sus operaciones en los pueblos rurales y entre los habitantes del campo como tengan por conveniente y según las circunstancias de cada comarca, pues unas veces invertirán sus capitales en préstamos sobre prendas especiales, como frutos, cosechas o ganados; otras, en trabajos para el desarrollo de la agricultura, y otras, suscribiendo pagarés y demás documentos exigibles que firmen los labradores, y de cuyo reembolso se constituirán solidariamente responsables los mismos Bancos, con la única limitación, adoptada en interés de los terceros que contraten con la Sociedad, de que ésta deberá destinar la mitad del capital social a los préstamos con prenda, quedando la otra mitad disponible para utilizarla en las operaciones que constituyen el principal objeto de estas Sociedades.
Resta, finalmente, para terminar la reseña y explicación de las principales reformas introducidas en la importantísima materia de Compañías mercantiles, hacer mérito de las disposiciones que contiene el Proyecto sobre extinción y liquidación de las mismas, completando la doctrina vigente, que en esta parte se reproduce con ligeras modificaciones.
Sabido es que, según el Código, la liquidación de las Sociedades mercantiles ha de verificarse ante todo con sujeción a las reglas establecidas en la escritura de fundación o en sus adicionales, y que no habiéndolas, deberán observarse las disposiciones contenidas en aquél, las cuales son bastante incompletas y no ofrecen medios breves y sencillos para resolver las muchas dudas que pueden surgir en la marcha de los negocios, encomendada, al parecer, al exclusivo arbitrio de los liquidadores. Para evitar estos inconvenientes y los que resultan de prolongarse indefinidamente el estado de liquidación de toda clase de Sociedades, y especialmente de las anónimas, sin que los socios tengan medios eficaces y rápidos de conocer la situación verdadera de la Compañía, el Proyecto declara, por lo que toca a las Sociedades colectivas y en comandita, que la junta general de socios se halla autorizada para resolver lo que estime conveniente sobre la forma y trámites de la liquidación y sobre la administración del caudal, y por lo que concierne a las Sociedades anónimas, que continuarán observándose sus estatutos durante el período de liquidación en todo cuanto se refiere a la convocación y reunión de las juntas generales, ordinarias o extraordinarias, para dar cuenta de los progresos de la liquidación y para acordar en las mismas lo que convenga a los intereses comunes de los socios.
Tal es el conjunto que ofrece la nueva legislación de Sociedades mercantiles consignada en el Proyecto, la cual, si llega a obtener la sanción de los Poderes legislativos, será, de todas las conocidas, la que con más amplitud consagra los principios de libertad de asociación y de comercio, armonizándolos con la protección más eficaz para los derechos de tercero.
Contratos de comisión mercantil

Bajo este epígrafe aparecen agrupadas en el Proyecto las disposiciones del Código vigente que tratan de los comisionistas y de los factores, lo cual es algo más que una alteración en el método, pues revela el distinto concepto que de ambas materias tienen formado el Código vigente y el Proyecto que ahora se somete a la deliberación de las Cortes, y que es consecuencia forzosa de la diversa manera de considerar el Derecho mercantil. De aquí procede que atribuyendo el Código a este Derecho el carácter de personal o propio de una clase de ciudadanos, sólo atiende a fijar los derechos y obligaciones de las personas que intervienen en el comercio, ya como principales, ya como auxiliares, sin elevarse a la naturaleza jurídica de los actos y contratos que las mismas celebran, que es precisamente de lo que se preocupa en primer término el Proyecto, el cual, partiendo desde un punto completamente opuesto, entiende que este Derecho tiene por objeto primordial regir y ordenar los actos y operaciones comerciales, fijando y determinando ante todo su respectiva naturaleza jurídica.
Obedeciendo a estos principios, desaparece la calificación de oficios auxiliares, bajo la cual comprende el Código vigente, entre otros, a los comisionistas, factores y dependientes de comercio, de cuyas funciones se ocupa el Proyecto como si constituyeran una forma especial del contrato de mandato, que es el elemento jurídico que predomina en los mismos.
Comisionistas.-Al tratar de los comisionistas, no podía olvidar el Proyecto el gran incremento que ha tomado en nuestros tiempos el comercio en comisión, que a su vez ha influido notablemente en la manera de ejercerlo y en los objetos sobre que recae. Así es que mientras en la época en que se promulgó el Código sólo se ejercía por las personas dedicadas habitualmente a esta profesión y sobre mercancías, en la actualidad desempeñan funciones de comisionista todos los comerciantes sin distinción, incluso las grandes Sociedades mercantiles, extendiendo sus operaciones a la colocación de importantes empréstitos del Estado, de la Provincia o del Municipio, negociación de acciones industriales o mercantiles y adquisición de estos mismos valores por cuenta particular.
Por eso el Proyecto ha creído necesario dar una definición de la comisión mercantil que comprenda las diversas combinaciones y formas a que las necesidades del comercio pueden dar lugar. Según esta definición, todo mandato que tenga por objeto un acto u operación de comercio siendo comerciantes o agentes mediadores de comercio el comitente o el comisionista, se reputará comisión mercantil.
Aunque este contrato exige, por su propia índole, que el comerciante obre en nombre propio y por cuenta del comitente, lo cual constituye una de las diferencias que lo separan del contrato de mandato según el Derecho común, el Proyecto autoriza al comisionista para que obre en nombre del comitente, sancionando lo que la práctica tiene establecido, y con el objeto, además, de fomentar uno de los ramos más importantes de la profesión mercantil. Mas como este último modo de ejercer la comisión no es el común y ordinario, deberá el comisionista manifestar el concepto con que obra al celebrar cualquiera operación, y cuando contratare por escrito, expresará esta circunstancia en el mismo documento o en la antefirma, declarando el nombre, apellido y domicilio del comitente, a fin de que resulten directa y exclusivamente obligadas con éste la persona o personas que contrataren con el comisionista.
En cuanto a las formas de celebrarse y de probarse el contrato de comisión, el Proyecto no exige ninguna especial, suprimiendo la disposición del Código vigente que requiere la ratificación por escrito del celebrado verbalmente antes de la conclusión del negocio. En todo caso, esta prueba será necesaria cuando el comisionista obrare en nombre del comitente, que es el que puede sufrir algún perjuicio, si resultare obligado con un tercero a consecuencia del acto ejecutado por el comisionista. Por eso el Proyecto impone a éste la carga de probar la comisión, si el comitente negare que se la hubiere conferido, quedando entretanto obligado con las personas con quienes contrató.
Con el mismo fin de favorecer y estimular el comercio en comisión y de dar seguridad y firmeza a las operaciones mercantiles, consigna el Proyecto el principio general de que todo contrato celebrado por el comisionista, en nombre propio o en el de su comitente, producirá todos los efectos legales, no sólo entre los otorgantes, sino entre éstos y el comitente, así en lo favorable como en lo perjudicial, salvo el derecho de repetir contra el comisionista por las faltas u omisiones cometidas al cumplir la comisión. De modo que tanto en el caso de vender una mercancía a inferior precio del señalado, como en el de comprarla por uno mayor o en el de ser de calidad distinta, los contratos quedarán completamente perfectos e irrevocables, sin que el comitente pueda solicitar la rescisión o nulidad de los mismos, según dispone el Código actual, que en este particular queda derogado.
Además de estas reformas, que revisten cierta importancia, el Proyecto introduce otras que completan y aclaran algunos puntos dudosos o controvertidos. Tal es, por ejemplo, la que, partiendo del distinto carácter que ostenta el comisionista que para cumplir su encargo ha de contratar el transporte de las mercancías de su comitente, y el verdadero comisionista de transporte, equipara al primero con el cargador en las conducciones terrestres o marítimas, cuyos derechos y obligaciones deberá cumplir.
Por último, se han eliminado de este título varias disposiciones que contiene su correlativo en el Código vigente, unas como redundantes, por hallarse comprendidas en los efectos naturales del contrato de comisión; otras como contradictorias, por encontrarse en oposición con la doctrina establecida, y algunas como inoportunas, por corresponder, con más propiedad, a otros títulos del mismo Proyecto, en donde se han incluido.
Factores, dependientes y mancebos.-Al tratar de los derechos y obligaciones que nacen de los contratos celebrados entre estas personas y los comerciantes, el Proyecto reproduce, en general, la doctrina vigente, con algunas alteraciones encaminadas a simplificar las formalidades o requisitos necesarios para acreditar la existencia de estos contratos respecto de tercero, y a fijar la doctrina legal que ha de aplicarse en ciertos casos no previstos en el Código actual.
Conservando el Proyecto la necesidad de la escritura pública de poder, inscrita en el Registro Mercantil, para que los factores puedan desempeñar sus funciones, atendida la importancia y trascendencia de las operaciones que ejecutan los que, bajo este u otro nombre, se hallan al frente de empresas o establecimiento mercantiles, prescinde de aquella solemnidad respecto de las demás personas, a quienes, con diversas denominaciones, los comerciantes o Sociedades encomiendan el desempeño constante de alguna de las gestiones propias de su tráfico. Estos dependientes adquirirán el carácter jurídico de mandatarios singulares, una vez otorgado el contrato, verbalmente o por escrito, tan luego como los particulares lo hagan público, mediante aviso fijado en los periódicos o sitios de costumbre o comunicándolo a sus corresponsales por cartas o circulares; y los de las Compañías o Sociedades, tan pronto como éstas consignen en sus respectivos reglamentos las funciones que aquéllos han de ejercer. De consiguiente, estos dependientes o mandatarios singulares podrán practicar cuantas operaciones de comercio les confíen determinadamente sus principales, quienes quedarán obligados como si realmente las hubieran ejecutado ellos mismos. Pero mientras en la manera indicada no se dé publicidad a su nombramiento y atribuciones, los terceros no se hallan obligados a reconocerles personalidad bastante para representar a los comerciantes o Compañías a cuyo servicio se hallan.
Suele ser frecuente en el comercio que el principal interese al factor en alguna operación concreta y determinada. El Código no consigna disposiciones especiales para resolver las dudas y cuestiones que pueden surgir con tal motivo cuando sobre ello no ha mediado pacto; y el Proyecto, llenando este vacío, declara que el factor será reputado como socio capitalista o industrial, según que aporte o no capital para la operación en que le dio participación su principal, cuya declaración se funda en la voluntad presunta de las partes, que al unirse mutuamente para un negocio particular entendieron sin duda constituir una sociedad ordinaria o común regida por los principios del Derecho civil.
También ofrece el Código cierta vaguedad en las disposiciones relativas a la manera de terminar los contratos celebrados entre comerciantes y factores o dependientes. Y el Proyecto aclara y completa la doctrina sobre tan importante materia, de acuerdo con los más sanos principios, bajo la base de la reciprocidad de derechos y obligaciones entre los principales y sus dependientes. Los motivos en que descansa la nueva disposición son tan evidentes, que no necesitan demostración alguna.
Depósito mercantil

Más importantes y trascendentales son las reformas que el Proyecto introduce en la legislación vigente sobre el depósito voluntario de toda clase de efectos comerciales hecho en poder de comerciantes o Sociedades mercantiles, a excepción de aquellas que tienen por principal objeto operaciones de almacenaje y depósito de mercancías, pues acerca de éstas rigen las disposiciones especiales expuestas al tratar del contrato de Sociedad.
Comparada la doctrina del Código vigente con la del Proyecto, se observan notables diferencias entre ambas, tanto respecto a la naturaleza de este contrato y medios de formalizarse, como a las obligaciones que el mismo produce para el depositario, y muy particularmente cuando el depósito consiste en numerario. Según el Código, el depósito mercantil no tiene un carácter propio y peculiar, toda vez que resulta equiparado con la comisión, en cuanto al modo de constituirse y a las obligaciones que de él se derivan para cada una de las partes contratantes. El Proyecto, por el contrario, le restituye su verdadero ser jurídico, fijando los requisitos necesarios para su perfecta existencia legal, las circunstancias que han de concurrir para que se considere mercantil y todas las obligaciones que ha de cumplir el depositario, con entera independencia de los otros contratos, en los que pueda transformarse durante el curso de las operaciones comerciales.
Así es que, restituyendo el Proyecto al depósito mercantil el carácter de contrato real, de que le privó el Código actual, declara que queda perfeccionado mediante la entrega de la cosa que constituye su objeto, no bastando el simple consentimiento de las partes ni la convención escrita para que resulte definitivamente constituido.
Con motivo del gran incremento que ha tomado el tráfico en nuestros tiempos y de haberse generalizado las especulaciones comerciales, importaba someter a la jurisdicción del Código de Comercio los contratos de depósito, celebrados con ánimo de obtener algún lucro, cualquiera que fuese la profesión del depositario. A este fin, el Proyecto reputa mercantiles todos los depósitos verificados en poder de comerciantes por personas que reúnan o no esta cualidad, siempre que tales contratos constituyan por sí mismos una operación mercantil o sean causa o resultado de otras operaciones mercantiles.
La retribución a que tiene derecho el depositario en los depósitos mercantiles, y que sólo dejará de percibir cuando renuncie expresamente a ella, aumenta la responsabilidad que las leyes comunes imponen al simple depositario respecto de la custodia y conservación de las cosas depositadas. Por eso no basta que tenga en la guarda de la cosa el cuidado de un buen padre de familia; necesita redoblar y extremar su vigilancia. Fundado en estos principios, el Proyecto hace responsable al depositario de todos los menoscabos, daños y perjuicios que las mismas cosas depositadas, incluso el numerario, sufran por su dolo o negligencia, y también de los que provengan de la naturaleza o vicio propio de las cosas, si no hizo por su parte lo necesario para evitarlos o remediarlos y no dio oportuno aviso al depositante inmediatamente que se manifestaron. Esta responsabilidad es más estrecha tratándose de numerario entregado con expresión de las monedas o cerrado y sellado. El depositario responde entonces de los riesgos de toda clase que sufra la suma depositada, a no probar que ocurrieron por caso fortuito o fuerza mayor.
En atención a que la práctica usual y corriente del comercio rara vez presenta aislada la celebración de un contrato de depósito, siendo lo más frecuente que éste sirva de base o de principio a una serie de contratos mercantiles, en los cuales suele transformarse, más o menos totalmente, por el mero hecho de disponer de las cosas dadas en custodia el depositario, de orden o por encargo del depositante, el Proyecto declara, para evitar dudas, que el contrato de depósito queda extinguido, respecto de las cosas de que dispusiere el depositario, bien para sus negocios propios, bien para emplearlas en operaciones que el depositante le confiare, cesando desde este momento los efectos de dicho contrato, por lo que toca a esas mismas cosas, y debiendo regirse las relaciones que entre dichas personas se formen a consecuencia de este hecho, por los preceptos propios y peculiares del nuevo contrato que, en sustitución del primero, hubieren celebrado.
Y por último, en justa deferencia al principio de libertad de contratación, hace extensivo el Proyecto a todas las Sociedades mercantiles el beneficio, limitado por la actual legislación a los Bancos, de regirse los depósitos hechos en los mismos por los estatutos antes que por los preceptos del Código.
Préstamo mercantil

De dos especies de préstamos mercantiles trata con separación el Proyecto: uno consistente en cosas destinadas a operaciones de comercio, siendo comerciante alguno de los contrayentes; otro que se constituye necesariamente con la garantía de efectos públicos, cualquiera que sea la profesión de los otorgantes. La naturaleza de estos diferentes préstamos, el modo como se hacen y las obligaciones que producen están claramente explicados en el Proyecto, que reforma en ciertos extremos y completa en otros la doctrina legal, por que hoy se rigen, consignada, respecto de los primeros, en el Código vigente, y en cuanto a los segundos, en la Ley provisional de la Bolsa de Madrid y en la de reivindicación de títulos al portador. El Ministro que suscribe indicará las principales reformas, para que los Cuerpos colegisladores aprecien la conveniencia que de ellas han de reportar el país en general y el comercio en particular.
Entre las novedades introducidas en la doctrina del Código vigente sobre préstamos, es digna de notarse, en primer término, la que atribuye carácter mercantil a todos los contraídos con destino a operaciones de comercio, siempre que alguno de los contrayentes, el mutuante o el mutuatario, sean comerciantes, derogando en esta parte el precepto demasiado restrictivo del Código, que exige en ambas partes aquella cualidad para reputar como mercantil cualquier préstamo. A beneficio de esta reforma, quedarán amparados y protegidos por la legislación comercial gran número de préstamos que se rigen actualmente por el Derecho Civil, a pesar de constituir en rigor actos de comercio, sólo porque uno de los contratantes es ajeno a esta profesión, y se facilitará, además, la colocación de capitales en este ramo de la actividad humana, estimulados por el aliciente del lucro y por las mayores garantías que ofrece aquella legislación.
Nada existe estatuido en el Código vigente acerca de la manera como debe efectuarse la devolución de los préstamos consistentes en títulos al portador, valores o especies determinadas. Omisión que, si es disculpable atendida la escasa contratación que sobre estos efectos comerciales se hacía en la época en que aquél se promulgó, hoy no admitiría justificación alguna, pues negocios de esta índole no deben dejarse a la ilustración y conciencia de los jueces. Para que sirva de norma a los interesados, se declara que en los préstamos de títulos o valores, el deudor ha de devolver otros tantos de la misma clase e idénticas condiciones a los que recibió, o sus equivalentes si éstos se hubiesen extinguido en su totalidad, y que en los préstamos en especie tienen que devolver igual cantidad de la misma especie y calidad, o su equivalente en metálico si se hubiese extinguido o perdido la especie debida.
Aunque la doctrina legal sobre los intereses o réditos que pueden estipularse en los préstamos está consignada en la Ley de 14 de marzo de 1856, desde cuya fecha quedó derogado en esta parte el Código de Comercio vigente, se ha reproducido en el Proyecto, aplicándola a los préstamos mercantiles, puesto que además de hallarse en completo acuerdo con las bases acordadas para la nueva codificación mercantil, cuenta con el consentimiento del público, manifestado durante el largo período que viene rigiendo la citada Ley, como lo prueba el hecho de no haberse levantado protesta ni reclamación alguna contra ella que merezca la atención de los Poderes públicos.
Mas esta doctrina es todavía deficiente para las necesidades de la vida mercantil. Ni el Código vigente ni la Ley de 1856 presentan reglas claras y terminantes sobre manera de computar los intereses devengados por la mora o tardanza del deudor en el pago de sus deudas después de vencidas. El Proyecto procura completar el vacío que ofrece la legislación actual en esta materia, aplicando a los préstamos los principios generales sobre la exigibilidad de las obligaciones y la morosidad del deudor consignados en el título de los contratos, y determinando el modo de computar la cuantía de los intereses cuando el préstamo consistiere en especies o en títulos al portador y otros valores comerciales, conforme a la verdadera naturaleza de estas operaciones.
Otra omisión importante existe en la legislación vigente por lo que hace la imputación de los pagos hechos a cuenta de un préstamo que devenga interés, cuando no resulta claramente expresado el concepto a que deben aplicarse aquéllos; omisión que no puede suplirse acudiendo al Derecho civil o común, porque adolecen de igual defecto. El Proyecto llena este vacío declarando, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes romanas y en algunos Códigos extranjeros, que los pagos verificados a cuenta, en el caso indicado, se imputarán, en primer término, a los intereses por orden de vencimientos, y después, al capital.
En cuanto a los préstamos contraídos con la garantía de efectos públicos y la intervención de Agente colegiado, el Proyecto reproduce la legislación vigente consignada en la Ley provisional sobre la Bolsa de Madrid y en la de reivindicación de efectos al portador, con algunas modificaciones encaminadas a facilitar estos préstamos, asegurando los derechos del acreedor y poniendo en armonía los preceptos vigentes con la realidad de la vida bursátil. A garantizar aquéllos se dirige, en primer término, la declaración absoluta de que estos préstamos se reputarán siempre y en todo caso mercantiles, siendo por lo mismo indiferente la profesión de los contrayentes y el objeto a que se destinen las cosas prestadas; en segundo, la prohibición impuesta a los demás acreedores del mutuatario de disponer de los efectos públicos pignorados mientras no satisfaga éste el crédito constituido con dicha garantía; y en tercero, la condición de ser irreivindicables los efectos cotizables al portador dados en prenda en la forma debida, mientras no sea reembolsado el acreedor del capital y réditos del préstamo. Nadie negará la justicia y conveniencia de estas reformas.
Dificultades materiales surgen en la práctica para que la Junta Sindical del Colegio de Agentes cumpla estrictamente con lo dispuesto en la vigente Ley, que le impone el deber de enajenar los efectos públicos pignorados en el mismo día en que el acreedor reclama la enajenación de los mismos, por haber vencido el préstamo sin que el deudor haya satisfecho la deuda. Las circunstancias del mercado y la clase y condiciones de los efectos públicos que han de enajenarse pueden hacer muy difícil y hasta imposible su venta en el término perentorio y angustioso que ha fijado la Ley actual. Atendiendo a estas consideraciones, y para evitar que de aquella imposibilidad surjan cuestiones desagradables y siempre perjudiciales a la rapidez de las transacciones mercantiles, el Proyecto dispone que la Junta realizará la enajenación de los efectos pignorados en el mismo día en que se formule la reclamación por el prestador, si fuere posible, y de no serlo, en el siguiente.
Compraventas mercantiles

Sobre cuatro puntos recaen principalmente las reformas introducidas en el Código acerca de este contrato, que es el más usual y frecuente en el comercio.
Se refiere el primero a la calificación que debe darse a ciertas compraventas. El Código vigente declara que no son mercantiles las de bienes raíces y cosas afectas a éstos, aunque sean muebles; cuya disposición, tal como se halla redactada, ofrece dudas al aplicarla a las numerosas especulaciones de que son objeto los inmuebles, bajo diversas formas y combinaciones. A la ilustración de las Cortes no se oculta la importancia que han tomado en nuestro tiempo las empresas acometidas por particulares o por grandes Sociedades mercantiles para la compra de terrenos, con el objeto de revenderlos en pequeños lotes, o después de construir en ellos edificios destinados a habitaciones, o para el laboreo de minas, o para la construcción y explotación de los ferrocarriles y demás obras públicas. Todas estas empresas ejecutan verdaderos actos de comercio, porque la compra de bienes inmuebles no es su fin principal, sino sólo una de sus operaciones sociales. Por eso, si bien la simple compra de bienes raíces no constituye un acto mercantil, podrá adquirir semejante carácter cuando vaya unida a otra especulación sobre efectos muebles corporales o incorporales.
Por manera que no puede admitirse como principio absoluto el consignado en el Código vigente, que niega a toda venta de bienes raíces el carácter de mercantil. Esta calificación dependerá de las circunstancias que concurran en cada caso, la cual harán los Tribunales, aplicando los principios generales sobre la naturaleza de los actos de comercio. Y para que no sea obstáculo a la decisión judicial el texto del Código vigente, que cierra la puerta a toda interpretación, el Proyecto ha prescindido de él al redactar nuevamente las reglas especiales sobre este contrato. Por lo demás, la compraventa de bienes inmuebles, aunque se califique de acto comercial, se verificará con sujeción a las formalidades establecidas en las leyes especiales sobre adquisición y transmisión de la propiedad territorial.
En cambio, ha consignado una declaración relativa a las ventas que realizan los artesanos e industriales de los objetos que fabrican. Es indudable que con arreglo a la naturaleza del contrato de compraventa mercantil, las ventas hechas por los artesanos o industriales de los productos de su trabajo merecen la calificación de mercantiles, toda vez que tienen que comprar, para revender, los materiales sobre los que ejercen su industria. Sin embargo, hay que reconocer que no todos los fabricantes o industriales proceden con el mismo fin al adquirir los materiales necesarios para la fabricación o al vender los objetos elaborados, pues unos verifican estos actos como medio indispensable para el ejercicio de su industria, y otros, por el contrario, los realizan con el fin principal de hacer una especulación o lucro. Este diferente propósito, que sirve para atribuir o negar el carácter mercantil a unos mismos actos, se manifiesta generalmente por las circunstancias en que el industrial fabrica o vende sus productos, pues mientras el que se propone obtener un lucro no trabaja por sí mismo, sino por medio de obreros, a quienes retribuye, con el fin de tener gran número de objetos a disposición del público, presentándolos en los almacenes o tiendas para que éste pueda adquirirlos, existen otros industriales que se limitan a fabricar con sus propias manos los objetos de su industria, a medida que se los encargan, y dentro de sus mismos talleres u obradores. Acerca de los primeros, es evidente que se proponen, ante todo, obtener un lucro o hacer una especulación; y respecto de los segundos, es innegable que sólo aspiran a vivir de los productos de su arte, o sea de la retribución de su trabajo personal.
Partiendo el Proyecto de estos principios, ha querido distinguir esas dos clases de fabricantes, tomando por criterio las circunstancias externas que en ellos concurren; y en su consecuencia, reputa comerciales las ventas de los efectos fabricados que realizan los primeros y declara expresamente que no se consideran mercantiles las que hicieren los segundos.
Otro de los puntos a que se refieren las modificaciones adoptadas es el que fija la doctrina legal acerca de la falta de cumplimiento del contrato de compraventa por parte del vendedor o del comprador, que en el Código actual aparece poco conforme con los principios jurídicos, dando lugar a dudas y cuestiones en la práctica. Como resultado de estas modificaciones, y de conformidad con los principios jurídicos sobre el contrato de compraventa, se concede al comprador el derecho de pedir el cumplimiento o la rescisión del contrato cuando el vendedor no entregare la cosa vendida en el plazo estipulado o adoleciere ésta de un vicio o defecto de cantidad o de calidad; convirtiéndose en voluntaria, a instancia del mismo comprador, la rescisión forzosa que impone el Código vigente cuando se perdieren o deterioraren las mercancías antes de su entrega sin culpa del vendedor.
Son igualmente importantes las reformas introducidas en la duración de las acciones que se conceden al comprador para entablar la oportuna reclamación judicial en el caso de que notare vicios o defectos de cantidad o de calidad en las mercancías; cuyos plazos se reducen considerablemente, con el objeto de dar seguridad y firmeza a las transacciones mercantiles, evitando todo lo que pueda mantener la intranquilidad y la incertidumbre en el dominio o posesión de las mercancías y dificultar su libre circulación.
Por último, han desaparecido del Proyecto las disposiciones que comprende el Código actual acerca del saneamiento, en el caso de que el comprador fuere inquietado en la propiedad y tenencia de la cosa vendida, para que no resulte contradicción con el principio general, consignado en el mismo Proyecto, que declara libre de toda evicción al que comprare una cosa en almacenes o tiendas abiertos al público; respecto de cuyas ventas no tiene aplicación la doctrina del saneamiento, que regirá en las ventas verificadas fuera de dichos establecimientos, con arreglo al Derecho común.
Por lo que toca a la venta de créditos no endosables, el Proyecto declara que no se comprenden bajo este nombre las que recaen sobre créditos representados por documentos al portador, los cuales se transmiten siempre por la sola tradición; suprimiendo al propio tiempo, como opuesta a la libertad de la contratación y a los intereses del comercio, la disposición del vigente Código que concede el derecho de tanteo al deudor de un crédito mercantil litigioso, derecho que podrá tener, no obstante, útil aplicación en las cesiones o ventas de créditos comunes, lo cual corresponde, en su caso, resolver a las leyes civiles.
Transportes terrestres

El prodigioso aumento que han tenido desde la publicación del vigente Código las vías de comunicación, especialmente las férreas; la mayor facilidad y baratura de los medios de locomoción, y las crecientes necesidades del consumo, han influido de un modo tan extraordinario en los transportes de mercancías, que éstos constituyen hoy, por sí solos, una de las más importantes y lucrativas especulaciones comerciales.
En presencia de una metamorfosis tan completa, no puede el legislador considerar a las personas que se dedican al transporte de géneros de un lugar a otro como simples agentes auxiliares del comercio, que es el nombre con que las designa el Código vigente. Por eso el Proyecto prescinde de esta calificación y se preocupa ante todo de la naturaleza del contrato de transporte y de las circunstancias que debe reunir para ser considerado como mercantil.
Siendo este contrato una variedad del de arrendamiento de servicios, importa determinar cuándo adquiere el carácter de mercantil, pues sólo a beneficio de esta distinción tendrán los Tribunales un criterio fijo para aplicar, según corresponda, las prescripciones del Derecho común o las del Código de Comercio.
En el vigente no se encuentra formulado con bastante claridad y fijeza este criterio. Sólo declara quiénes se comprenden bajo el nombre de porteadores. Pero también ofrece dudas al resolver, con arreglo a esta misma declaración, si merecen aquella calificación y, por consiguiente, si ejecutan actos mercantiles los que se dedican al transporte de viajeros, industria que tan gran incremento ha tomado en los tiempos modernos. El Proyecto suple estos vacíos y resuelve cuantas dudas pueden surgir acerca de la naturaleza mercantil del contrato de transporte, sentando dos reglas generales para determinar los casos en que se reputará mercantil el transporte verificado por vías terrestres o fluviales de todo género. Según la primera, se atiende a la naturaleza de los objetos transportados, cualquiera que sea la calidad del porteador y cargador; por la segunda, se toma en cuenta exclusivamente la condición del porteador, prescindiendo del objeto del contrato.
Con sujeción a dichas reglas, el transporte de mercancías y demás efectos de comercio se reputa siempre mercantil, atribuyéndose idéntico carácter a los transportes verificados por un comerciante o por otra persona dedicada habitualmente a verificar transportes para el público, aunque no consistan en efectos de comercio.
Atendidos los términos generales con que se define la naturaleza de este contrato, es evidente que quedan comprendidos en el mismo todos los transportes que verifiquen los comerciantes matriculados o las personas que ejercen habitualmente este tráfico, utilizando sus medios de transporte personas diferentes, cualesquiera que sea el número y la importancia de los géneros transportados, la duración del viaje y la forma de efectuarlo, sin perjuicio de las modificaciones que establecen las leyes y reglamentos por que se rigen ciertos medios de locomoción terrestre o fluvial, como los ferrocarriles, tranvías y vapores, las cuales deberán observarse, en cuanto no se opongan a las disposiciones del Proyecto, por los que necesitan valerse de ellos para el transporte de mercancías o personas.
Mas la doctrina del Código vigente sobre transportes terrestres, que, en general, está fundada en los verdaderos principios del Derecho mercantil, es insuficiente en los momentos presentes para resolver las variadas cuestiones a que da origen el gran desarrollo que ha adquirido este ramo importante del Comercio. Por eso, el Proyecto, aceptando aquella doctrina, ha introducido importantes novedades para ponerla en armonía con las nuevas combinaciones y necesidades producidas por los modernos medios de locomoción, bajo un orden más lógico y sistemático que el que ofrece el Código vigente.
De estas novedades son dignas de notarse, por el progreso que realizan respecto de la legislación actual, las que fijan los requisitos que han de contener las cartas de porte. Desde luego, este documento puede adquirir un nuevo carácter comercial, de que hasta el presente ha carecido; pues de acuerdo con lo que viene hace tiempo observándose en los principales pueblos extranjeros, se autoriza para extenderlo, bien a la orden de la persona a quien vayan destinados los objetos transportados, bien al portador del documento, cualquiera que sea. Con ambas cláusulas se facilita extraordinariamente la circulación de las mercancías durante el transporte, ya endosando la carta de porte, si estuviere expedida a la orden, ya enajenándola o pignorándola, mediante la simple tradición de este documento, si estuviere extendido al portador.
Aunque las cartas de porte deben contener todas y cada una de las circunstancias que el Código enumera, a fin de que por su contenido se decidan las contestaciones que ocurran sobre ejecución y cumplimiento del contrato de transporte, cabe prescindir de muchas de ellas con gran ventaja del comercio, interesado vivamente en practicar el mayor número de operaciones en el menor tiempo posible, cuando los transportes se verifican por ferrocarriles u otras empresas sujetas a tarifas o plazos fijados de antemano en los reglamentos por que las mismas se rigen. En estos casos pueden omitirse las circunstancias relativas al precio, plazos y condiciones del transporte, pues bastará que en la carta de porte o en la declaración de expedición se citen las tarifas o reglamentos, según los cuales haya de practicarse aquél. Si el cargador no exigiese la aplicación de tarifa determinada, se presume que deja su elección a la buena fe de la empresa porteadora, la cual, como más conocedora de las tarifas que rigen para cada clase de transportes, deberá aplicar la que resulte más beneficiosa al cargador; lo contrario sería un abuso de confianza, que el legislador en ningún caso puede tolerar.
Mayor concisión cabe en la redacción de dichos documentos, cuando se refieren al transporte de viajeros y de sus equipajes. Por regla general, los precios y las condiciones son los mismos para todos, y previamente se hallan consignados en los reglamentos o anuncios conocidos del público, faltando sólo, para completar el contenido de aquellos documentos, las condiciones relativas al porteador, fecha de la salida y llegada y precio, tratándose de viajeros y las necesarias para la identificación de los equipajes cuando de éstos se trate.
Otra modificación importante introduce el Proyecto respecto de las cartas de porte. Dispone el Código vigente que el canje de los ejemplares suscritos por el cargador y el porteador produce la extinción completa de las obligaciones a que estaban sujetos ambos contratantes en virtud de dicho documento. La observancia literal de esta disposición, difícil, si no imposible en muchos casos, da lugar a frecuentes dudas y cuestiones, por los términos absolutos en que se halla redactada, especialmente cuando el receptor de los objetos transportados ha de formular alguna reclamación contra el porteador. El Proyecto ha modificado la doctrina del Código en sentido más práctico y adecuado a la realidad de esta clase de operaciones mercantiles. La persona que tenga derecho, según el contenido de la carta de porte, a recibir los objetos, una vez entregada de los mismos, devolverá al porteador el documento que éste hubiere suscrito, sin excusa ni pretexto alguno. Si procediere alguna reclamación por retardo, daño o avería visibles o cualquier otro motivo, lo consignará por escrito en el mismo acto; de lo contrario, por el mero hecho de pasar la carta de porte a manos del porteador, después de haber entregado los objetos que transportó, quedan extinguidos todos los derechos y obligaciones del contrato a que dicho documento se refiere, salvo los que procedan de las averías que no pudieren ser reconocidas por la parte exterior de los bultos.
No son menos importantes las novedades introducidas por el Proyecto en cuanto a la manera de verificar la entrega y transporte de los objetos al porteador. Por lo regular, éste, sea un particular o el agente de una gran empresa, suele aceptar la declaración del cargador sobre la naturaleza, condición y calidad de las mercancías contenidas en bultos o fardos, sin preceder previo examen o reconocimiento del contenido, a fin de no entorpecer la marcha de las operaciones mercantiles. El porteador se entrega generalmente a la buena fe del cargador, quien, justo es reconocerlo, suele corresponder a la confianza que aquél presta a sus manifestaciones.
Mas no por ello es conveniente abandonar al porteador, dejándole a merced del cargador. Por eso conviene ofrecerle algún medio de evitar que sea sorprendida su buena fe y que sufra los perjuicios consiguientes a un engaño calculadamente tramado por el cargador, alterando en la carta de porte la verdad del contenido de las mercancías, que no pueden inspeccionarse a simple vista. A este fin se concede al porteador el derecho de exigir el reconocimiento de los bultos o fardos que se le ofrezcan para el transporte, si sospechara fundadamente que se había cometido falsedad en la declaración del contenido, debiendo practicar este acto ante testigos, con asistencia del consignatario o remitente, sustituyendo la presencia del que, según la mayor facilidad de la operación, hubiere de ser citado, por la intervención de un Notario. Además, como existe contra el porteador la presunción legal de ser el autor de todos los daños o averías que sufran los efectos porteados durante la travesía, salvo prueba en contrario, y como sería muy injusto que respondiese de ellos cuando procediesen de mala disposición del cargador, se le concede el derecho de rechazar los bultos que se presenten mal acondicionados para el transporte, dejándole, sin embargo, en libertad de portearlos si insistiere el remitente; en cuyo último caso quedará exento de toda responsabilidad, haciendo constar en la carta de porte su oposición.
La naturaleza del transporte verificado por los ferrocarriles hace imposible muchas veces dar cumplimiento a la obligación, que el Código vigente impone al porteador, de conducir los efectos en el primer viaje que haga al punto donde deba entregarlos. Las empresas tienen organizado el servicio de tal modo, que las mercancías se transportan en varias expediciones, según las reglas de antemano establecidas. Atendiendo el Proyecto a estas circunstancias, sustituye aquella obligación, impuesta a todo porteador, por la de verificar la conducción en las primeras expediciones de efectos análogos que hiciere al mismo punto.
Con respecto a las obligaciones que ha de cumplir el porteador desde que recibe los objetos hasta que hace entrega de ellos al consignatario, el Proyecto establece algunas reglas que resuelven casos no previstos en el Código vigente, fijando la verdadera doctrina que debe prevalecer en lo sucesivo. Sabido es que el porteador tiene que verificar la conducción por el camino en que hubiere convenido con el cargador, siendo responsable de los perjuicios que sufra éste por la variación de ruta. El Código no admite distinciones en la causa o motivo que haya producido esta variación, ni señala a cargo de quién han de correr los gastos que ocasione, cuando proceda de fuerza mayor o de caso fortuito. Este silencio es interpretado de diverso modo, y para suplirlo, declara el Proyecto que el porteador no es responsable de los perjuicios seguidos de haber cambiado de ruta por fuerza mayor, y que el aumento de portes que produjere este cambio correrá de cuenta del cargador, de quien podrá reclamarlo aquél si lo hubiere anticipado, previa la correspondiente justificación.
Resuelve aquí el Proyecto otra cuestión importante, en la que aparecen divididos los pareceres de los jurisconsultos. Trátase de saber quién debe responder de los gastos que ocasiona la variación de consignación acordada por el cargador. El Tribunal Supremo, en alguna sentencia que no ha llegado a fundar jurisprudencia, suplió el silencio del Código haciendo responsable al porteador. Pero los principios del Derecho, en virtud de los que el mandante debe satisfacer los gastos que haga el mandatario, imponen esta responsabilidad al cargador, que es quien motivó aquellos nuevos gastos, que no pudieron preverse al tiempo de celebrarse el contrato.
Aun cuando el que toma a su cargo el transporte de mercancías tiene para su conservación y custodia muy estrechas obligaciones, derivadas de la naturaleza de este contrato, que envuelve un depósito necesario y no gratuito, y bajo este aspecto le impone severas responsabilidades el Código vigente, los intereses comerciales aconsejan suavizar el rigor de sus preceptos, permitiendo cierta libertad al porteador para adoptar algunas medidas beneficiosas al cargador durante la conducción, cuando, a pesar de las precauciones más exquisitas, los efectos transportados corrieran riesgo de perderse por la calidad de los mismos o por accidente inevitable. De acuerdo con estas consideraciones de equidad, el Proyecto impone al porteador la obligación de dar oportuno aviso a los cargadores de la existencia de aquel riesgo, a fin de que éstos dispongan lo necesario para evitarlo o remediarlo; y si fuese tan inmimente que no diese tiempo para esperar sus órdenes, podrá proceder a la venta de los efectos transportados, poniéndolos a disposición de la Autoridad judicial o administrativa competente.
En cuanto al modo de verificar la entrega de las cosas transportadas, se ha suscitado una duda de cierta gravedad, por los abusos a que su distinta solución puede dar lugar. Tal es, si el porteador cumple su obligación entregando al consignatario parte de dichas cosas y el valor de las restantes, o si deberá entregarlas todas, sin excepción, abonando, en su defecto, el valor total de las mismas. Los principios del derecho común sobre la extinción de las obligaciones, a los que debe acudirse para suplir la omisión del Código, no resuelven la duda propuesta, en armonía con la verdadera naturaleza de las operaciones mercantiles. Esta solución depende de la conexión y enlace que, para los fines económicos, guardan entre sí los objetos transportados, de modo que si estos fines pueden cumplirse en cada objeto aislado de los demás, es consiguiente que el porteador pueda verificar parcialmente la entrega de los efectos transportados, abonando sólo el valor de los que dejare de entregar. Mas si dichos fines económicos sólo pudieren conseguirse recibiendo de una vez todos los objetos, según constaban en la carta de porte, es de estricta justicia que el consignatario pueda rehusar la entrega parcial de los mismos, y que el porteador venga obligado a satisfacer el valor total de los objetos transportados, quedando éstos de su cuenta. En todo caso, la apreciación de la utilidad o servicio que puedan prestar unos objetos con independencia de los otros, corresponde al consignatario; pero no queda a su arbitrio, pues el Proyecto exige que la apoye con los debidos justificantes.
Relativamente a los efectos de la tardanza o retraso en la entrega de las cosas transportadas, por culpa del porteador, el Código vigente ofrece algunas dudas, que el Proyecto ha desvanecido por medio de disposiciones claras y equitativas, de acuerdo con las presunciones que nacen de la naturaleza de este contrato. Ante todo, desaparece la vaguedad y contradicción que resulta del texto literal del Código al tratarse de la responsabilidad en que incurre el porteador que entrega los objetos transportados transcurrido el plazo señalado en la carta de porte, disponiendo que dicha responsabilidad consistirá en pagar la indemnización pactada en la carta de porte, y si no hubiere intervenido pacto sobre ella, en el abono de los perjuicios seguidos al consignatario por no hacer la entrega en el tiempo debido, contra lo que previene el Código, que exige mayor retraso para que proceda la indemnización.
Mas no bastaba consignar este principio de una manera abstracta, preciso era concretarlo, para evitar las dilaciones y gastos a que pudiera prestarse, en cada caso particular, la evaluación de los daños y perjuicios de que debe ser indemnizado el consignatario. Para impedir toda arbitrariedad, el Proyecto pone un límite a esta indemnización, disponiendo que en ningún caso exceda del precio corriente que los objetos transportados tendrían en el día y lugar en que debieron entregarse; disposición muy acertada, que será aplicable a todos los demás casos, en que el porteador tenga que indemnizar al consignatario por la pérdida o avería de los objetos transportados.
Como en compensación de la tasa puesta a las reclamaciones inconsideradas del consignatario, el Proyecto le otorga un derecho muy valioso, de que hasta el presente ha carecido. Consiste este derecho en hacer abandono de los efectos transportados en favor del porteador, quien vendrá obligado a satisfacer su justa estimación, como si realmente se hubiesen perdido o extraviado. El consignatario dará aviso por escrito al porteador de que hace uso de este derecho antes de la llegada de los efectos al punto de su destino. Si el aviso lo diere después de la llegada, sólo tendrá derecho a la indemnización en la forma que se ha indicado.
El contenido de esta disposición se halla inspirado en la más alta equidad, pues termina y resuelve pronta y definitivamente las encontradas y enojosas pretensiones del consignatario y del porteador sobre el cuánto de la indemnización, en ventaja de ambos y utilidad general del Comercio.
Antes de pasar a otro punto, hay que parar la consideración en una novedad que introduce el Proyecto acerca de la responsabilidad del porteador por los daños o averías ocurridas durante la conducción.
Sabido es que en los transportes a larga distancia, o cuando para recorrerla se emplean distintos medios de locomoción, suelen intervenir diversas personas en calidad de porteadores, los cuales, en virtud de pactos o de servicios combinados, se encargan de transportar y de llevar al punto de su destino las mercancías que recibió uno de ellos directamente del cargador. El Código vigente prevé esta concurrencia sucesiva de porteadores para verificar un solo transporte, al fijar los derechos que corresponden al porteador que hubiere realizado la conducción, para exigir el precio convenido y los gastos causados en ella, declarando con tal motivo que este derecho se transmite sucesivamente de un porteador a otro, hasta el último que haga la entrega de los géneros, quien asume las acciones de los que le han precedido en la conducción. Con esta declaración quedan bien deslindados los derechos del último porteador.
Pero, no llevando más allá sus prescripciones, dejó en la incertidumbre y en la duda las obligaciones que los porteadores sucesivos tenían que cumplir respecto del cargador o su consignatario, por averías en los objetos transportados, dilación en la entrega de los mismos y cualquiera otra causa derivada de falta de cumplimiento del contrato. Esta omisión era mucho más lamentable en lo relativo a ferrocarriles, por verificarse los transportes casi generalmente por varias empresas, en virtud de servicios combinados. Importaba, pues, completar la doctrina del contrato de transporte cuando se presentaba bajo esta forma, fijando las relaciones jurídicas que deben existir entre los porteadores y el cargador y entre aquéllos solamente, ampliando y desarrollando los principios en que se inspiró el Código vigente.
Partiendo del principio de que el contrato de transporte, cuando se ejecuta, lleva necesariamente consigo el depósito de la mercadería en manos del porteador, la duda apuntada era fácil de resolver, y así lo hace el Proyecto, declarando que el porteador que entrega el objeto transportado y que, por consiguiente, lo ha recibido de algún modo, tiene todas las obligaciones que nacen del contrato de transporte respecto del consignatario, a menos que al recibir la mercadería hubiera hecho constar formalmente que se hallaba en mal estado o que venía retrasada; en cuyos casos, queda limitada su responsabilidad a la que pueda resultar de sus propios actos. Si uno de los que debían llegar a portear la mercadería no la hubiere recibido, claro es que ninguna responsabilidad tendrá por resultas de un hecho en que no ha intervenido. Pero, a la vez, como el cargador o remitente, al celebrar el contrato de transporte, creó un vínculo de derecho con el porteador o la empresa con quienes otorgó el contrato, puede exigir a éstos, sin ninguna restricción, la totalidad de su cumplimiento, sean muchos o pocos los demás porteadores que hayan concurrido a su total ejecución.
Independientemente de esto, los porteadores o empresas entre sí tienen las obligaciones que nacen de la relación en que pueden encontrarse y de los actos que cada uno de ellos pueda haber ejecutado. Por esto se declara, con arreglo a los principios de derecho común, que el porteador que haya cubierto la responsabilidad del transporte podrá repetir contra los demás, en la parte que les corresponda, siempre que no sea por la falta que hubiere originado la misma responsabilidad, que solamente se hará efectiva del porteador que la cometió.
Finalmente, con el objeto de limitar la duración de la responsabilidad especial y privilegiada que pesa sobre las mercancías transportadas en favor del porteador, por el precio del transporte y gastos causados en la conducción, el Proyecto reduce a un solo término los dos que señala el Código para la subsistencia de aquel privilegio, y sin distinguir si los efectos han pasado o no a un tercer poseedor, fija el plazo de ocho días como único y absoluto para dicho efecto.
Seguros terrestres

Sobre esta importante y poco estudiada materia ofrece el Proyecto un verdadero y positivo progreso, estableciendo los principios jurídicos por que deben regirse los contratos de seguros terrestres en general, y particularmente los seguros contra incendios y sobre la vida, que tanto incremento han tomado en los últimos tiempos.
El Código de Comercio actual sólo tuvo presente los seguros de conducciones terrestres, porque éstos eran los únicos conocidos en la época de su promulgación. A pesar de este silencio del legislador, los seguros contra incendios, sobre cosechas, animales, y sobre la vida penetraron en España a impulso de Sociedades o Compañías extranjeras, que extendieron sus operaciones a todos los ámbitos de la Península, estimulando y fomentando la creación de otras Sociedades españolas, que bien pronto adquirieron gran desarrollo. Como estos modernos contratos carecían de norma jurídica que pudiera serles aplicable, sólo contaron con el débil amparo de la Autoridad gubernativa, sin que el legislador se preocupase de ordenar y garantir los derechos y obligaciones de las respectivas partes contratantes, ni suplir, con equitativas disposiciones, la omisión de aquellos puntos no previstos en la póliza y sin que la jurisprudencia pudiese, por lo mismo, llenar el vacío del legislador, fijando la doctrina por que debían regirse estas modernas instituciones. Sólo, y esto de una manera incidental, la Ley Hipotecaria dictó una disposición, declarando hipotecados legalmente los bienes asegurados por el importe de los premios del seguro de dos años, y cuando el seguro fuese mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren repartido.
Tal abandono por parte del legislador fue una de las causas principales del funesto término que tuvieron algunas Sociedades de Seguros, especialmente sobre la vida, que faltando a sus compromisos más sagrados, causaron la ruina de innumerables familias y el descrédito general de tan previsoras instituciones. Circunstancias todas que demuestran la urgente necesidad de dotar al país de una legislación positiva, que fije los respectivos derechos y obligaciones de los que contratan las diversas especies de seguros terrestres, y que garanticen, sobre todo, de una manera firme y rápida el fiel cumplimiento de lo pactado.
Atendida la novedad que presenta esta parte del Proyecto, el Ministro que suscribe ha creído necesario exponer, con alguna más detención, la doctrina jurídica que contiene y los principios fundamentales en que se apoya.
Ante todo, conviene advertir que sólo caen bajo la jurisdicción de la ley mercantil los contratos de seguros terrestres en general, si el asegurador fuese comerciante y el contrato se celebrase a prima fija; esto es, cuando el asegurado satisface una cuota única o constante, como precio o retribución del seguro; con lo cual quedan excluidos los seguros mutuos, porque en estos últimos, todos los contratantes son a la vez asegurados y aseguradores, cada uno se propone tan sólo obtener una indemnización por un riesgo eventual, obligándose a conceder a sus coasociados igual indemnización, y las cantidades con que contribuyen se hallan destinadas únicamente a cubrir los perjuicios sufridos, sin la menor intención de reportar lucro o beneficio de ninguna especie.
Los contratos de seguros terrestres se rigen, en primer término, y casi exclusivamente, por los pactos que se consignan en la póliza; cuya práctica, seguida constantemente, hace obligatorio el Proyecto, declarando la nulidad del contrato cuando no conste por escrito; habiéndose fundado para ello en que la natural complicación de estos contratos y sus diversas cláusulas impiden que puedan hacerse constar, con precisa exactitud e imparcialidad, por medio de la prueba oral. Y como estas cláusulas han de formar ley entre los contratantes, importa no sólo que consten todas las que son de esencia en tales convenciones, y las que, con posterioridad a la celebración del seguro puedan modificarlas, sino que el contenido de aquellas cláusulas refleje la más completa verdad, para que no sea inducida a error ninguna de las partes. Esta última disposición es tan esencial, que el Proyecto castiga con la pena de nulidad los contratos en que cualquiera de los otorgantes hubiere obrado con mala fe, y también cuando de parte del asegurado, que es el que se halla en situación de conocer mejor los objetos sobre que recae el contrato, se incurriese en inexactitudes, omisiones u ocultaciones de tal naturaleza que hubieran podido influir en la celebración del mismo, aun mediando buena fe, toda vez que, a pesar de ésta, puede incurrir el asegurador en error esencial que vicie su consentimiento y anule el contrato.
Para suplir el silencio de los otorgantes y garantizar el cumplimiento de los pactos estipulados, el Proyecto establece las reglas especiales que deben tenerse presentes en los contratos de seguros contra incendios, seguros sobre la vida y seguros sobre conducciones terrestres, declarando, además, que son igualmente respetables a los ojos del legislador los demás contratos de seguros que tengan por objeto cualquiera otra clase de riesgos, que provengan de casos fortuitos o accidentes naturales, debiendo cumplirse los pactos estipulados, siempre que sean lícitos y estén conformes con las prescripciones generales contenidas en el mismo Proyecto.
Seguros contra incendios.-El primer requisito esencial en este contrato es la existencia de un objeto real y positivo, no sólo al tiempo de la celebración de aquél, sino en el momento del siniestro, con la circunstancia, igualmente esencial, de que no haya sufrido en todo este tiempo modificaciones o alteraciones en su naturaleza o en el lugar o sitios señalados en la póliza; cuya doctrina se funda en la esencia del contrato de seguros, que consiste en evitar solamente un perjuicio y de ningún modo en reportar un lucro, y que sólo hace responsable al asegurador de los riesgos que previó y no de los que puedan experimentar las cosas aseguradas por efecto de otros cambios o alteraciones a que no pudo obligarse. Por eso, se exige la justificación de la preexistencia de los objetos antes de ocurrir el siniestro; por eso, la sustitución o cambio de los mismos objetos produce la nulidad del seguro, y la alteración o transformación verificadas contra la voluntad del asegurado, la rescisión del contrato; por eso, se declara que la obligación del asegurador se entiende limitada al lugar que ocupaban aquellos objetos al tiempo de la celebración del seguro; por eso, en fin, se impone al asegurado o su representante el deber de participar al asegurador las modificaciones, cambios y alteraciones sobrevenidas en la calidad de los mismos objetos asegurados, y cuando estas modificaciones se deban a causas independientes de la voluntad del asegurado, podrán también solicitar la rescisión ambos contratantes.
Por lo demás, puede ser materia de estos contratos todo objeto, mueble o inmueble, susceptible de ser destruido o deteriorado por el fuego, no comprendiéndose entre los muebles, cuando en la póliza no se haga especial mención, los valores públicos o particulares, piedras y metales preciosos y los objetos artísticos, pues la mayor facilidad de destrucción que existe en estas cosas muebles exige un aumento de prima por parte del asegurado, que debe pactarse especialmente.
Es otro requisito esencial para la consumación de este contrato el pago del premio convenido, el cual se verificará por anticipado, pues hasta este instante no queda obligado el asegurador, quien, en caso de demora, podrá optar entre la rescisión del contrato o el procedimiento ejecutivo, que se hará efectivo en los objetos asegurados; los cuales quedan sujetos al pago de la prima, con preferencia a cualesquiera otros créditos vencidos, cuando fueren muebles, y por el importe de los dos últimos años, siendo inmuebles.
Aunque este contrato ofrece un carácter más real que personal, es indudable que las cualidades del asegurado influyen considerablemente en la mayor o menor posibilidad de los riesgos, cuando el seguro recae sobre objetos muebles, fábricas o tiendas. Importa, por consiguiente, al asegurador conocer las vicisitudes personales del asegurado, lo cual se consigue imponiendo a éste o a sus herederos la obligación de poner en conocimiento de aquél el fallecimiento, liquidación o quiebra que sobrevenga al mismo asegurado y la venta o traspaso de las cosas aseguradas, cuando sean muebles, tiendas o fábricas; cuyos accidentes autorizan, además, al asegurador para pedir la rescisión del contrato.
Más dificultad que las materias hasta aquí examinadas, en lo que a los seguros contra incendios se refiere, presenta la cuestión de cómo debe permitirse el reaseguro y la cesión del seguro, que las legislaciones modernas han resuelto de diverso modo. Prescindiendo el Ministro que suscribe de entrar en largas consideraciones sobre estos puntos, se concretará a manifestar que el Proyecto de Código, fundándose en que la naturaleza del seguro se opone abiertamente a que se convierta en instrumento de lucro para el asegurado lo que sólo sirve para evitar las consecuencias de un daño, si bien permite que una misma cosa pueda ser objeto de varios contratos de seguro por una parte alícuota de su valor, prohíbe en términos absolutos que si ésta se hallare asegurada por la totalidad, pueda ser objeto de un segundo contrato; lo cual no será obstáculo para que el asegurado, por otra parte, asegure la solvabilidad del asegurador, tomando esta garantía contra la falta de cumplimiento del contrato.
Y por lo que toca a la cesión del seguro que haga el asegurador, aun sin el consentimiento del asegurado, el Proyecto no podía prohibirla, porque es una convención perfectamente moral y lícita; pero manteniéndola dentro de sus naturales límites, declara que los efectos de esta cesión no alteran las relaciones jurídicas entre el asegurado y el cedente, fundándose en el principio de derecho de que los contratos sólo producen efecto entre los que concurrieron a su otorgamiento y no respecto del tercero, que fue ajeno a ellos.
Para evitar toda cuestión acerca de los daños y perjuicios que garantiza el contrato de seguros, el Proyecto de Código declara que, por regla general, responde el asegurador de todos los daños y pérdidas materiales causadas por la acción del fuego, bien se origine de caso fortuito, bien de delitos cometidos por extraños, o de negligencia propia o de las personas sometidas a la potestad o vigilancia del asegurado y de cuyos actos responda civilmente. Mas como es un principio de derecho que nadie debe convertir en provecho propio las consecuencias de un acto ilícito, quedan excluidos del seguro los incendios que el mismo asegurado causare intencionalmente; y como la voluntad presunta de las partes recae sobre los accidentes ordinarios de la vida, quedan también excluidos los siniestros causados en tumultos populares o por la fuerza militar, en caso de guerra, y los producidos por erupciones, volcanes o temblores de tierra.
Pero los estragos del fuego pueden causar daños y pérdidas directas e indirectas. Las primeras son las que recaen materialmente sobre el objeto asegurado por la acción directa del fuego. Entre las segundas deben comprenderse todas las que sean consecuencia inevitable del incendio. El Proyecto de Código, después de consignar estos dos principios generales, para que sirvan de criterio a los Tribunales en cada caso concreto, determina los daños y menoscabos que son consecuencia forzosa del incendio, y deben, en su caso, indemnizarse por el asegurador por el valor dado a los objetos asegurados o por la estimación de los riesgos. Pero cualquiera que sea el importe de los daños directos o indirectos, el asegurado sólo tiene derecho a exigir el que quepa dentro de la suma en que se valuaron los objetos asegurados o en que se estimaron los riesgos, pues a esto sólo se obligó el asegurador.
Siendo el objeto principal del contrato de seguros contra incendios obtener el asegurado la indemnización de los daños sufridos, convenía determinar con claridad los requisitos o trámites necesarios para fijar el importe de esta indemnización, la forma en que debía satisfacerse y los medios para percibirla pronta y rápidamente. A este efecto, el Proyecto consigna un procedimiento especial, que es muy sumario, sin que queden lastimados los fueros de la defensa para ninguna de las partes, con el objeto de fijar las causas del incendio, la cuantía de los efectos asegurados y el importe de la indemnización.
Llegado este caso, el asegurador podrá optar entre abonar esta cantidad o reparar o reedificar, según corresponda, en todo o en parte, los objetos asegurados o destruidos por el incendio, pues, en rigor, este último extremo es una manera de pago introducida en beneficio del asegurador, si entiende que los peritos han incurrido en error de cálculo al apreciar la cuantía de los daños, y sin que de ello reporte perjuicio alguno al asegurado, toda vez que ha conseguido evitar las consecuencias perjudiciales de un siniestro sobre los objetos asegurados, los cuales, merced a esta reparación, se hallarán en el mismo estado que antes del incendio. De todos modos, si con esta opción puede conseguirse lucro o ganancia, más justo y natural es que lo obtenga el asegurador, que con este exclusivo fin celebró el contrato, que no el asegurado, que sólo se propuso evitar una pérdida, sin ánimo de realizar especulación alguna.
Satisfecho el asegurado de cualquiera de los modos indicados, es de estricta justicia que, como consecuencia de este acto, quede subrogado «ipso jure» el asegurador en todos los derechos del asegurado, contra los terceros que sean responsables del incendio, por cualquier título o concepto; pues ni el asegurado, una vez percibida la indemnización, puede exigir de éstos otra, lo cual constituiría un lucro o beneficio, en oposición con la naturaleza fundamental del mismo contrato, ni los terceros con la naturaleza fundamental del mismo contrato, ni los terceros quedan libres de su responsabilidad en virtud del seguro, como acto ajeno a ellos, siendo, por el contrario, muy ventajosa esta subrogación al mismo asegurado, que obtendrá por ella alguna rebaja en la cuantía del premio del seguro.
Seguros sobre la vida.-Este importantísimo contrato trae su origen del antiguo censo vitalicio, notablemente desarrollado en los tiempos modernos, merced a las variadas, ingeniosas y fecundas combinaciones debidas a la influencia simultánea del espíritu de previsión y del afán de lucro. Aunque el fin principal del seguro sobre la vida consiste en procurar, mediante la entrega de un premio o capital, algún alivio o socorro material a la familia del asegurado, que la compense en parte de la desgracia que ha de experimentar por el fallecimiento del que es tal vez su único sostén y apoyo, suele también celebrarse con otros fines análogos, como, por ejemplo, procurarse el asegurado o un tercero una pensión anual durante su vida, crear un capital para los herederos del mismo asegurado o de un extraño que asegure el porvenir de las personas a quienes se quiere beneficiar, o constituir una garantía real y positiva en favor del que sólo cuenta, para hacer frente a sus obligaciones, con la que ofrecen sus cualidades personales, constantemente expuesta a desaparecer con nuestra efímera existencia.
Pero cualesquiera que sean los fines que se propongan los contratantes y las combinaciones que puedan estipular, siempre deben concurrir cuatro elementos o requisitos esenciales para la validez del contrato, a saber: existencia de una persona, cuya vida sirva de base para el seguro; valor previamente fijado de esta vida; persona beneficiada, y entrega de un premio o capital como precio del seguro.
Partiendo el Proyecto de estos principios fundamentales, declara válidas todas las combinaciones que puedan hacerse, pactando entregas de premios o entregas de capital a cambio de disfrute de una renta vitalicia, percibo de capitales al fallecimiento de persona determinada, a favor del asegurado, de sus herederos o de un tercero, y cualquiera otra combinación análoga o semejante, por una o más vidas, sin exclusión de edad, sexo o estado de salud. Esta libertad concedida a los particulares para contratar los seguros sobre la vida a los fines que crean convenientes, debe entenderse siempre que sea conforme a la naturaleza del mismo contrato; y como es altamente contrario a ella que el asegurado convierta en instrumento de lucro la estipulación destinada solamente a compensar una pérdida, el Proyecto priva al asegurado de los beneficios que pueda reportar cuando concierte nuevos seguros anterior, simultánea o sucesivamente sobre idéntico objeto, por los mismos riesgos y a favor de la misma persona, sin haber dado conocimiento de ello al primitivo asegurador, que sólo vendrá obligado en este caso a devolver el capital o premio recibidos.
Ofrece este contrato, además, la singularidad de que suele constituirse el seguro a favor de una tercera persona, aun sin obtenerse su consentimiento; lo cual es perfectamente lícito, porque de esta forma pueden las personas dotadas de nobles sentimientos ejercer verdaderos actos de caridad en favor de familias modestas, pero honradas y laboriosas, sin lastimar en lo más mínimo la susceptibilidad o pundonor de ninguno de sus individuos, dotándolas de un capital o renta para cuando deje de existir el que, con su trabajo, atiende a la subsistencia de todos.
Mas el seguro constituido a favor de una tercera persona puede ser también efecto de una convención celebrada con ésta, y entonces viene obligado el que lo contrató a mantener por su parte las condiciones del mismo, debiendo indemnizar a la cabeza asegurada de los perjuicios consiguientes a la caducidad sobrevenida por falta de cumplimiento de lo estipulado en el contrato celebrado con el asegurador.
De todos modos, esta tercera persona, a quien el asegurado ha querido favorecer, queda libre de toda obligación con respecto al asegurador, adquiriendo, por el contrario, sobre éste los derechos consignados en la póliza.
Así lo declara el Proyecto, ordenando que sólo el que contrató directamente con el asegurador estará obligado al cumplimiento del contrato como asegurado, y que la cabeza asegurada tendrá personalidad para exigir la ejecución de lo estipulado en la póliza, siendo de su exclusiva propiedad las cantidades que el asegurador deba entregarle como indemnización, desde el momento en que haya ocurrido el riesgo, sin participación alguna del asegurado ni de sus herederos o acreedores.
Concurre igualmente en los contratos de seguros sobre la vida, la particularidad de que debe pactarse, al tiempo de su celebración, el importe de la indemnización que se asegura, toda vez que recayendo generalmente sobre la vida del hombre, no puede someterse a un justiprecio lo que ésta valga en el momento de ocurrir el siniestro o en el de su fallecimiento. El contrato de seguros sobre la vida tiene por objeto garantizar un capital para el caso que fallezca una persona, y de ningún modo percibir el valor pecuniario en que ésta pudiera ser estimada. Por eso exige el Proyecto que en la póliza se haga constar necesariamente la cantidad en que los otorgantes fijan el capital o renta asegurada.
Atendiendo a que este contrato, por su naturaleza, se consuma por la entrega del premio o capitales convenidos, declara el Proyecto que, transcurrido el plazo determinado en la póliza para el pago, pierde el asegurado el derecho a la indemnización, si ocurriere inmediatamente el siniestro, y el asegurador queda autorizado para rescindir el contrato, reteniendo los premios satisfechos con anterioridad.
Sin embargo, de acuerdo con la práctica generalmente observada, y para facilitar al asegurado los medios de abandonar el compromiso que contrajo con el asegurador, cuando se halle imposibilitado de continuar pagando las anualidades estipuladas en la póliza, autoriza el Proyecto la rescisión del contrato, en términos equitativos para ambos contratantes.
Por estas mismas consideraciones se concede igual derecho a los representantes del asegurado que hiciere liquidación de sus negocios o fuese declarado en quiebra, junto con el de obtener la reducción del seguro.
Y conformándose el Proyecto con otra práctica generalmente adoptada en esta materia, ordena que, una vez entregados los capitales o satisfechas las cuotas a que se obligó el asegurado, podrá éste negociar la póliza en toda clase de seguros, transmitiéndola a otra persona por medio de endoso estampado en el mismo documento, quedando el cesionario subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente, desde que pusieren ambos en conocimiento del asegurador la cesión verificada, pero sin necesidad de obtener previamente su consentimiento ni el del tercero en cuyo favor se hubiere constituido el seguro.
De acuerdo con el principio de libertad en la contratación, en que se ha inspirado constantemente el Proyecto, se autoriza a los contrayentes para estipular los riesgos que pueden dar lugar a indemnización, siempre que estos riesgos sean efecto de un accidente fortuito, que no pudo preverse al tiempo de la celebración del contrato. De cuya doctrina se sigue que no recaerá sobre el asegurador la obligación de abonar la indemnización pactada en el seguro, si el fallecimiento ocurriere a consecuencia de un duelo o de un suicidio, porque en ambos casos el asegurado se ha colocado voluntariamente en condiciones de recibir la muerte. Igualmente queda libre el asegurador de toda obligación cuando el asegurado fallece a consecuencia de haber sufrido la pena capital por un delito común, pues si bien en este caso no ha dependido rigurosamente de su voluntad el perder la vida, sería altamente inmoral, por ejemplo, que el asesinato, que conduce al cadalso al asegurado, fuese para sus herederos una causa de lucro o provecho.
Fuera de estos casos, el asegurador responde de todos los riesgos que se hayan consignado específica y taxativamente en la póliza del seguro. Pero cuando éste lo sea para el caso de fallecimiento, no se entenderá comprendido en el mismo, a menos de constar expresamente estipulado, el ocurrido en viajes fuera de Europa, en el servicio militar de mar o tierra, o en alguna empresa o hecho extraordinario y notoriamente temerario e imprudente; cuyas excepciones establece el Proyecto de Código, fundándose en la voluntad presunta de los contrayentes que sólo previeron los riesgos que pueden producir la muerte en el orden natural de la vida, los cuales entraron únicamente en los cálculos que sirvieron de base para fijar la cuantía de la prima, que habría aumentado sin duda alguna en proporción a las mayores eventualidades que corriera el asegurado de una muerte desgraciada.
Seguros de transporte.-Aunque el vigente Código contiene varias disposiciones sobre este contrato, algunas de ellas exigen inmediata reforma, atendido el gran desarrollo que ha tomado esta parte del comercio y la importancia de las mercancías transportadas por los modernos y poderosos medios de locomoción terrestre. Partiendo de este supuesto, el Proyecto propone algunas modificaciones en la legislación actual, siendo las más importantes: la que, derivada del principio de libertad de contratación, permite la celebración de este contrato, no sólo a los dueños de las mercaderías transportadas, sino a cuantas personas tengan interés o responsabilidad en su conservación; la que, elevando a precepto la intención presunta de los contrayentes, declara excluidos de este contrato los deterioros originados por vicio propio de la cosa o por el transcurso del tiempo, toda vez que la naturaleza del seguro exige que la pérdida proceda de un riesgo eventual, producido por una causa extraña al objeto asegurado, y se opone a que se convierta en medio de reparar los desperfectos que los bienes experimentan ordinariamente; y por último, la que, corrigiendo un grave error del Código, dispone que la justificación de que los deterioros proceden de estas causas naturales se practique, no ante la Autoridad del lugar más próximo al en que ocurrió el deterioro, según ordena el Código, siendo en la mayoría de los casos de imposible o difícil cumplimiento, sino ante la Autoridad del lugar en que deben entregarse las mercaderías.
Contrato y letras de cambio

Muchas y muy importantes son las reformas que el Proyecto introduce en esta parte de la legislación mercantil, la cual resultará notablemente mejorada, si aquél llega a obtener la sanción del Poder legislativo. En la imposibilidad de enumerarlas todas, el Ministro que suscribe se limitará a llamar la atención de las Cortes acerca de las más principales, fijando su verdadero sentido y alcance.
La primera de las reformas propuestas consiste en declarar, de acuerdo con las más perfectas legislaciones extranjeras, que las letras de cambio constituyen siempre verdaderos actos de comercio, sean o no comerciantes las personas que figuren en ellas; y en virtud de esta declaración se reputarán también mercantiles todos los actos que son consecuencia necesaria de las mismas, como el endoso, la aceptación, la intervención, el aval, el protesto, el pago y la resaca. Por esta razón desaparece del Proyecto la disposición del vigente Código que reputa simples pagarés, sujetos a las leyes comunes, las letras de cambio libradas o aceptadas por persona que carezca de la cualidad de comerciante, cuando no tienen por objeto una operación mercantil.
En segundo lugar, el Proyecto ofrece una doctrina en alto grado innovadora y radicalmente contraria a la legislación vigente, acerca de la naturaleza de las letras de cambio. Según nuestras antiguas leyes, de acuerdo con las costumbres y con la jurisprudencia, estos documentos eran considerados como representativos del contrato de cambio a que se referían. El mismo concepto tenían formado de las letras los autores del Código de Comercio publicado en 1829. De aquí la absoluta prohibición de girar letras pagaderas en el pueblo del domicilio del librador; de aquí la imposibilidad de girarlas a cargo del propio librador, aunque fuese en punto distinto de su residencia; de aquí la ineficacia de los endosos hechos sin designar la persona a quien se transmite la letra, o sin expresar la causa de la cesión o sea el valor; de aquí, finalmente, otras disposiciones contenidas en el Código y encaminadas a mantener en estos documentos el carácter principal y casi exclusivo de instrumentos de cambio. Todas ellas estaban justificadas plenamente, pues eran otras tantas aplicaciones lógicas y rigurosas del principio general adoptado por el legislador.
Mas este principio no puede mantenerse de una manera absoluta al redactar un nuevo Código mercantil, si ha de acomodarse, como es debido, a la verdadera naturaleza de las operaciones comerciales, tales y como se verifican en los tiempos presentes. Hoy, la letra de cambio, sin perder su antiguo y fundamental carácter, ha tomado uno nuevo, por los fines a que se destina, pues viene a desempeñar funciones análogas a los demás instrumentos de crédito, y en algún caso se confunde con la moneda fiduciaria. Las legislaciones modernas de los pueblos más adelantados en asuntos mercantiles no han podido menos de sancionar este nuevo carácter, que las necesidades del comercio han dado a las letras de cambio, y cuyo influjo se ha sentido en nuestro país por la gran solidaridad que produce el movimiento comercial entre todos los pueblos civilizados, habiéndose eludido para ello las prescripciones legales, mediante ficciones y sutilezas que ceden en daño de las personas de buena fe. Urgía, por lo tanto, poner remedio a los inconvenientes derivados de una legislación anticuada, que negaba la debida protección jurídica a las nuevas combinaciones del Comercio, sustituyéndola por otra inspirada en los nuevos principios de las ciencias económica y jurídica, y en armonía con las principales legislaciones extranjeras.
En su virtud, el Proyecto considera a las letras como instrumento de cambio y de crédito a la vez, estableciendo las oportunas disposiciones para que puedan ostentar cada uno de estos caracteres, según convenga a los mismos interesados.
Y ante todo, empieza por declarar de una manera bien explícita que el librador puede girar la letra a cargo de otra persona en el mismo punto de la residencia de ambos. Mediante esta reforma, los industriales y almacenistas al por mayor podrán reintegrarse de los objetos suministrados a los comerciantes al por menor, y aun a los consumidores residentes en la misma población, cuyo importe no se satisface al contado, para lo cual tienen que valerse hoy del medio deficiente y arriesgado de los pagarés firmados por el comprador. De igual modo se facilita el movimiento del numerario en moneda metálica o fiduciaria dentro de las grandes poblaciones, girando letras sobre nuestros deudores o banqueros que conservan en depósito o en cuenta corriente nuestros capitales.
Además, con el objeto de facilitar el uso de estos utilísimos documentos a las personas que tienen casas de comercio o sucursales en distintas poblaciones librando letras de unas casas contra otras, se deroga la doctrina vigente, según la cual la persona del librador ha de ser distinta del pagador, a diferencia de los vales o pagarés a la orden, donde el que firma el vale es quien promete pagarlo; y en su virtud, se autoriza al librador para girar letras a su propio cargo en lugar distinto de su domicilio.
De la propia suerte ha reflejado el Proyecto el influjo de las ideas modernas favorables a la transformación de las letras de cambio en instrumentos de crédito destinados a la circulación, como los títulos al portador, cuando se ocupa de la transmisión del dominio de aquellos documentos mediante el contrato llamado de endoso. Desde luego, simplifica la fórmula, ya muy sencilla, de esta negociación, dispensando de consignar en ella la causa que la motiva, a cuyo efecto declara que el endoso en que no se exprese el valor, transmitirá la propiedad de la letra como si se hubiera escrito valor recibido, contra lo dispuesto en el Código vigente, que en este punto se deroga. Y si bien algunos, exagerando las ventajas de la sencillez en las fórmulas jurídicas, aspiraban a que se hiciese extensiva igual declaración a la omisión de la fecha de endoso, no ha sido posible satisfacer esta aspiración, por la necesidad de conocer en todo tiempo quién es el responsable de las consecuencias producidas por quedar las letras perjudicadas. Además, el Proyecto propone otra innovación de mayor trascendencia, derogatoria del Código, pues de acuerdo con la práctica seguida en los principales Estados de Europa y de América, y no del todo desconocida entre nosotros, autoriza el endoso en blanco, que es el que se verifica sin designación de la persona a quien se transmite la letra, con sólo la firma del endosante y la fecha. La experiencia de aquellos países aleja todo temor respecto del éxito que pueda tener esta novedad entre nosotros, la cual, en sentir del Ministro que suscribe, lejos de ofrecer inconvenientes, traerá consigo incalculables ventajas para el comercio, pues permitirá que las letras de cambio circulen como los billetes de Banco, con gran economía de tiempo.
Al tratar de la presentación de las letras a la aceptación, el Proyecto se aparta en muchos puntos importantes de la doctrina vigente, que anula casi por completo la iniciativa individual en materias que deben quedar bajo su exclusivo imperio. Exige el Código, de una manera absoluta, que todas las letras se presenten a la aceptación; y el Proyecto mantiene solamente esta necesidad para las giradas en la Península e Islas Baleares sobre cualquier punto de ellas, a la vista o a un plazo desde la vista; y aun respecto de éstas, autoriza a los libradores para señalar el término dentro del cual debe efectuarse la presentación, ampliando o restringiendo lo establecido como obligatorio en el mismo Proyecto. De esta mayor libertad que obtiene el librador, ningún perjuicio puede seguirse a terceras personas; y lejos de ser inútil, como se ha supuesto, está llamado a favorecer las negociaciones mercantiles, dejando expedita la acción de los particulares. Con este propio intento exime el Proyecto a los tenedores de letras giradas a un plazo contado desde la fecha, del deber de presentarlas a la aceptación que les impone el Código actual; mas comprendiendo que por costumbre general del comercio, y por natural conveniencia, los tenedores de letras a largo plazo exigen esta aceptación, declara, para quitar todo pretexto a los librados, que cuando les sean presentadas deberán aceptarlas o manifestar en el acto los motivos por que rehúsan hacerlo.
No son menos importantes las innovaciones que el Proyecto introduce en la doctrina referente a la aceptación de las letras. Aplicando el principio de libertad en la contratación a la manera de hacer constar aquel hecho, se declara que la fórmula acepto o aceptamos, que hasta ahora es la única legal, pueda ser sustituida por cualquiera otra equivalente y admitida en los usos del comercio para expresar el hecho de la aceptación de una letra. Toda palabra, toda frase comercial, por breve que sea, puesta en la letra y autorizada por el librado, de la que resulte que éste tuvo en su poder la letra, y que, lejos de negarse al pago, se conformó en efectuarlo en el día del vencimiento, debe producir los efectos de la aceptación. Así viene observándose en otras naciones muy prácticas en asuntos mercantiles, sin que haya producido los inconvenientes que algunos temen que produzca en nuestro país esta libertad en la redacción de las fórmulas de la aceptación; temores, por otra parte, desprovistos de fundamento, porque de realizarse, a nada práctico conducirían, toda vez que el comerciante que se negare al pago prevalido de la ambigüedad de la fórmula, tardaría muy poco en perder su crédito y en sufrir las consecuencias de su mala fe. En cambio, son incalculables las ventajas que para los mismos tenedores tiene la eficacia jurídica de cualquier fórmula de aceptación.
Pero el amplio criterio que ha adoptado el Proyecto al fijar la doctrina sobre esta fórmula, no puede seguirse cuando se trata de la aceptación tácita o presunta. El Código vigente atribuye los efectos de la verdadera y formal aceptación al hecho de recibir el librado la letra del tomador, dejando pasar el día de la presentación sin devolverla. La realidad de la vida comercial se opone a que este simple hecho indique en todos los casos y en todas las circunstancias la voluntad en el librado de aceptar la letra. Si en algún caso puede constituir una manifestación de esa voluntad, en otros muchos carece de importancia o la tiene en sentido inverso.
Por otra parte, la vaguedad de los términos en que está redactada la citada disposición se presta a diversas interpretaciones, que sólo podrán favorecer a los que procedan de mala fe. Contra ella, además, han reclamado las personas peritas en negocios mercantiles, solicitando su absoluta derogación. No cabe condenación más explícita de una doctrina que se opone también a la práctica mercantil de los tiempos modernos, sobre todo en las plazas de mayor movimiento comercial. El proyecto, fundado en todas estas consideraciones, ha prescindido de la doctrina vigente sobre la aceptación tácita, y en su consecuencia, sólo reconoce la expresa y formal puesta en la misma letra.
No obstante este principio general, el Proyecto admite en algún caso una especie de aceptación forzosa o ficta. Sabido es que en el comercio ocurre con mucha frecuencia que el librador remite directamente una letra a una persona, bien para que la acepte, si es a su cargo, bien para hacerla aceptar, si es a cargo de un tercero, pero debiendo conservarla en su poder a disposición de otro ejemplar o copia. El receptor cumplirá su cometido en los términos que proceda; pero el Código vigente guarda un absoluto silencio sobre la responsabilidad en que incurre aquél respecto del librador en cuanto a la aceptación se refiere. Para suplir este vacío, dispone el Proyecto que si el receptor diere aviso por escrito al librador de haber sido aceptada la letra, quedará responsable de su importe, en los mismos términos que si la aceptación apareciera formulada en la propia letra, tanto respecto del librador como de los endosantes, aun cuando no exista tal aceptación o se negase a entregar el ejemplar aceptado a la persona que lo reclame con perfecto derecho.
La aceptación no produce, según el Código actual, todos los efectos necesarios para que sirva de base a las operaciones de descuento, de uso tan general en el comercio, toda vez que permite al que la estampó negarse al pago si en el día del vencimiento averiguase que la letra era falsa, dejando burlados de este modo a los que, fiados en la garantía de una aceptación firmada por persona arraigada y de crédito, han anticipado su valor. Esta disposición es, además de perjudicial, injusta, porque la responsabilidad de haber aceptado una letra falsificada debe recaer en primer término sobre el aceptante, quien, en caso de duda, puede fácilmente asegurarse de su legitimidad dirigiéndose al librador y obteniendo respuesta del mismo; todo en breve tiempo, atendida la rapidez de los actuales medios de comunicación. Si así no lo hiciese y extendiese la aceptación sobre una letra falsificada, la justicia exige que responda de los perjuicios que sufra un tercero por su descuido o negligencia. Por lo demás, el que adquiere una letra aceptada no tiene otra obligación que la de comprobar la verdad o legitimidad de la aceptación, porque de ella ha de partir para apreciar la mayor o menor probabilidad de su pago en el día de su vencimiento. El Proyecto, inspirándose en este criterio, modifica la doctrina del Código, disponiendo que el aceptante sólo podrá excusarse de verificar el pago en el caso de falsedad de la aceptación.
Otra novedad muy importante se introduce en nuestra legislación mercantil en una materia estrechamente relacionada con la aceptación de las letras. Según el Código vigente, cuando en la letra se hubieren indicado otras personas para el pago, el tenedor no puede dirigirse a ellas sino en el caso de no aceptarse o satisfacerse por el librado. De lo cual se sigue que, aceptada por éste, no puede el portador exigir igual aceptación de los indicados en la letra, aun cuando tema fundadamente que no ha de ser pagada a su vencimiento, con notorio quebranto de sus intereses, puesto que ni puede descontarla en la plaza, por el descrédito del librado, ni prevenir a los endosantes y al librador que adopten en tiempo las medidas oportunas en defensa de sus respectivos intereses, y corre el riesgo de perderlos por completo si sobreviniese la quiebra del aceptante, produciendo a su vez la de otras personas comprometidas en la misma operación.
Para evitar tales inconvenientes sólo existe el medio de acudir a los indicados en la letra, por el orden en que aparecen escritos en la misma, antes del vencimiento, exigiéndoles la aceptación para el caso de que no hiciere efectivo su importe el librado, que la había aceptado anteriormente. Esta aceptación supletoria aumentará el valor de la letra, permitirá su negociación sin quebranto y salvará muchas veces los intereses del portador y de los endosantes.
Así se ha comprendido en países esencialmente comerciales como Inglaterra, en donde hace tiempo que se halla admitida y observada esta aceptación condicional o subsidiaria bajo el nombre de protesto de mejor seguridad. Apoyándose en tan autorizado ejemplo, el Proyecto de Código prohíja esta institución salvadora de los derechos de tercero, y en su consecuencia, faculta al portador de una letra aceptada, en el caso de que el aceptante hubiere dejado protestar otras aceptaciones legítimas, para acudir antes del vencimiento de aquélla a los indicados, por el orden en que aparezcan inscritos, en demanda de aceptación, formalizando si la rehusasen el correspondiente protesto.
Sin salir de esta importante materia de la presentación de las letras para su aceptación y cobro, el Proyecto introduce otras modificaciones encaminadas a suplir el silencio o la oscuridad del Código vigente sobre los efectos de la morosidad de los tenedores en hacer dicha presentación. Ofrece duda, con arreglo al Código, si queda perjudicada la letra que no ha sido presentada y protestada en los plazos fijados por haberlo impedido un caso de fuerza mayor, como, por ejemplo, una rebelión armada que interrumpe las vías de comunicación; y el Proyecto, de acuerdo con los principios de derecho, declara explícitamente que el poseedor no pierde su derecho al reintegro cuando una causa superior a su voluntad le hubiere impedido cumplir aquel precepto.
Igualmente la ofrece la naturaleza y extensión de la responsabilidad en que, según el mismo Código, incurren los que remiten las letras de una plaza a otra, fuera de tiempo para presentarlas y protestarlas oportunamente; y el Proyecto la resuelve determinando que éstos serán responsables de las consecuencias que se originen por quedar dichas letras perjudicadas.
Con el objeto de favorecer la circulación de las letras de cambio y de que éstas se paguen a quien tenga perfecto derecho para exigir su importe, el Proyecto adopta muy útiles y provechosas reformas.
Ante todo, atribuye exclusivamente a la autoridad judicial la facultad de acordar el embargo de las letras en todos los casos en que proceda según las leyes, suprimiendo las trabas y restricciones a que la somete el Código vigente, así como la facultad que ahora tiene el pagador de demorar o dilatar el pago a solicitud de persona conocida, con lo cual se cierra la puerta, con ventaja del comercio, a las maquinaciones de intereses bastardos.
En segundo lugar, se concede al portador que no puede acreditar su personalidad en el día del vencimiento y desconfía de la solvencia del pagador, el derecho de exigir el depósito del importe de la letra en un establecimiento público de crédito o en persona en quien ambos se pongan de acuerdo, siendo los gastos y riesgos de dicho depósito de cuenta del que lo solicite.
Y por último, autoriza al aceptante, cuando se le exija el pago por un ejemplar distinto del de la aceptación, para rehusarlo, pues si lo efectuase continuará en la obligación de abonar el importe de la letra al legítimo tenedor de ella, que se presume ser el portador del ejemplar en que consta la aceptación; ni aun ofreciendo fianza el portador de aquel ejemplar, a satisfacción del aceptante, podrá éste ser compelido al pago. Mas como desde el momento en que se ofrece la fianza hay fundado motivo para suponer que el ejemplar de la aceptación no existe o ha sufrido extravío, ignorándose su paradero, la resistencia del aceptante a verificar el pago bajo garantía no parece ya justificada, no siendo extraño por lo mismo que inspire a su vez desconfianza al portador, que tales pruebas ofrece de su buena fe. Comprendiéndolo así, el Proyecto autoriza a éste para exigir del aceptante el depósito del importe de la letra en establecimiento público o en persona de su mutua confianza o designada por el Tribunal, formalizando en caso de negativa el oportuno protesto, del mismo modo que si se negare al pago sin motivo alguno. Por lo demás, la fianza prestada por el que se crea legítimo dueño de una letra para percibir su importe, en todos los casos que no pueda presentar el ejemplar por el cual debe pagarse, sólo subsistirá y producirá sus efectos mientras éste no se presente o no haya cumplido el término fijado para la prescripción de las acciones que nacen de las letras de cambio, quedando cancelada de derecho en el momento en que se realice uno de estos dos hechos.
Por lo que mira a los protestos de las letras, la experiencia, que es guía seguro para el legislador, ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar la doctrina vigente en algunos puntos y de completarla en otros no previstos en el Código.
Desde la hora ordinaria en que comienzan los negocios, hasta las tres de la tarde, que es el plazo señalado actualmente para practicar los protestos, no hay espacio suficiente para formalizar y ultimar estos actos en las plazas mercantiles de alguna importancia, en las que suele ser frecuente que un mismo notario se vea obligado a extender varios protestos en un solo día. Por eso se amplía aquel plazo hasta la puesta del sol, con lo cual tampoco se causa ningún perjuicio, toda vez que, según el Código, hasta ese momento no puede hacerse uso ninguno de la diligencia del protesto, estando prohibido al notario autorizante entregar el testimonio del mismo y las letras protestadas antes de aquella hora.
De injusta se ha calificado, y con fundamento, la disposición del Código que impone en términos absolutos al que rehúsa la aceptación o pago de una letra la responsabilidad de los gastos y perjuicios consiguientes al protesto, porque la negativa del librado puede fundarse en causas legítimas, como carecer de fondos pertenecientes al librador, no acreditar el portador su personalidad y otras semejantes. Según los principios de derecho, aquellos gastos y perjuicios deben recaer exclusivamente sobre la persona que por su culpa dio lugar a ellos, ya sea el librador, los endosantes, el librado o el mismo portador, y así lo declara el Proyecto.
El carácter que la legislación administrativa moderna atribuye a los Alcaldes se opone a que se entiendan con ellos las diligencias del protesto cuando es desconocido el domicilio del librado. Además, tratándose de relaciones de derecho privado, parece más adecuada la intervención de un particular de suficiente arraigo que la de una autoridad que tiene a su cargo importantes y asiduos deberes que ocupan constantemente su atención. De aquí la disposición del Proyecto, sustituyendo la personalidad del Alcalde por la de un vecino con casa abierta, que se procurará sea el más próximo al domicilio actual del librado o al que últimamente se le hubiere conocido.
Por último, el Código vigente ordena que en el protesto se harán constar las contestaciones que dieren las personas indicadas a los requerimientos que se les hagan por la negativa del librado a la aceptación y pago de la letra; pero ni distingue las indicaciones hechas para la misma plaza de las que se hicieren para plaza diferente, ni fija el término dentro del cual debe practicarse el protesto a que diere lugar, en cada una de dichas circunstancias, la negativa de las personas indicadas. El Proyecto llena este importante vacío que se advierte en la legislación vigente por medio de disposiciones tan justas como equitativas, de acuerdo con la verdadera naturaleza de las operaciones mercantiles.
También han sido objeto de reforma los preceptos del Código acerca de las acciones ejecutivas que nacen de las letras de cambio, requisitos y documentos necesarios para entablarlas y excepciones que contra las mismas pueden oponerse. Consisten las reformas introducidas en conceder al librador acción ejecutiva contra el aceptante para compelerle al pago de la letra; distinguir las acciones que puede entablar el portador contra el librador, endosante y aceptante para el pago o reembolso de la letra, de las que le corresponden para exigir el afianzamiento o el depósito de su importe; dispensar al mismo portador de la necesidad de acompañar la letra con la demanda ejecutiva en que reclame dicho afianzamiento, por la imposibilidad que existe en la mayoría de los casos de llenar este requisito prevenido en la legislación vigente, y por último, referirse a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a las excepciones admisibles en los juicios ejecutivos promovidos por consecuencia de las letras de cambio.
Termina el Proyecto este importantísimo Título con las disposiciones relativas a la formación de la cuenta de la resaca, que reproducen sustancialmente la doctrina vigente, modificándola sólo en un punto de bastante interés para el comercio. Según el Código, el recambio fijado por el que expide la resaca permanece inalterable hasta la extinción de la misma. Este precepto ocasiona dificultades y perjuicios de alguna monta, que nacen de la contradicción en que se hallan las manifestaciones de la vida comercial y la Ley, que debe procurar garantizarlas dentro de la justicia. Por efecto del gran incremento que en nuestra época ha tomado el comercio de giro de letras, negociándose una misma letra en diferentes plazas, a veces muy distintas de la de su expedición, el recambio fijado por el que libra la resaca aumenta o disminuye según el curso corriente entre las diferentes plazas que ha de recorrer hasta llegar a la persona que debe satisfacerla, cuyo aumento o disminución suele ser de bastante cuantía en las letras que tan frecuentemente se negocian en nuestra Península, giradas desde nuestras provincias y posesiones de Ultramar. Los principios jurídicos en que descansa la letra de cambio exigen que este aumento o disminución en el recambio sean de cuenta de la persona contra quien se ha girado la resaca, y de ningún modo de los que se limitan a cumplir como corresponsales las órdenes que reciben. Sin dejar de ser, por lo tanto, uno solo el recambio que soporte en definitiva el librador o endosante de la letra protestada a cuyo cargo se expida la resaca, cabe establecer el modo de que las alteraciones del recambio recaigan exclusivamente sobre dichas personas.
A este fin, dispone el Proyecto que si bien sólo debe abonarse un recambio, el importe de éste se graduará aumentando o disminuyendo la parte que a cada uno corresponda, según que se negocien con prima o descuento los efectos de comercio girados sobre la misma plaza en que ha de pagarse la resaca.
Con esta disposición, inspirada en los principios de justicia, se satisface una necesidad sentida y manifestada por cuantos se dedican al comercio y giro y descuento de letras.
Libranzas y mandatos de pago llamados cheques

La principal novedad que contiene este Título del Proyecto consiste en las disposiciones sobre un efecto de comercio de creación moderna, que importado de Inglaterra, donde empezó a usarse con el nombre de «check», y aceptado por otras naciones de Europa y de América, ha sido adoptado en España por las Sociedades mercantiles que se dedican, entre otras operaciones, a admitir depósitos de numerario en cuenta corriente.
Los talones al portador que entrega el Banco Nacional, o de España, a los que tienen cuentas corrientes para que puedan retirar parcialmente, y a medida que los necesiten, los fondos que han depositado, y los mandatos de transferencia que igualmente les entrega para que abonen dichos fondos a otro interesado que también tiene cuenta corriente, no son otra cosa que verdaderos cheques. La misma calificación merecen los documentos que facilitan los diferentes Bancos y Sociedades mercantiles a los particulares que depositan en las cajas de estos establecimientos metálico o valores de fácil cobro, a fin de que mediante dichos documentos puedan retirar las sumas que sucesivamente vayan necesitando. Y de igual modo deben considerarse como cheques, bajo una forma imperfecta, las libranzas, órdenes y mandatos expedidos por el dueño de cantidades realizadas y existentes en poder de su apoderado, administrador o corresponsal, para que entregue el todo o parte de ellas a persona determinada.
Aunque todos los indicados documentos participan en mayor o menor grado de la naturaleza jurídica de nuestras libranzas, se separan de ella en tantos puntos, que hacen difícil, si no imposible, el que se rijan por las disposiciones del Código sobre estos efectos comerciales, sin que tampoco les sea aplicable el derecho común, que carece de reglas adecuadas para ordenar y garantir jurídicamente los nuevos instrumentos mercantiles. Sólo en los Estatutos y Reglamentos de los Bancos y Sociedades anónimas se encuentran algunas reglas que fijan los requisitos y efectos de aquellos documentos. Pero ni alcanzan la fuerza obligatoria de los preceptos del legislador ni extienden su aplicación más allá de las relaciones particulares de cada uno de aquellos establecimientos, siendo, aun dentro de este pequeño círculo, notoriamente deficientes. Natural es que sufra graves perjuicios toda manifestación de la vida económica que no está amparada por el Derecho.
Y aunque en nuestro país el uso de los cheques no ha tomado el extraordinario y creciente desarrollo que alcanza en otras naciones, y principalmente en Inglaterra en donde las operaciones sobre esta clase de valores verificadas en un solo día en la plaza de Londres representan centenares de millones de pesetas, hay que confesar, sin embargo, que viene en aumento desde hace algunos años el empleo de aquellos documentos, especialmente de los que se libran por los depositantes de metálico en cuenta corriente, a consecuencia de la costumbre, cada día más general entre los comerciantes, industriales y propietarios territoriales, y aun Compañías mercantiles, de llevar sumas procedentes de sus ganancias o rentas a las cajas del Banco Nacional o de los Bancos y Sociedades locales, en vez de conservarlas en su poder expuestas a riesgos y totalmente estériles e improductivas.
Urge, por consiguiente, sustraer estos nuevos instrumentos de comercio de la incertidumbre y versatilidad de la práctica y darles fijeza mediante preceptos claros y precisos que determinen sus requisitos, condiciones y efectos. Y comprendiéndolo así, la Comisión revisora del Proyecto ha incluido en el título de las libranzas una sección especial, destinado a consignar la doctrina legal sobre los cheques, la cual, por constituir realmente una importante novedad en nuestro derecho tradicional, expondrá el Ministro que suscribe con algún mayor detenimiento, indicando al propio tiempo los fundamentos en que descansa.
Dos son los fines económicos que principalmente se consignan con el uso de los cheques en las naciones donde son conocidos, particularmente en Inglaterra y en los Estados Unidos de América: Primero: poner en circulación el numerario metálico fiduciario que, pendiente de inversión, conservan los particulares improductivo en sus cajas, con ventaja para éstos y para la riqueza general del país. Segundo: disminuir el trasiego de la moneda metálica o fiduciaria dentro de la misma población y de una plaza a otra, ya haciendo las veces de billete de Banco, ya facilitando la liquidación de deudas y créditos ciertos y efectivos que tengan entre sí varios comerciantes o banqueros, compensándose mutuamente los cheques que se hallen expedidos a favor de uno con los que resulten girados contra el mismo, por la mediación de ciertas oficinas o establecimientos creados al efecto.
Mas el logro de cualquiera de estos dos fines supone necesariamente la existencia de cantidades en metálico o valores realizados en poder de la persona contra quien se libra el cheque. Por eso la nota fundamental y característica de este instrumento consiste en la previa provisión de fondos de la pertenencia real y efectiva del librador en poder del librado, en virtud de la cual puede aquél disponer del todo o parte de los mismos en favor de persona determinada o del simple portador del documento. Y en esto también se diferencia el cheque de la letra de cambio y aun de la libranza, las cuales no requieren la previa provisión en el momento de su expedición, bastando que se verifique más tarde, antes o después de la aceptación o pago. Por eso el Proyecto impone al librador de un cheque la obligación de tener hecha anticipadamente provisión de fondos en poder del librado, añadiendo que esos fondos, además, deben estar disponibles a favor de aquél. Sobre este punto conviene advertir que según la costumbre adoptada por todos los Bancos y establecimientos de crédito, se consideran disponibles las cantidades entregadas en metálico y los valores ya realizados.
De la necesidad de la previa existencia de fondos en poder del librado se sigue que el cheque sea pagadero en el acto mismo de la presentación, o sea a la vista, lo cual constituye otra nota característica que le distingue de las letras de cambio y de las libranzas a la orden. Teniendo el cheque por objeto retirar del librado una suma, no sólo existente en su poder, sino completamente a disposición del librador, no hay razón ni motivo para conceder al primero plazo alguno para entregar una cantidad que no le pertenece y que se presume debe tener interés en devolver para librarse de responsabilidad. Por eso también el Proyecto dispone que el cheque se pague en el momento de ser presentado al librado.
Mas para que este documento pueda llenar los fines económicos arriba indicados, es de todo punto indispensable que se facilite su circulación hasta equipararla con el billete de Banco, al cual sustituye en las transacciones mercantiles, y aun en las comunes o privadas, no sólo dentro de la misma población, sino de una plaza a otra.
La facultad de girar sobre un lugar distinto del domicilio del librador responde al doble objeto que tienen los cheques, pues no sólo sirven para retirar los fondos depositados en cuenta corriente y disponer de los que el librador tenga en poder de sus apoderados, administradores o corresponsales o de cualquiera otra persona, procedentes de la cobranza de rentas, venta de inmuebles y realización de géneros o efectos comerciales, sino que hacen las veces de instrumentos de liquidación entre Sociedades y banqueros residentes en diversas poblaciones, mediante la compensación que establecen los que son tenedores y librados mutuamente. Fundado en esas consideraciones, el Proyecto autoriza la expedición de estos documentos dentro de la misma población de su pago o en lugar distinto, bien a favor del portador, bien a nombre de persona determinada o a su orden. Este último modo de expedir los cheques es una consecuencia lógica de la facultad de girarlos sobre domicilio distinto del librador, pues de lo contrario encontraría éste muchas dificultades para que la persona determinada a cuyo nombre estuviese expedido el cheque lo hiciese efectivo por sí o por mandatario, presentándolo al cobro en la residencia del librado cuando fuere distinta de la del librador.
Aunque en interés del tenedor de un cheque está hacerlo efectivo en el término más breve posible, para ponerse a cubierto de las contingencias a que puede dar lugar la dilación en el cobro, entre otras la insolvencia del librador o del librado, y aunque al acreedor corresponde por regla general elegir el momento en que le convenga realizar su crédito cuando ésta ha vencido, la índole de las operaciones mercantiles a que van unidos los cheques no consiente que el tenedor de los mismos los presente al cobro cuando le plazca. Su negligencia perjudicaría, además, al librador, en el caso de que los fondos, cuya provisión tenía hecha de antemano, desapareciesen por la insolvencia del librado. Por otra parte, la naturaleza y fines del cheque se oponen a que tenga por largo tiempo circulación, porque ésta convertiría en instrumento de crédito al que es tan sólo y exclusivamente de pago y liquidación. Por eso la mayoría de las legislaciones extranjeras señalan un plazo breve, dentro del cual debe el tenedor de un cheque presentarlo al cobro, y el Proyecto, conformándose con lo establecido en las mismas, y teniendo en cuenta la práctica seguida en nuestro país, ha fijado en cinco días el plazo para la presentación de los cheques librados sobre la misma población, en ocho si lo fueren en otra distinta y en doce para los librados desde el extranjero sobre cualquier punto de la Península.
Como única sanción de este precepto, se impone al tenedor negligente la pérdida de las sanciones que le competan contra los endosantes, pero no contra el librador, a no ser que éste perdiese la provisión de fondos por la quiebra sobrevenida al librado después de transcurrido aquel plazo.
Y a fin de que en todo tiempo conste que el tenedor ha percibido el importe del cheque dentro de los indicados plazos, exige el Proyecto que aquél estampe en el recibí puesto en el mismo documento su nombre y la fecha del pago.
Admitida la expedición de cheques sobre domicilio distinto del del librador, hay necesidad de adoptar algunas precauciones para evitar que caigan en poder de personas distintas de aquellas a quienes se envía, y que los detentadores puedan, en su caso, hacer efectivo su importe. Entre estas precauciones, el Proyecto ha elegido la establecida hace tiempo en Inglaterra, y que consiste en que el librador o cualquiera de los portadores sobrescriban al través el nombre de un banquero de la misma población o las palabras y Compañía, de donde viene el llamar a los cheques con esta adición, cruzados. Este sobrescrito produce el principal efecto de exigir la intervención del banquero indicado o de una Compañía legalmente constituida para el pago del cheque, de tal suerte que el pago verificado en otra forma no le será abonado en cuenta al librado. Por este medio tan sencillo, los detentadores de los cheques encontrarán graves dificultades para hacerlos efectivos, los libradores obtendrán mayor garantía, en caso de pagarse indebidamente, y el público en general, grandes facilidades para la circulación de estos efectos, que podrán transmitirse sin los inconvenientes y con todas las ventajas del verdadero endoso.
Por lo demás, la pérdida o extravío de un cheque no autoriza al desposeído para exigir del librador la expedición de segundo o ulteriores ejemplares, como sucede respecto de las letras de cambio, lo cual no se opone a que adopte cuantas precauciones considere oportunas, y entre ellas la de dar el oportuno aviso al librado y exigir del librador otro nuevo cheque por igual suma que el extraviado, el cual quedará inutilizado en caso de presentarse por persona ilegítima. Para evitar todo género de dudas, el Proyecto prohíbe terminantemente la expedición de duplicados sin recobrar previamente los originales y obtener la conformidad del librado.
Antes de terminar el Ministro que suscribe la exposición de los motivos o fundamentos en que se apoya la doctrina del Proyecto sobre los cheques, le interesa dejar consignadas dos importantes declaraciones que se deducen explícitamente del texto de los artículos. Es la primera, que el Proyecto, separándose de la legislación matriz en esta materia, que es la inglesa, no limita, como ésta, la facultad de librar los cheques contra una clase especial de comerciantes, sino que, por el contrario, sigue el ejemplo y la autoridad de las legislaciones angloamericana y francesa, que tampoco establecen aquella limitación. Tal vez, considerado este punto conforme a los principios económicos, merece la preferencia el sistema inglés. Mas no hay que olvidar que este sistema requiere dos condiciones esenciales, que son a saber: la existencia de numerosos y sólidos Bancos de depósito y la costumbre general en el país de utilizarlos como mediadores para todas las operaciones comerciales o civiles, condiciones ambas que no encuentra el legislador establecidas en nuestra Nación y que tampoco puede crear por su sola voluntad. Es la segunda, que los cheques extendidos con todos los requisitos prescritos en el Proyecto, aunque no se libren entre comerciantes ni procedan de operaciones mercantiles, constituyen siempre actos de comercio, y en su virtud, deberán regirse por las disposiciones que a ellos dedica especialmente el nuevo Código, y por las que el mismo contiene sobre las letras de cambio en cuanto a la garantía solidaria del librador y endosante, al protesto y al ejercicio de la acción ejecutiva, cuyas disposiciones declara expresamente el Proyecto aplicables a los indicados documentos.
Efectos al portador

El título que bajo este epígrafe comprende el Proyecto es enteramente nuevo, y tiene por objeto consignar, de acuerdo con una de las bases del Decreto de 20 de septiembre de 1869, las prescripciones generales y comunes a los diversos efectos comerciales expedidos a favor de persona indeterminada, o sea al mero tenedor o portador de los mismos.
Varias son las clases de documentos que, según el Proyecto, pueden emitirse al portador: acciones de Sociedades, obligaciones, simples o hipotecarias expedidas por Corporaciones, Compañías o particulares, billetes de Banco, resguardos de almacenaje, cartas de porte, libranzas a la orden, cheques y conocimientos. De cada una de ellas se trata separadamente en sus respectivos lugares, fijando como es natural la doctrina jurídica por que deben regirse así en cuanto a su transmisión, como en el modo de hacer efectivos los derechos a que dan origen, en armonía con la índole de las operaciones comerciales de que proceden.
Mas, aparte de lo propio y peculiar de cada una de las especies de documentos al portador, hay cosas que convienen a todos ellos indistintamente, como consecuencia de los principios jurídico-económicos de esta moderna institución, que tanto se ha generalizado en las naciones más cultas, con provecho del comercio y de los particulares. De aquí la necesidad de reunir en un solo título las prescripciones o reglas comunes a los diversos efectos al portador, cualquiera que sea su denominación, ya sean conocidas actualmente, ya puedan crearse en lo por venir, cuyas reglas vendrán a ser al mismo tiempo como la legislación complementaria o supletoria de la establecida para cada documento en particular en lo que no sea contrario a la misma.
Antes de entrar en la exposición de estas prescripciones comunes, el Proyecto, de acuerdo también con las bases de la nueva Codificación mercantil, declara expresamente que las libranzas a la orden entre comerciantes y los vales o pagarés a la orden procedentes de operaciones de comercio podrán expedirse al portador, con lo cual se deroga el Código vigente, que prescribe todo lo contrario.
En virtud de esta facultad, las Sociedades y los particulares quedan autorizados para emitir toda clase de documentos de crédito al portador, sin garantía o con ella, gozando estos últimos mayores prerrogativas en lo que toca a su negociación, transmisión y reivindicación.
Consignada esta importante novedad que se introduce en la legislación vigente, y descendiendo al examen de las prescripciones comunes a los efectos al portador, la primera que se ofrece a nuestra consideración es la que determina cuándo traen aparejada ejecución estos documentos. Según el Proyecto, las libranzas, vales o pagarés alcanzan este carácter desde el día de su vencimiento, y todos los demás efectos al portador, como billetes de Banco, acciones y obligaciones de Sociedades, títulos de la Deuda del Estado, de la Provincia o del Municipio, y cualesquiera otros emitidos por particulares, también desde el día del vencimiento, y cuando no le tuvieren señalado, en el acto de su presentación, si la entidad deudora se negase al pago.
Mas como, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, para despachar la ejecución se requiere que conste de una manera indubitada la autenticidad del título, y es distinta la forma en que se emiten los efectos al portador, pues unos revisten la de documentos privados, como las libranzas y pagarés, y otros ostentan el carácter de efectos públicos cotizables en Bolsa, el Proyecto ha establecido distintos medios para acreditar la autenticidad de cada uno de dichos efectos, en armonía con la forma respectiva de la emisión. En su consecuencia, para los primeros exige tan sólo el reconocimiento de la firma del responsable a su pago, quedando subsistente para los segundos, cuando son talonarios, que es lo general, el requisito de la confrontación de los mismos con las matrices prescrito en la Ley de Enjuiciamiento.
Esta confrontación, de la que deriva y arranca toda la eficacia y valor legal de los efectos al portador, talonarios, que son los más numerosos e importantes, no debe quedar a merced de la entidad deudora, como sucede en la actualidad, por el mero hecho de ser ella la que custodia y conserva las matrices de los efectos emitidos. No parece el deudor el más interesado en la custodia de lo que constituye la única prueba de la obligación que ha contraído; antes bien, hay el peligro de que suscite dificultades al acreedor cuando éste pretenda verificar la confrontación de los efectos vencidos, por lo cual la conservación de las matrices en poder de la Compañía o entidad deudora ofrece una verdadera anomalía en el orden jurídico.
Por eso dispone el Proyecto, según se dijo al tratar del Registro Mercantil, que una de la matrices de los efectos al portador se depositará previamente en el Registro, sin cuyo requisito ni podrán inscribirse las emisiones de tales efectos verificadas por Compañías o particulares ni aquéllos gozarán de los beneficios que el nuevo Código atribuye a la inscripción. La confrontación no sufrirá entonces obstáculo ni entorpecimiento alguno, y podrá tener lugar en el momento en que a los portadores de tales efectos les convenga.
Otra de las prescripciones comunes a esta clase de documentos consiste en ser transmisibles por la simple tradición de los mismos, sin necesidad de acreditar la legitimidad de la adquisición, en lo cual estriba precisamente su naturaleza jurídica y el fin económico de esta novísima institución.
El fundamento de la introducción y desarrollo que han tomado los títulos al portador consiste precisamente en que la simple detentación del título constituye la única prueba de que el tenedor es su verdadero dueño, facilitando y simplificando de este modo la transmisión y circulación de los valores comerciales sin temor a evicción alguna. En interés de la más rápida circulación de la riqueza, se ha prescindido de toda justificación para acreditar el título con que se poseen los efectos al portador, reputándose, en su virtud, como legítimo y único dueño al que es simple detentador del documento. Mas esto es una mera presunción, establecida con un fin exclusivamente económico. Así, por ejemplo, si la tradición se verificó a título de depósito o de prenda, quedará a cargo del transmitente acreditar esta circunstancia. Y lo mismo sucederá si perdió la posesión del documento y pasó éste a manos de un tercero contra su voluntad. En todos estos casos, probada la ilegitimidad de la tenencia o posesión, el detentador vendrá obligado a restituir el documento a su verdadero dueño.
Por eso no basta facilitar la transmisión de esta clase de riqueza mueble; importa, además, dar seguridad al que la adquiere, por justo título y de buena fe, de que no será desposeído de ella por un tercero. De aquí la necesidad de exigir requisitos y condiciones externas para la adquisición de aquellos efectos comerciales al portador que son susceptibles de una contratación individual y pública, a fin de poner a cubierto al adquirente contra toda reclamación procedente de cualquiera persona que se considere con derecho a la propiedad de los efectos transmitidos; necesidad que trató de satisfacer la Ley de 30 de marzo de 1861 sobre irreivindicación de dichos efectos, aunque sin conseguirlo de una manera completa. Para demostrarlo, bastará recordar que no extendía sus beneficios más que a los efectos públicos, y no a todos, sino sólo a los que se negociaban en las contadas poblaciones donde existe Bolsa, con lo cual se privaba de tan importantes beneficios a los efectos emitidos por particulares y a la inmensa mayoría de los españoles.
Con el objeto de poner remedio a los inconvenientes que ocasionaba la aplicación de dicha Ley, se dictó la de 29 de agosto de 1873, que la modificó, extendiendo los beneficios de la irreivindicación a toda clase de documentos al portador, ya se adquieran mediando Agente colegiado, ya con intervención de Notario o de Corredor de comercio en los pueblos donde no hubiere Bolsa. Novedad esta última muy importante, porque merced a ella gozan de iguales ventajas y seguridad los tenedores residentes en los pocos pueblos donde hay Bolsa que los que viven en los restantes del reino, y que se funda en las mismas razones que abonan la irreivindicación de las transmisiones hechas en Bolsa, las cuales consisten en quedar garantido el tenedor legítimo contra la clandestinidad de la enajenación, por medio de la intervención de un funcionario público, responsable de la identidad de los contratantes y de la validez de la negociación de títulos extraviados o sustraídos después de formalizada la correspondiente denuncia.
A pesar de la reforma hecha en la Ley de 1861 por la de 1873, queda, sin embargo, abierta la puerta a las reclamaciones de un tercero, en virtud de la facultad que le concede aquella Ley para discutir y probar la mala fe del comprador; y como esto constituye una traba para la rapidez con que deben circular estos valores, y sobre todo para obtener la seguridad en el dominio de los adquiridos, el Proyecto, después de reproducir sustancialmente la doctrina de la Ley de 30 de marzo de 1861, reformada, presume siempre la buena fe en el tenedor legítimo, salvo en un solo caso, que es a saber: cuando adquirió en Bolsa y con intervención de Agente títulos que hubiesen sido denunciados a la Junta Sindical como hurtados o extraviados.
Finalmente, otra de las prescripciones comunes a los efectos al portador, si no a todos, a la gran mayoría de ellos, consiste en facilitar a sus legítimos tenedores los medios de precaverse contra la destrucción, la pérdida o la sustracción de los mismos, a que tan expuestos se hallan por su misma naturaleza, con gravísimo e irreparable daño de sus poseedores; materia ésta completamente nueva en nuestra legislación, y que hasta ahora viene rigiéndose por algunas disposiciones aisladas y por los estatutos y prácticas de los Bancos y demás establecimientos de crédito que emiten semejantes valores.
Siguiendo el camino trazado por otros países que recientemente han llenado este vacío que se notaba en la legislación mercantil, el Proyecto concede al legítimo tenedor de un documento que lo ha perdido a consecuencia de extravío, sustracción, incendio u otro accidente, los medios necesarios para impedir que el detentador haga efectivo el crédito que representa, cobrándolo de la entidad deudora o negociándolo en Bolsa, y para conseguir un duplicado del documento extraviado o destruido, con el cual pueda realizar los mismos beneficios que con el original. De cada uno de estos medios dará sucinta idea el Ministro que suscribe, absteniéndose de justificar detalladamente las disposiciones que acerca de este punto contiene el Proyecto, por ser demasiado evidente el fundamento en que descansa y para no fatigar con exceso la atención de las Cortes.
Como lo primero que ha de procurar el desposeído es impedir que, habiendo vencido la obligación principal o el pago de sus intereses o cupones, el detentador perciba aquélla o éstos válidamente de la entidad deudora, el Proyecto determina el procedimiento que debe seguir el desposeído en este caso, cuyos trámites son, en resumen, los siguientes: denuncia del hecho de la desposesión al Tribunal competente; publicación de la denuncia en la Gaceta y periódicos oficiales; señalamiento de un corto término para que el tercer detentador sea oído; requerimiento a la entidad deudora que emitió el título para la retención de todo pago que corresponda efectuar por razón del capital o intereses; audiencia del Ministerio público, y fijación de plazos breves para que los terceros puedan entablar sus reclamaciones. Transcurridos los plazos, y no antes, la personalidad deudora podrá hacer los pagos al denunciante sin incurrir en responsabilidad alguna, a menos que hayan de suspenderse por la presentación del tercero hasta que decidan los Tribunales, en el correspondiente juicio, sobre la propiedad de los títulos.
Mas al propio tiempo que el desposeído frustra, mediante este procedimiento, los propósitos que pueda abrigar el detentador ilegítimo respecto de la entidad deudora, conviene que con igual presteza haga fracasar los que intente respecto de tercero cuando se trate de títulos negociables en Bolsa. Sabido es que el poseedor de efectos adquiridos en Bolsa con intervención de Agente colegiado disfruta del beneficio de la irreivindicación contra el verdadero propietario, el cual, por este mero hecho, queda despojado definitivamente del dominio de los títulos o documentos que perdió o le fueron sustraídos. Para establecer esta prescripción instantánea, el legislador ha partido del supuesto de que no se ha formalizado reclamación alguna en la Bolsa contra la propiedad de los títulos negociados, de lo cual viene a dar perfecto testimonio el Agente que interviene en la operación. De aquí, por consiguiente, la necesidad en que se encuentra el propietario desposeído de presentar la oportuna reclamación ante la Junta Sindical del Colegio de Agentes en el momento mismo en que hubiere ocurrido el suceso que le privó de la posesión de los títulos, pues una vez presentada la denuncia y hecha pública, los Agentes deben abstenerse de toda operación que verse sobre los títulos denunciados hasta que los Tribunales pronuncien su fallo. Las enajenaciones y gravámenes posteriores a la publicación de la denuncia serán nulos, porque el tercer adquirente ha debido tener conocimiento de la reclamación del verdadero propietario por conducto del Agente, que para este efecto se reputa su mandatario, y en su consecuencia, se presume adquirente de mala fe, sin poder utilizar, por tanto, el beneficio de la irreivindicación contra el desposeído, el cual recobrará sus títulos si prueba que realmente le pertenecen.
Pero si el Agente colegiado ocultó a su cliente la denuncia presentada, por malicia o negligencia, justo es que responda de los perjuicios que sufrió éste a consecuencia de declararse nula la adquisición o gravamen de los títulos denunciados, y además, de la suma que hubiere entregado como precio de la venta o como capital del préstamo celebrado con garantía de los mismos, cuya responsabilidad se hará efectiva sobre la fianza del Agente y sobre todos sus bienes.
Tales son los dos recursos o procedimientos que el Proyecto otorga al legítimo tenedor que hubiere sido desposeído de sus títulos por fuerza mayor o accidente fortuito, para impedir que el detentador perciba el capital o intereses de la entidad deudora o los negocie en Bolsa transmitiéndolos a un tercero de un modo irrevocable. El desposeído puede intentar cualquiera de estos dos procedimientos, o ambos a la vez en la misma denuncia, en cuyo caso se observarán también las reglas establecidas para cada uno.
Aun estos mismos procedimientos se simplifican notablemente cuando el desposeído hubiese adquirido los títulos en Bolsa, pues ante la simple denuncia, acompañada de la certificación del Agente que exprese los títulos o efectos extraviados de manera que resulte comprobada su identidad, la entidad deudora o la Junta Sindical procederán como si el Juzgado les hubiere notificado la admisión de la denuncia, si bien deberá ratificarla éste dentro del término de un mes, ordenando la retención del capital o intereses vencidos de los títulos o prohibiendo su negociación.
Con tales prescripciones, si por un lado se restringen los efectos naturales que produce esta moderna institución, cuya teoría fundamental consiste en considerar como prueba legal de la adquisición del título el hecho material de poseerlo, por otro lado se evita, hasta donde es legalmente posible, que obtenga todas las prerrogativas del verdadero dueño el usurpador o mero detentador.
Por último, como no sería justo que el desposeído quedase privado de uno de los efectos más importantes de los títulos al portador, que consiste en la transmisión o negociación de los mismos, mientras llega la época de su vencimiento, que suele ser, generalmente, a plazos bastante largos, dispone el Proyecto, con mucha justicia, que transcurridos cinco años desde la publicación de la denuncia en los periódicos oficiales o en la Bolsa sin haberse presentado ningún tercer opositor, declarará el Tribunal la nulidad del título sustraído o extraviado, ordenando a la personalidad deudora que lo suscribió la expedición de un duplicado a favor del que resultare ser su legítimo dueño, cuyo duplicado producirá los mismos efectos que el título primitivo.
Antes de terminar esta materia, conviene advertir que las anteriores disposiciones sobre extravío o sustracción de los títulos al portador no son aplicables a los billetes del Banco de España ni a los de la misma clase que se emitieren en lo sucesivo por establecimientos sometidos a igual régimen, por tener la consideración de la moneda metálica, a la cual están económica y jurídicamente equiparados, y tampoco a los títulos al portador emitidos por el Estado, los cuales se rigen por Leyes, Decretos y Reglamentos especiales.
Cartas-órdenes de crédito

Termina el Libro II del Proyecto con un título destinado a estos documentos de crédito, que satisfacen, en menor escala, las necesidades del comercio y de la industria, siendo, sin embargo, muy provechosos para los particulares.
Aunque por punto general el Proyecto reproduce la doctrina del Código vigente sobre esta materia, introduce algunas reformas que, a juicio del Ministro que suscribe, la mejoran notablemente. De éstas, la más radical es la que autoriza al dador de una carta de crédito para anularla en cualquier tiempo, «tempestive seu intempestive», con la única cortapisa de dar conocimiento de ello a las personas a quienes interese. Esta disposición se halla, sin duda alguna, más en armonía con la naturaleza de este documento y con los intereses del comercio que la consignada en el Código actual, que exige para hacer uso de esta facultad que sobrevenga algún hecho que haga dudar fundadamente de la solvabilidad del portador, circunstancia difícil de probar, cuando el que expidió la carta pudiera evitar todavía el riesgo de otorgar un crédito a persona que había perdido su confianza, y que, por otra parte, no puede alegarse sin herir la reputación ajena. El Proyecto atiende al interés del dador de la carta y al crédito de la persona a cuyo favor se expide, la cual tampoco queda privada de toda garantía contra la mala fe de aquél, supuesto que el primero queda responsable de los perjuicios que ocasione, con arreglo a los principios generales del derecho sobre la prestación del dolo.
De igual modo está de acuerdo con el espíritu de la legislación mercantil la disposición del Proyecto que declara anulada la carta de crédito cuando no se ha hecho uso de ella en el transcurso de cierto tiempo, que será el fijado en la misma, o en su defecto, el breve y perentorio señalado por el legislador a dicho efecto, corrigiendo en esta parte, con gran ventaja, el Código vigente, que exige la intervención del Tribunal, con otros requisitos enojosos y molestos, que mantienen por tiempo ilimitado la responsabilidad del dador de la carta y de la persona a cuyo cargo iba expedida.
LIBRO III.

Adquisición, enajenación y gravamen de los buques.

De acuerdo con las bases capitales del nuevo Código, se han introducido numerosas y muy radicales innovaciones en todas las materias que abraza la complicada legislación mercantil marítima.
Comenzando por los principios vigentes hoy sobre la adquisición de las naves, conviene advertir que han desaparecido del Proyecto las prohibiciones impuestas a los extranjeros para adquirir y conservar buques españoles y para hacer el comercio de cabotaje. Prescindiendo de que estas prohibiciones se hallan en oposición con el principio general que declara capaces a los extranjeros para ejercer el comercio libremente y bajo las mismas condiciones impuestas a los españoles, la verdad es que tales prohibiciones, que tienen por principal objeto asegurar un interés público, cual es el que se pretende conseguir por medio de la protección a la industria nacional, no deben tener cabida en un Código de Comercio destinado a fijar y garantizar los derechos privados de los ciudadanos, que nacen de las transacciones mercantiles que celebran. Porque bien examinadas, en su fondo, la disposición del artículo 584 del Código vigente, que prohíbe a los extranjeros adquirir, en todo o en parte, la propiedad de una nave española, debiendo enajenarla si recayere en ellos por título hereditario u otro gratuito, dentro de un breve término, bajo pena de confiscación; la del 590, que sólo permite a los españoles la adquisición de buques de construcción extranjera con la condición de que no medie en el contrato de su adquisición reserva fraudulenta a favor de extranjeros, bajo pena de confiscación; la del 591, que limita el ejercicio del comercio entre puertos españoles, o sea el de cabotaje, a los españoles, con exclusión de los extranjeros, salvo las excepciones hechas en los Tratados; y la del 592, que vuelve a reiterar la prohibición de enajenar embarcaciones de ninguna especie a los extranjeros, se comprende desde luego que constituyen otras tantas medidas, inspiradas en el pensamiento de proteger a los comerciantes españoles y a la marina mercante, impidiendo la concurrencia de los navegantes extranjeros. Estas disposiciones tienden, por consiguiente, a que todo el comercio marítimo español sea ejercido exclusivamente por los nacionales, con absoluta exclusión de los extranjeros, y forman parte integrante de la legislación económica de nuestro país, como lo demuestran las diversas medidas dictadas con posterioridad a la publicación del referido Código hasta el Decreto-ley de 22 de noviembre de 1868, que permitió la introducción en los dominios españoles de toda clase de buques construidos en otro país, y que derogó la prohibición impuesta a los extranjeros para adquirir buques nacionales. Siendo, pues, éste un punto que afecta en primer término a los intereses generales de la Nación, y sobre todo al modo de fomentar una industria como es la de la navegación, materia de suyo expuesta a frecuentes variaciones, y en la cual influyen causas transitorias y accidentales, es evidente que debe quedar excluida de una ley de naturaleza permanente, como es la contenida en el Código de Comercio.
Dejando aparte lo relativo a las personas que pueden adquirir los buques, y entrando a tratar de los modos de adquirir la propiedad de los mismos, ha sido necesario fijar con más precisión la doctrina vigente sobre este punto, poniéndola en armonía con el nuevo carácter que el Proyecto atribuye al Registro Mercantil.
Aunque los buques no pueden dejar de considerarse como cosas muebles, y en este sentido los califica también el Proyecto, concurren en ellos circunstancias que impiden equipararlos de un modo absoluto a los demás bienes de esta clase. De todas las circunstancias que imprimen un carácter especial a los buques, la más notable es la que permite hacer constar su identidad en medio de las diversas transacciones de que pueden ser objeto, al contrario de lo que ocurre en las demás cosas muebles, cuya identidad suele desaparecer por efecto de las modificaciones que sufren y de la mayor facilidad de transformarse y hasta de desaparecer por completo. De estos caracteres físicos que distinguen a los buques de todas las demás cosas muebles nace la distinta condición jurídica de unos y otras. Así es que mientras las cosas muebles se transmiten de palabra o por escrito sin que quede rastro alguno de las personas que sucesivamente las han poseído, llegándose hasta considerar como verdadero y único dueño al que se halla en posesión de las mismas, no ha sucedido lo propio respecto de los buques, que se hallan sometidos a formalidades especiales para la adquisición y transmisión de su dominio y para hacer constar en todo tiempo las personas a quienes han pertenecido y los gravámenes impuestos sobre ellos.
Inspirándose el Proyecto de Código en estos principios, ha modificado la legislación vigente en el sentido de considerar como requisito esencial para la adquisición de buques, el que ésta conste en documento escrito. Y con el objeto de que puedan hacerse efectivas en todo tiempo las responsabilidades que contraigan los propietarios, establece el Proyecto que en el Registro Mercantil se abra un libro especial para los buques, en el cual deberán constar, además de la descripción completa de los mismos, los nombres de los dueños, los cambios que sufran en su propiedad, denominación o en cualesquiera de sus circunstancias esenciales, y la constitución, modificación y cancelación de los derechos reales y demás gravámenes a que se hallen afectos, para lo cual se estimula por medios eficaces la inscripción de todos los documentos en que conste la transmisión, enajenación o gravamen del todo o parte del buque, por cualquiera título o modo que se verifique, ya sea gratuito u oneroso, «inter vivos» o por causa de muerte, atribuyendo tal eficacia a esta inscripción, que mientras el nuevo adquirente de la propiedad o de algún derecho real impuesto sobre el buque no inscriba su título, continuará reputándose para los terceros como dueño absoluto y libre de todo gravamen el que aparezca como tal en el Registro Mercantil.
En consecuencia de esta nueva doctrina sobre la adquisición de la propiedad naval, se han modificado igualmente las disposiciones relativas a la prescripción considerada como uno de los modos de adquirir el dominio de los buques. El Código sólo admite la prescripción en el caso de que el poseedor carezca de título, exigiendo dos requisitos, que son a saber: posesión continua y transcurso de treinta años, pasando desapercibidos para el legislador los requisitos que deben concurrir cuando el poseedor hubiera adquirido el buque, por justo título y de buena fe, de quien no tuviese capacidad o derecho para enajenarlo. Además, el término de treinta años es excesivamente largo, y sobre todo anómalo, tratándose de cosas o bienes que tienen la consideración de muebles. Para suplir aquellos vacíos y rectificar esta gran anomalía en provecho de los intereses del comercio, el Proyecto establece dos distintas prescripciones para la adquisición de buques, una ordinaria y otra extraordinaria. Para la primera se requieren las mismas circunstancias que exige la legislación común para prescribir las cosas muebles en general; son a saber: justo título, buena fe y posesión continua por tres años, con más el requisito de la anotación del título en el Registro Mercantil, con arreglo a los principios fundamentales en materia de inscripción de la propiedad. La extraordinaria tiene lugar siempre que falta el justo título o la buena fe, exigiéndose en estos casos que la posesión haya durado diez años, que es un término más que suficiente para presumir que el verdadero dueño consiente tácitamente en que el poseedor adquiera de una manera irrevocable el dominio del buque, y que tampoco debe ser mayor, atendida la necesidad de dar firmeza y seguridad a las transacciones mercantiles.
Consecuente el Proyecto con el sistema adoptado, impone al vendedor de un buque la obligación de entregar al comprador la certificación del contenido de los asientos inscritos en el Registro, relativos al mismo buque enajenado, hasta la fecha de la venta. Tiene por objeto esta certificación hacer constar en ella la existencia de ciertos créditos a que se hallan afectos, de una manera especial y privilegiada, los mismos buques.
A este fin, se exige que se inscriban en dicha certificación, provisionalmente, para que se formalicen después en el Registro, los documentos que acrediten el valor de los efectos del cargamento vendidos por el capitán para reparar el buque; la parte de precio que no hubiese sido satisfecha al último vendedor; los créditos pendientes de pago por materiales y mano de obra de la construcción del buque, cuando no hubiere navegado, y las cantidades tomadas a la gruesa sobre el casco, quilla, aparejos y pertrechos del buque estando en viaje y antes de regresar al puerto de su matrícula. La inscripción de todos estos efectos en la certificación y en el Registro Mercantil se verificará a instancia de los acreedores o del capitán, según los casos; y para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Proyecto castiga la negligencia de los primeros con la pérdida del carácter privilegiado de sus créditos, y la del segundo, haciéndole personalmente responsable de los créditos perjudicados por su causa.
Con el objeto de garantizar los derechos de tercero, se declara que, vendido un buque, corresponderá el pago de los salarios de la tripulación, salvo pacto en contrario, al comprador o vendedor que haya de percibir los fletes con arreglo a derecho; se exige la citación del consignatario, o del asegurador o de sus representantes, en las diligencias que se practiquen a consecuencia de la arribada de un buque que se inutilizare para navegar, y se fija un procedimiento breve y sencillo para justificar los gastos que hiciere el capitán para aparejar, reparar o avituallar el buque durante el viaje.
Consecuente el Proyecto con la idea de reducir los términos o plazos concedidos para el ejercicio de las acciones que nacen de operaciones mercantiles, limita a tres meses el término de seis señalado a los acreedores que tengan créditos contra un buque que se hubiese enajenado voluntariamente durante el viaje para que puedan entablar y hacer efectivos sus derechos.
Por último, y prescindiendo de otras reformas realizadas en esta materia, conviene consignar que el Proyecto reintegra a los Tribunales españoles en la plenitud de su jurisdicción para embargar las naves extranjeras surtas en puertos españoles, en el mero hecho de omitir la disposición del Código vigente que la limitaba, con lo cual el Proyecto ha seguido el ejemplo de los demás Estados, que tampoco establecen esa limitación en sus Códigos y Leyes mercantiles.
Propietarios de buques y navieros

Varias son las dudas a que dan motivo las disposiciones del Código de Comercio vigente acerca de la naturaleza jurídica que respectivamente ostentan en el comercio marítimo las personas a quienes pertenece el dominio de la nave y aquellas que tienen su exclusiva administración, así como las reglas por que se debe gobernar la asociación que produce el condominio de un buque entre los copartícipes, cuyas dudas ha tratado de resolver el Proyecto procurando inspirarse en los verdaderos principios del Derecho y en la vida real del comercio marítimo.
Sabido es que el dominio de un buque puede pertenecer a cualquiera, ya sea español o extranjero, mayor o menor de edad, aunque no sea comerciante. Todas estas personas tienen aptitud para adquirir y poseer los buques; pero no la tienen igualmente para dirigir la explotación de los mismos, o sea para emplearlos o utilizarlos en especulaciones mercantiles. Por eso, desde los tiempos más antiguos, la costumbre de los pueblos marítimos ha sido poner al frente de todo buque que trata de emprender la navegación una persona caracterizada y adornada de ciertos requisitos, la cual se constituye responsable de todos los actos y operaciones relacionados directa o indirectamente con el mismo buque. Esta persona puede ser el propietario, si quiere y reúne las condiciones legales, o un tercero a quien el primero confiere el mandato o comisión de administrar la nave en su nombre por todo el tiempo que dure el viaje. El Código vigente no determina el carácter jurídico del naviero cuando no es el mismo propietario del buque, cuya omisión subsana el Proyecto, declarando, de acuerdo con los principios del Derecho marítimo, que se entiende por naviero la persona encargada de avituallar y representar el buque en el puerto en que se halle, la cual es el verdadero y único representante de la propiedad del mismo, esto es, de los derechos que tiene el dueño sobre el buque. Queda, pues, con esta declaración resuelta la duda que nacía de la extensión que debía darse a la responsabilidad del naviero y del propietario, la cual limita el Proyecto al valor del buque y demás objetos reputados como accesorios. Este carácter de mandatario que para un negocio concreto y determinado tiene el naviero, lo robustece el mismo Proyecto al autorizarle para gestionar judicial y extrajudicialmente cuanto interese al buque en el viaje para que fue contratado, y al prohibirle que disponga un nuevo viaje, ajuste nuevo flete o asegure el buque sin previo permiso del propietario, so pena de responder de los actos y contratos que ejecutare excediéndose de los límites de su mandato; si bien en cuanto al seguro hay que tener presente que, pudiendo celebrarse por un tercero que no sea el dueño, y tratándose de un acto provechoso para el mismo, producirá todos sus naturales efectos, y además el de responder subsidiariamente el naviero de la solvencia del asegurador, toda vez que obró sin autorización del dueño.
Como consecuencia de la doctrina consignada acerca de la personalidad del naviero cuando es distinta de la del propietario, se declara que ambos responden civilmente de los actos legítimos del capitán y de las obligaciones contraídas por éste para reparar, habilitar y avituallar el buque, siempre que los créditos contraídos se hubiesen invertido en beneficio del buque, y respecto de las últimas, aunque se hubiese excedido el capitán en sus atribuciones, porque esta responsabilidad que se impone al propietario no es más que la aplicación de los principios del derecho común sobre el contrato de mandato y el cuasicontrato de gestión de negocios, con arreglo a los cuales el mandante responde de los actos ejecutados por el mandatario y el dueño viene obligado a indemnizar los gastos hechos por un extraño en provecho suyo.
El Proyecto, al aplicar estos principios, se inspira también en los intereses del comercio marítimo, que quedarán más asegurados ofreciendo a todo el que contrata con el naviero o capitán del buque la garantía real del mismo, cualesquiera que sean las facultades o atribuciones de que se hallen investidos.
Aunque el Código vigente ha comprendido la necesidad de dictar algunas reglas especiales sobre el modo de ejercer los derechos del dominio, cuando éste viene a recaer en varias personas sin haber precedido pacto o convenio especial, son tan insuficientes las disposiciones que consagra a este particular, que quedan sin resolver varias cuestiones relacionadas con la administración de un buque «pro indiviso». La necesidad de llenar este vacío es tanto mayor, cuanto que el condominio de una nave nace con frecuencia de actos en que no se estipula regla alguna, unas veces porque los copartícipes fían a la costumbre establecida las reglas por que han de regirse, como sucede al tratarse de la construcción de un buque, y otras veces porque, sin preceder pacto o contrato alguno, recae la propiedad en varias personas, como acontece en las herencias, concursos y quiebras.
De acuerdo, pues, con los principios del Derecho, declara el Proyecto, en primer lugar, que por el mero hecho de hallarse dividida la propiedad de un buque entre dos o más personas, se presume constituida una Compañía entre los copropietarios; y para que no se dude acerca de la naturaleza jurídica de esta Sociedad tácita o presunta, se declara igualmente que la responsabilidad de cada uno de éstos será en proporción al interés o participación que tengan en el buque, y aun de esta responsabilidad podrán eximirse haciendo abandono, ante notario, de la parte de propiedad que les corresponda. De este principio general se deduce, y así se declara, que en dicha proporción quedarán obligados a las resultas de los actos que ejecute el capitán, a los gastos de reparación del buque y a los demás que fuesen necesarios para la navegación.
En cuanto a la manera de funcionar esta asociación de condueños, si bien el Proyecto reproduce el principio de que prevalecerá el acuerdo de la mayoría, se alteran las reglas para computarla. Según el Código, ésta se constituye por las partes de propiedad del buque que compongan más de la mitad de su valor, lo cual quiere decir por mayoría absoluta, pero sin indicar la manera de fijar o determinar las partes que componen el valor total del buque. El Proyecto subsana esta omisión estableciendo una regla muy sencilla, que consiste en tomar por base la parte menor que corresponde a un dueño, cuya porción mínima dará derecho a un voto, y concediéndose a los demás partícipes tantos votos cuantas sean el número de partes que posean iguales a la menor. Fundándose el Proyecto en que la complicación de los asuntos a que da lugar el dominio y la administración de un buque puede en algunas ocasiones producir tal diversidad de pareceres que sea difícil, si no imposible, obtener en muchos casos mayoría absoluta, lo cual produciría dilaciones y entorpecimientos que al cabo redundarían en perjuicio de todos, ha adoptado el principio de la mayoría relativa, que es más fácil de reunir, y por cuyo medio se logrará imprimir más actividad y decisión a los asuntos.
Para alcanzar estos resultados, es indispensable declarar obligatorios para la minoría todos los acuerdos de la mayoría sobre la gestión y administración del buque, sin que en ningún caso pueda aquélla imponer su ley, como sucede según el Código vigente, que autoriza a un solo partícipe para obligar a los demás a costear la reparación del buque. Sin embargo, como sería injusto obligar a los partícipes a hacer desembolsos de importancia o que no pudiesen realizar, se otorga a los que se opusieron a los acuerdos de la mayoría un recurso que la práctica tiene establecido, y que consiste en renunciar a su participación en el buque, la cual adquirirán forzosamente los demás copropietarios, previa tasación; recurso muy eficaz, por otra parte, para detener e impedir las resoluciones apasionadas o maliciosas de la mayoría. Y con el mismo elevado propósito, se concede a cada partícipe, por mínimo que sea su interés en el buque, el derecho de poner su veto a los acuerdos de la mayoría para enajenar el buque en favor de cierta persona y bajo las condiciones convenidas con la misma. La oposición de un solo partícipe hará ineficaces semejantes acuerdos, pues para ejecutarlos exige el Proyecto la unanimidad de todos los condueños. Cuando no pueda obtenerse y la mayoría persistiere en la enajenación del buque, deberá verificarse ésta en pública subasta.
En los buques cuyo dominio corresponde a diferentes partícipes es de absoluta necesidad el nombramiento de un gestor que haya de representarles con el carácter de naviero, el cual deberá ser elegido por acuerdo de la mayoría de los partícipes, quienes, de igual modo, podrán separarle del cargo cuando lo estimen conveniente. Y con el objeto de llenar otro vacío que existe en el Código vigente acerca de las obligaciones que debe cumplir el naviero cuando termina su cometido, el Proyecto consigna varios preceptos, tomados de los usos y costumbres del comercio marítimo. Con arreglo a estos preceptos, el naviero, a la terminación de cada viaje, rendirá cuenta del resultado del mismo, sin perjuicio de tener siempre a disposición de los asociados los libros y correspondencia; éstos aprobarán o desecharán la cuenta, prevaleciendo el acuerdo de la mayoría, el cual constituirá un título ejecutivo, previo el reconocimiento de las firmas, y en virtud de este acuerdo podrán reclamar el saldo que a su favor resultare, respectivamente, el naviero o los condueños, quedando obligados todos por el que apareciere en contra suya. A los socios que disintieren se les reservan, como es de estricta justicia, las acciones civiles o criminales que les competan, las cuales podrán entablar posteriormente, única compensación que se otorga a los que se consideren víctimas de los abusos de una mayoría dominante y arbitraria.
Capitanes y tripulación de los buques

Las disposiciones que comprende el Código vigente acerca de las personas que tienen a su cargo el gobierno y servicio de un buque han sido objeto de atinadas reformas, las cuales contribuirán, sin duda alguna, a fijar con más claridad la índole de las funciones que desempeñen y a asegurar el fiel cumplimiento de los contratos. Siendo numerosas las modificaciones que introduce el Proyecto en esta parte de la legislación marítima, de suyo casuística y minuciosa, hallándose justificadas la mayoría de ellas por su simple lectura, el Ministro que suscribe se concretará, para no molestar demasiado la atención de las Cortes, a indicar las más principales, exponiendo al mismo tiempo, con la posible concisión, el fundamento en que descansan.
Capitanes y patrones.-De acuerdo con las bases capitales del nuevo Código y con la mayor parte de las legislaciones extranjeras, desaparece la prohibición impuesta en el vigente a los extranjeros para ejercer estos cargos. Pero se mantiene la obligación de acreditar que los designados o propuestos por los propietarios o navieros reúnen la pericia, capacidad y condiciones necesarias para mandar y dirigir el buque con arreglo a las Leyes, Ordenanzas y Reglamentos de Marina y Navegación, y que no se hallan inhabilitados, con arreglo a ellas, para el ejercicio de su cargo. Con estas limitaciones no hay temor de que la admisión de los extranjeros al ejercicio de las funciones de capitán o patrón de nuestros buques ofrezca los peligros que algunos acaso puedan imaginar.
Habiendo surgido varias dudas acerca de la conducta que debe seguir el capitán o patrón en ausencia del naviero o de los propietarios, respecto al nombramiento de la tripulación y adquisición de fondos para reparar el buque inutilizado durante el viaje, declara el Proyecto que puede contratar la tripulación y que debe librar contra el naviero, por si de este modo obtiene los recursos que necesita, antes de adquirirlos por medio de préstamos a la gruesa, reproduciendo sobre este particular la doctrina de las antiguas Ordenanzas de Bilbao.
Las necesidades y contingencias del comercio marítimo aconsejan que el capitán lleve siempre consigo todos los documentos que acrediten su nacionalidad y la propiedad del buque y cargamento. En tiempo de guerra marítima, aunque pertenezcan a un pabellón neutral, le servirán para evitar las vejaciones y molestias de un apresamiento, y en tiempo de paz, para resolver en el acto las dudas y cuestiones a que pueden dar lugar los contratos de fletamento y para cumplir con rapidez y precisión lo pactado en los mismos, además de llenar las formalidades exigidas en los casos de siniestro marítimo.
Con el fin de evitar los perjuicios y vejaciones consiguientes a la falta de aquellos documentos, se impone al capitán la obligación de llevarlos a bordo, haciéndole responsable de las consecuencias que sobrevengan por la infracción de este precepto.
No menos importancia concede el Proyecto a los libros de navegación, contabilidad y cargamento, que debe llevar también el capitán o patrón; y al efecto consigna detalladamente los asientos que deben extenderse en cada uno y las formalidades externas que han de reunir para que constituyan un verdadero título auténtico de los actos y contratos relativos al buque, cargamento y pasajeros.
Por eso, los documentos y los libros deben conservarse a toda costa, y en caso de tener que abandonar el buque por quedar completamente sumergido en el mar o inhábil para continuar el viaje, cuidará el capitán de llevárselos consigo, salvándolos antes que ningún otro objeto, derogando en esta parte muy acertadamente el Código vigente, que dispone lo contrario.
Si durante el viaje aparecieren corsarios o buques de guerra contra el pabellón a que pertenezca el buque, no debe quedar al arbitrio de un capitán animoso y resuelto la norma de conducta que ha de seguir, pues en un arranque de valor podría poner en grave peligro al buque, al cargamento y a las personas que fuesen a bordo. Para evitarlo, se le impone la obligación de arribar al puerto neutral más inmediato y esperar, mientras no reciba otras órdenes, a que pase el peligro o aprovechar cualquier ocasión oportuna de continuar el viaje con toda seguridad.
Otra novedad muy importante introduce el Proyecto en lo tocante a la responsabilidad de las faltas o delitos cometidos por el capitán o por los individuos de la tripulación; punto de la mayor importancia, y sobre el cual existe variedad de opiniones entre los Jurisconsultos.
El Código vigente declara civilmente responsable al capitán de todos los daños que sobrevengan al buque o al cargamento, por impericia o descuido de su parte, por infracción de las leyes y por los actos ilícitos cometidos por la tripulación. En cuanto al naviero, declara terminantemente que no le alcanza responsabilidad alguna en los excesos que durante la navegación cometan el capitán y la tripulación.
Examinada a la luz de los principios del derecho moderno la doctrina vigente sobre la irresponsabilidad del naviero por los actos ilícitos, es decir, delitos o cuasi-delitos, cometidos por el capitán y la tripulación, se observa que no puede mantenerse en los términos absolutos y categóricos en que se encuentra formulada.
Enhorabuena que el naviero no sea criminalmente responsable de los delitos o cuasi-delitos; pero no puede excusarse de responder de los daños y perjuicios que por consecuencia de dichos actos sufran los terceros que contrataron con el capitán, en el doble concepto de mandatario y dependiente del mismo naviero. En el comercio marítimo, los cargadores y pasajeros, al contratar con el capitán, lo hacen por la confianza que les inspira el naviero que lo ha nombrado. Presumen que éste habrá practicado las averiguaciones más exquisitas antes de nombrarle, y sobre todo se hallan en la imposibilidad de hacerlas por sí mismos, y aun cuando las hicieren, no conseguirían una seguridad completa, toda vez que el naviero puede cambiar la persona del capitán en el momento en que tenga por conveniente.
En igual caso se encuentra el naviero respecto de los individuos de la tripulación, pues aun cuando no les ha nombrado directamente, ha contribuido a su nombramiento expresa o tácitamente.
Por otra parte, si el naviero se aprovecha de los resultados de la elección de capitán y tripulantes cuando es acertada, justo es también que sufra las consecuencias de un nombramiento desacertado, por la regla de Derecho natural consignada en las Partidas «que aquel debe sentir el embargo de la cosa, que ha el pró della».
Además, el Código Penal consigna un principio general que resuelve la cuestión de que se trata, pues declara responsables civilmente, y en defecto de los que lo sean criminalmente, a los empresarios de cualquiera industria por los delitos y faltas cometidos por sus dependientes en el desempeño de sus obligaciones.
El Proyecto omite la declaración de irresponsabilidad consignada en el vigente Código, y de un modo terminante hace responsable civilmente al naviero de los perjuicios que sufran los que contrataron con el capitán a consecuencia de los delitos y faltas cometidos por éste o por los tripulantes.
Hombres de mar.-El Proyecto designa con este nombre a los que impropiamente llama el Código vigente equipaje, incluyendo, además, bajo la misma denominación a los maquinistas y demás cargos de a bordo que no se designan con un nombre especial; y de acuerdo con las bases acordadas por el Gobierno para la nueva codificación mercantil, no exige requisito alguno para el desempeño de estos servicios.
De esta suerte desaparecen también de una ley de carácter permanente disposiciones que no afectan por modo directo a la contratación mercantil, sino a los intereses generales del Estado o de la Nación. Ejemplo de ello son las disposiciones dictadas con posterioridad a la promulgación del Código, y muy especialmente el Decreto-ley de 18 de noviembre de 1868, tan radical en esta materia, que llega hasta permitir, en ciertos casos, que los extranjeros puedan ser admitidos como tripulantes en buques españoles.
Quedan, pues, en libertad los capitanes y navieros de contratar los hombres de mar como estimen oportuno, con la única excepción de los anteriormente contratados en otro buque. Y para hacer más efectiva esta prohibición, que justifica las necesidades del comercio marítimo y el respeto a lo pactado, se sustituye la multa que impone el Código al capitán que sabiendo que un hombre de mar estaba al servicio de un buque, lo ajustare para el suyo, por la obligación de indemnizar los perjuicios causados al otro capitán, que se vio privado del tripulante que contrató.
La necesidad de remediar en lo posible la situación desventajosa en que se encuentra el hombre de mar que habiéndose ajustado para un punto determinado tiene que dirigirse a otro, por convenir a los intereses del naviero, exige que se le faciliten los medios de obrar con toda libertad, y ésta no existe si, como hoy sucede, no le queda otra alternativa que seguir el viaje o quedar sin ajuste. De aquí la justicia de concederle una pequeña indemnización cuando prefiriese rescindir su contrata.
Iguales o mayores consideraciones militan en favor del marinero ajustado por meses que quedare despedido del servicio a consecuencia de sufrir el buque una detención mayor de tres, por causas independientes de la voluntad del naviero. La equidad aconseja que se le abone una indemnización, tanto más necesaria cuanto que puede hallarse en país extranjero, a larga distancia del puerto de embarque y con pocas probabilidades de conseguir una nueva contrata. El Proyecto repara la omisión de nuestro Código concediendo al hombre de mar, por vía de indemnización, la cantidad que hubiese podido corresponderle, según su contrata, concluido el viaje.
Para que la garantía especial y privilegiada que concede a los hombres de mar, ajustados a sueldo o por el viaje, no pese por mucho tiempo sobre el buque, aparejos y fletes, produciendo dificultades en las transacciones mercantiles, declara el Proyecto que aquella garantía debe hacerse efectiva en el intermedio de una expedición a otra, pues emprendiendo el buque nuevo viaje, perderán la preferencia los créditos que procedan de los salarios devengados por la tripulación en la expedición anterior.
Por último, en atención a que es de presumir que los oficiales y la tripulación de un buque han contraído su compromiso de servir en el mismo por las circunstancias personales del capitán o naviero, las cuales habrán influido para ponerse a su servicio, el Proyecto autoriza a la oficialidad y tripulación para solicitar la rescisión del contrato, si lo estiman oportuno, en el caso de que el buque cambiase de capitán o de propietario.
Transportes marítimos

Los transportes por mar, que constituyen la base de las especulaciones del comercio marítimo, recaen sobre dos objetos distintos, que son mercancías y personas, dando lugar a la celebración de los contratos que reciben el nombre de fletamento propiamente dicho, cuando se trata del transporte de géneros o efectos comerciales, y de pasaje, cuando se refiere al transporte de viajeros. El Código vigente, redactado en una época en que no habían tomado gran incremento los transportes de personas, se ocupó únicamente de fijar la doctrina jurídica acerca del contrato de fletamento. El Proyecto, después de reproducirla con algunas modificaciones importantes, establece por primera vez las reglas que deben observarse para el transporte de viajeros, determinando los derechos y obligaciones que nacen del contrato celebrado entre éstos y el capitán, así como los modos de asegurar su cumplimiento.
Transporte de mercancías.-Las modificaciones que el Proyecto introduce en el contrato de fletamento tienen por objeto aclarar algunos puntos que dan lugar a duda en el Código vigente y poner en armonía esta parte de la legislación mercantil con la práctica seguida en las demás naciones marítimas.
Aunque, por regla general, el flete sólo se devenga si el transporte se realiza en los términos pactados y llegan las mercancías al puerto de su destino, existen algunas excepciones a este principio. Una de ellas recae sobre las mercaderías que el capitán hubiere vendido durante el viaje para atender a necesidades imprescindibles del buque o de la carga. El Código vigente consigna esta excepción, declarando que las mercaderías vendidas devengan flete, fundándose en que el cargador recibe el valor de ellas por vía de indemnización. Mas como según las reglas y prácticas del comercio marítimo el importe de esta indemnización varía según que el buque llegue al puerto de su destino o perezca en el viaje, también debe ser diferente el flete devengado en cada uno de estos casos. Existe, por lo tanto, un notable vacío en esta parte de nuestra legislación marítima, que el Proyecto ha procurado llenar inspirándose en los principios generales de justicia y en los especiales del contrato de fletamento, estableciendo primeramente las reglas sobre la estimación de las mercaderías vendidas que ha de abonarse al cargador y a continuación las correspondientes al pago del flete, según que el buque llegue al puerto de su destino o se pierda antes de llegar.
En el primer caso, se presume que el cargador habría obtenido de las mercancías vendidas todo el lucro que se proponía, y que por un cálculo racional, sería el mismo que realmente consiguieron los dueños de las mercancías análogas que arribaron al puerto de su destino. En el segundo caso, esto es, si el buque se perdiere, se presume que el cargador no ha podido alcanzar lucro alguno, aunque las mercancías no se hubiesen vendido durante el viaje. La indemnización debe, pues, fijarse según el éxito de la expedición. En su consecuencia, si fuere favorable, se abonará al cargador el precio que obtengan las mercancías de la misma clase que se vendan en el puerto de su destino, y si fuere desgraciado, el valor que hubieren obtenido en venta las expropiadas durante el viaje, al precio corriente.
Con sujeción a este criterio, se fijan las reglas para el pago del flete. Así es que cuando el cargador obtiene todo el lucro que esperaba alcanzar por medio del contrato de transporte, la justicia exige que pague el flete por entero; pero cuando se ve privado de la utilidad que había calculado, la equidad aconseja que sólo abone una parte del flete convenido, la cual consistirá en la que corresponda a la distancia recorrida por el buque.
A mayores dudas da lugar el derecho vigente en lo que toca al pago del flete de las mercaderías arrojadas al mar para salvarse de un riesgo, siendo, además, poco equitativa y contradictoria con los principios fundamentales de este contrato, pues adjudica al naviero o capitán el flete por entero, cuando realmente no lo ha devengado. Para desvanecer tales dudas y rectificar esta injusticia, el Proyecto consigna el principio general de que las mercaderías arrojadas al mar por razón de salvamento común no devengan flete alguno, lo cual quiere decir que si se hubiese pagado anticipadamente podrá reclamarse su devolución, a no haber pacto en contrario. Y como el fletante sufre una pérdida motivada por un riesgo común, es justo que sea indemnizado de ella en su límite natural y sin obtener lucro o beneficio, por cuya razón se considera como avería gruesa el flete pactado, en proporción a la distancia que hubiera recorrido el buque cuando fueron arrojadas las mercaderías.
Con el mismo propósito de resolver otras dudas relativas al caso en que el buque fuere apresado o naufragare, se declara de un modo terminante que el capitán contribuirá por sí, es decir, como mandatario del naviero, a la avería gruesa, por lo invertido en el rescate y salvamento de la carga, en justa compensación del flete que percibe por las mercaderías rescatadas o salvadas.
En orden a los derechos que tiene el capitán para exigir del consignatario que reciba el cargamento y pague el flete, el Proyecto consigna varias disposiciones inspiradas en la necesidad de facilitar las operaciones del comercio marítimo y de asegurar el pago del flete y demás gastos que afectan a las mercaderías transportadas. Tales son: la que autoriza al capitán para solicitar el depósito de las mismas cuando desconfiare del pago de aquellas responsabilidades, y la venta de la parte necesaria en el caso de que ofreciesen riesgo de deterioro; la que faculta al capitán, cuando el consignatario rehusare recibir el cargamento, para solicitar del Tribunal la venta del mismo o de la parte necesaria para el pago del flete y demás gastos, depositando el remanente, si lo hubiere, y con reserva del derecho de reclamar el déficit, si lo vendido no alcanzare a cubrir su crédito; y la que reduce a un solo término los dos que señala el Código vigente para exigir la venta de las mercaderías transportadas, después de verificada la entrega al consignatario, cuyo término se fija en veinte días, siempre que las mercaderías continúen en poder del cargador o consignatario, quedando libres de toda responsabilidad si hubieren pasado a un tercero en virtud de un título justo que produzca transmisión de dominio.
Con el propio fin de evitar dudas y cuestiones en una materia tan difícil y complicada, el Proyecto reproduce y amplía con notable claridad toda la doctrina del Código vigente acerca de la rescisión del contrato de fletamento, completándola con la aplicación de los principios y reglas establecidas al tratar de la rescisión de las contratas celebradas entre el capitán y los individuos de la tripulación. Y así como se rescinden estas contratas cuando un obstáculo independiente de la voluntad de las partes hace imposible la realización del viaje, de igual modo se rescinde el contrato de fletamento cuando una fuerza mayor se opone a que el transporte se verifique. En estos casos, que son los mismos expresados al tratar de las contratas de los individuos de la tripulación, el contrato de fletamento queda completamente rescindido, extinguiéndose todas las acciones que de él puedan originarse entre el capitán y los cargadores, de cuya cuenta serán los gastos de la carga y descarga de las mercancías. Esta rescisión se verifica por ministerio de la ley, y produce todos sus efectos sin necesidad de reclamación de ninguna de las partes contratantes. Mas para que tenga lugar, es preciso que los hechos que la motivan hayan ocurrido antes de hacerse a la mar el buque desde el puerto de salida.
Finalmente, con objeto de facilitar las operaciones que exige el servicio marítimo, y de acuerdo con la legislación y práctica observadas en los principales pueblos, el Proyecto introduce algunas reformas en la parte relativa al documento que firma el capitán confesando haber recibido las mercaderías y que se llama conocimiento. Estas reformas consisten: Primeramente, en permitir que se extiendan los conocimientos al portador, los cuales se transferirán por la entrega material de los mismos y producirán iguales efectos que los extendidos a la orden y los nominativos; segundo: en exigir que se saquen cuatro ejemplares del conocimiento primordial, de igual tenor y firmados todos por el capitán y cargador, de los cuales conservará dos el capitán, uno para sí y otro para el naviero, y entregará los otros dos al cargador, con objeto de que uno le sirva de resguardo y pueda remitir el otro al consignatario, sin perjuicio de que se extiendan cuantos crean necesarios los interesados, pues al cargador podrá convenir hacer uso de alguno con objeto de asegurar los efectos transportados o también para enajenar éstos durante el viaje; tercero: en atribuir al conocimiento extendido con sujeción a las formalidades legales una fe completa y absoluta para resolver todas las cuestiones que se promuevan entre los interesados en la carga, sin admitírseles prueba en contrario, y también entre los cargadores y los aseguradores para justificar el hecho del embarque y la cantidad y la calidad de las mercaderías, siempre que éstos no puedan oponer otras justificaciones; y cuarto: en fijar el orden con que deben atenderse las reclamaciones que formularen diferentes personas sobre los mismos efectos en virtud de conocimientos expedidos bajo distintas formas. Naturalmente, la preferencia debe darse en este caso al que no ofrezca duda alguna, y versando la contienda entre diversos ejemplares expedidos al portador, o que, siéndolo a la orden, vinieren endosados a diferentes consignatarios, como que deben llevar en sí la condición de que los segundos ejemplares no valgan sino en defecto de los primeros, la regla general es que se atienda a éstos, prescindiendo de los demás. Casos hay, sin embargo, en que la existencia de los dobles ejemplares en manos de distintas personas que se atribuyen el carácter de consignatarios, revela un abuso o produce fundada incertidumbre, y entonces el capitán debe suspender la entrega del cargamento y ponerlo a disposición del Tribunal, para que señale la persona que deba recibirlo.
Transporte de pasajeros.-Los contratos celebrados para el transporte de personas por mar, en buques de vela o de vapor, eran tan poco frecuentes a la promulgación del Código de Comercio, que éste pudo prescindir de consignar los principios generales por que debían regirse a falta de pactos especiales, cuyo vacío ha suplido hasta ahora la costumbre observada por la generalidad de los capitanes o patrones de buques. Mas el gran desarrollo que ha tomado la navegación marítima destinada al transporte de viajeros, la duración de los viajes y el alto precio de los pasajes, exigen que la insegura y diversa legislación consuetudinaria sea sustituida por la más clara y permanente del precepto escrito y promulgado por el legislador. Satisfaciendo esta exigencia, a todas luces justísima, el Proyecto consigna una serie de reglas que deberán observar el capitán o naviero y los pasajeros, en el cumplimiento del contrato de transporte, cuando no existan otras previamente establecidas y aceptadas que obliguen a dichas personas en cada caso particular.
Estos contratos suelen celebrarse pagando anticipadamente el precio del pasaje; pero cuando esto no suceda, y un pasajero entre en el buque con el propósito de ser transportado al punto a que éste se dirige, sin haberse ajustado ni satisfecho el precio, abonará el que fije el Tribunal, previa declaración de peritos.
El transporte puede convenirse a favor de una persona determinada o sin designación de ésta. En el primer caso, es intransmisible el pasaje sin la anuencia del capitán; en el segundo, cabe libremente la cesión del mismo a otra persona. Pero en cualquiera forma que se verifique, debe el viajero hallarse a bordo del buque a la hora prefijada para la salida y permanecer en él, y no podrá bajar a tierra o trasladarse a otra embarcación sin permiso del capitán, pues de lo contrario, si no volviese oportunamente a bordo, perderá el precio del pasaje.
Ocurren circunstancias fortuitas o casos de fuerza mayor independientes de la voluntad del capitán y del pasajero, que hacen imposible el cumplimiento del contrato entre los mismos celebrado; entonces, la rescisión es el remedio más natural y justo. El Proyecto ha previsto alguna de estas hipótesis, fijando la situación respectiva de cada una de las partes y los derechos y obligaciones que les corresponden.
Así, por ejemplo, el fallecimiento del viajero antes de emprender el viaje produce la rescisión del contrato, devengando sólo la mitad del pasaje, que en el caso de no ser sustituido por otro, habrán de pagar los herederos de aquél, si no estuviere satisfecho, pues si lo estuviere, el capitán restituirá la mitad de lo que hubiere percibido, quedando fuera de este cómputo el importe de los gastos de manutención que pudieran estar comprendidos en el pasaje, y que han de ser devueltos a los herederos. De igual modo, la interrupción o suspensión indefinida del viaje, antes o después de la salida del buque, anula los efectos del contrato, y en su consecuencia quedan libres el capitán y el pasajero de sus respectivas obligaciones y sin derecho a indemnización alguna, salvo la devolución del precio del pasaje que el viajero hubiere pagado y el abono que éste debe hacer al capitán de los suministros que le hubiere hecho. No obstante, y por analogía con lo dispuesto respecto del contrato de fletamento, si la interrupción tuviese lugar una vez comenzado el viaje, sólo se devenga el precio correspondiente a la distancia recorrida, a menos que procediendo de inhabilitación del buque, se conformase el pasajero en esperar la reparación, debiéndose entonces el pasaje por entero, sin aumento ni disminución alguna.
El pasajero debe costearse la alimentación durante el viaje. Tal es la regla general. Para que esta obligación recaiga sobre el capitán es necesario que conste de una manera auténtica o que sobrevengan accidentes imprevistos que priven a los pasajeros de las provisiones que llevaren consigo para su alimento; en este último caso, y en cualquier otro de verdadera necesidad, el Capitán deberá suministrar al pasajero los víveres precisos para su manutención por un precio justo y equitativo, aunque para ello tuviera que expropiar a los pasajeros que los tuvieran sobrantes.
Si bien el capitán tiene por la Ley el carácter de jefe del buque, y, por consiguiente, de todas las personas que se hallen a bordo, se ha creído conveniente declarar que los pasajeros deben someterse a las disposiciones que dicte en todo lo relativo a la conservación del orden, y que no tienen derecho para obligarle a entrar en puertos no comprendidos en el viaje ni a detenerse más tiempo del necesario. Por este mismo carácter de que la Ley reviste al capitán, debe autorizar los actos consiguientes al fallecimiento de un pasajero a bordo, sepultura de su cadáver y custodia de los efectos y documentos de su propiedad.
Por último, si el pasajero llevare equipaje u otros objetos a bordo, se considerará como cargador respecto a ellos, y en este sentido quedará sujeto a las disposiciones del Código sobre el transporte de mercancías por mar. Pero si prefiriese conservar bajo su inmediata y peculiar custodia dichos efectos, no tendrá derecho a indemnización alguna en el caso de pérdida o de avería, a no ser que una y otra fueren causadas voluntariamente por el capitán o la tripulación, con ánimo de perjudicar al pasajero. De todos modos, el equipaje y cuantos efectos llevase consigo el pasajero quedan especialmente obligados al pago del pasaje y de los gastos de manutención; y por analogía con lo que ocurre en el contrato de transportes terrestres, queda autorizado el capitán para retenerlos hasta que se halle satisfecho de su crédito, el cual gozará de preferencia en el caso de procederse a la venta de aquéllos por disposición del Tribunal.
Préstamos a la gruesa

Son tan radicales las reformas que el Proyecto introduce en esta parte de la legislación marítima, que el Ministro que suscribe no puede prescindir de exponer con alguna detención los motivos en que se apoyan, aunque casi todas se hallan inspiradas en el propósito de suprimir las trabas y limitaciones que el Código vigente opone a la libre manifestación de la voluntad en esta rama del Derecho marítimo.
Sabido es que el contrato de préstamo a la gruesa, conocido ya en tiempo de los romanos, tiene por objeto prestar cierta cantidad sobre determinados efectos expuestos a los peligros de la navegación, bajo la condición de que si éstos llegan sanos y salvos al puerto de su destino, el deudor reembolsará el capital prestado con la cantidad pactada como precio de los riesgos, y que si, por el contrario, los objetos perecen o se desmejoran durante el viaje por algún accidente marítimo, el acreedor sólo podrá reclamar la parte del préstamo que se cubra con el valor que tuviesen dichos efectos. En el fondo existen grandes analogías entre este contrato y el de seguros marítimos, toda vez que en ambos ha de concurrir un objeto que corra riesgo y un precio de este mismo riesgo; pero se diferencian en que mientras en el préstamo se anticipa total o parcialmente el valor de la cosa que ha de correr riesgo, debiendo restituir este anticipo con el premio pactado si la navegación termina felizmente, con el contrato de seguros no se realiza el abono del valor de los objetos asegurados hasta después de haber sufrido la pérdida o menoscabo.
Partiendo de esa analogía entre ambos contratos, se hizo aplicación de idénticos principios en cuanto a las cosas que pueden ser objeto del mismo. Así es que siendo doctrina generalmente admitida en la antigua legislación mercantil que no se reputaba válido el seguro cuando no hubiese un objeto cierto expuesto a un riesgo marítimo, era lógico prohibir el préstamo sobre lo que no existía, toda vez que lo que no existe tampoco se halla expuesto a ningún riesgo. Por consecuencia de este principio, nuestro Código, siguiendo a la mayor parte de las legislaciones extranjeras, prohíbe que puedan tomarse préstamos a la gruesa sobre los fletes no devengados de la nave, o sea sobre los fletes que se obligan a pagar los cargadores para el caso de que las mercancías lleguen a buen puerto, fundándose en que éstos son productos meramente eventuales, que no tienen existencia real en el momento de celebrarse el contrato. Por igual razón prohíbe el préstamo sobre las ganancias que se esperan del cargamento, pues que estas ganancias dependen del resultado de una negociación futura que no tiene aún la realidad del éxito esperado. Y fundado en las mismas consideraciones, el Código vigente prohíbe que pueda tomarse sobre el cuerpo y quilla de la nave más que las tres cuartas partes de su valor, porque si se prestase sobre mayor cantidad, el deudor, lejos de aminorar sus pérdidas en caso de siniestro, reportaría de esto, casi seguramente, un lucro o beneficio. Por último, se prohíbe que sobre las mercaderías transportadas se tome a préstamo mayor valor del que tengan en el puerto donde empezó el riesgo, para evitar que se tome sobre el aumento de valor que tuviesen en el puerto de su destino, porque esto equivaldría a prestar sobre los beneficios o ganancias que se esperasen de su venta.
No desconoce el Ministro que suscribe que los principios en que descansan las disposiciones de nuestro Código tienen a su favor la opinión de respetables jurisconsultos, así como tampoco ignora que la mayoría de las legislaciones extranjeras las adoptan y prohíjan. Pero al par que estas consideraciones, tiene presente los intereses mercantiles, que salen muy lastimados con las prohibiciones y restricciones que opone a la libertad de la contratación nuestro Código en esta materia, y sobre todo que descansan en una noción equivocada de las cosas, consideradas bajo su aspecto jurídico.
Examinada detenidamente la naturaleza jurídica de las utilidades o provechos que pueden producir las cosas por el simple transcurso del tiempo, es innegable que pueden ser objeto de contratación, aunque esencialmente no se hallen separadas de las mismas. Por eso, consideradas bajo el aspecto jurídico las utilidades que consisten en los fletes que ha de producir un buque, no cabe negarles el carácter de verdaderas cosas y de verdaderas riquezas, que de un modo trascendental, y desde que están contratadas, forman parte del patrimonio del naviero o del cargador, y cuya pérdida puede afectarle de una manera harto sensible para que procure aminorarla, recibiendo anticipadamente su valor por medio del préstamo a la gruesa.
Por otra parte, el préstamo sobre fletes nada tiene de ilícito ni de inmoral, siendo completamente imaginarios los temores que algunos abrigan acerca de la facilidad con que puede perjudicarse al acreedor, pues prescindiendo de que en toda institución humana son posibles el fraude y la mala fe, el interés del acreedor le inspirará, indudablemente, la regla de conducta que ha de seguir en cada caso para dar empleo provechoso a sus capitales. Ni tampoco debe servir de obstáculo al legislador la consideración de que, admitido el préstamo con garantía de fletes, vendría a modificarse en cierto modo el concepto que hasta el presente se tenía formado de este contrato, porque tal consideración es de escasísima importancia, desde el momento que se tiene en cuenta que la legislación debe modificarse a medida que lo exijan las necesidades de la vida real, protegiendo los intereses nuevamente creados.
Por estas razones, desaparecen del Proyecto las prohibiciones que contiene el Código para tomar dinero a la gruesa sobre los fletes no devengados de la nave, cuyos contratos serán válidos en lo sucesivo. Igualmente desaparece la prohibición de tomar sobre el cuerpo y quilla de la nave más cantidad que las tres cuartas partes de su valor, y sobre las mercaderías cargadas, mayor suma que la que tengan en el puerto donde empezaron a correr el riesgo, siendo, por consiguiente, válidos los contratos celebrados sobre dichos objetos, cualquiera que sea la cuantía del préstamo y el valor de los mismos, aunque deberá reducirse a la proporcionada al valor del objeto sobre que hayan tenido lugar, devolviéndose el resto al prestador con el interés legal correspondiente.
Además de estas innovaciones que el Proyecto introduce en tan importante materia, propone otras que, aunque menos trascendentales, contribuyen a perfeccionar la legislación vigente. El Ministro que suscribe sólo hará mérito de las más notables.
En primer lugar, de acuerdo con el nuevo carácter jurídico que el Proyecto atribuye al Registro Mercantil, se declara que los préstamos celebrados antes de empezar el viaje no perjudican a terceros, ni los créditos a que deban su origen gozarán de la preferencia que les corresponde si no se anotan en la certificación de inscripción del buque y no se inscriben en el Registro, y que los préstamos contraídos durante el viaje sólo perjudicarán a tercero, y gozarán de aquella preferencia si llegado el buque al puerto de su matrícula fueren inscritos en el Registro de la provincia dentro de los ocho días siguientes a su arribo. En segundo lugar, de conformidad con las bases capitales del nuevo Código, se permite constituir el préstamo a la gruesa, separadamente, sobre la máquina de vapor en los buques movidos por el mismo, la cual, no siendo objeto de un contrato especial, se entenderá afecta a la responsabilidad del préstamo constituido sobre el casco y quilla del buque, aunque no se exprese. En tercer lugar, se deroga la disposición contenida en el Código que declara nulo el contrato de préstamo a la gruesa cuando los efectos no llegaren a ponerse en riesgo, cuya derogación se apoya en que esta nulidad favorecería al deudor, a quien proporcionaba los medios de producirla en perjuicio del acreedor. Porque si bien es cierto que no llegando a ponerse en riesgo los efectos desaparece la causa del contrato, no por eso deja de ser verdad que el deudor ha recibido un capital del acreedor, que está obligado a restituir con arreglo a los principios generales del Derecho. Mas como este capital no corre el riesgo que motivó el interés o premio pactado, tampoco es justo que lo abone el deudor o mutuatario. Por eso, en este caso, el contrato se anula como préstamo a la gruesa, pero queda subsistente como préstamo sencillo, con obligación en el mutuatario de devolver el capital e intereses al tipo legal.
También se modifica la doctrina vigente sobre los derechos que respectivamente corresponden al mutuante y al asegurador, cuando sobre un mismo buque o carga concurrieren préstamo a la gruesa y seguro marítimo, pues en lugar de la preferencia que el Código otorga al primero, se establece la completa igualdad entre ambos créditos, declarando que los objetos salvados se dividirán entre el mutuante y el asegurador, en proporción al interés de cada uno, cualquiera que sea el valor de aquéllos y la cuantía de los créditos; pero entrando en este prorrateo solamente el capital del préstamo, no sus premios, y la cantidad por la que el seguro se hubiera podido hacer válidamente, cuya disposición está fundada en la grande analogía que existe entre el contrato de préstamo y el de seguro.
Seguros marítimos

Estudiando los preceptos que contiene el Código vigente acerca de este contrato, que constituye un gran instrumento mercantil en nuestro tiempo, se observa desde luego que no solamente pugnan con los principios modernos que sancionan la libertad de contratar y protegen las diversas combinaciones producidas por las nuevas necesidades de la vida comercial, sino que son deficientes y oscuros, dando lugar a frecuentes dudas en su aplicación.
Natural era, por consiguiente, que al codificar de nuevo esta parte de la legislación mercantil marítima se verificasen grandes cambios, que de un lado, pusiesen en armonía los principios por que se rige este contrato con los que sirven de base al nuevo Código, y de otro, completasen y aclarasen los puntos que hasta el presente han sido motivo de controversia.
En cuanto a lo primero, es innegable que el contrato de seguros marítimos se encuentra actualmente aprisionado por limitaciones y prohibiciones que ahogan la acción creadora del espíritu mercantil. Para convencerse de esta verdad, basta recordar que el Código vigente prohíbe asegurar el flete del cargamento existente a bordo, las ganancias calculadas y no realizadas sobre el mismo cargamento, las cantidades tomadas a la gruesa, los premios de los préstamos hechos a riesgo marítimo, el total valor de los efectos pertenecientes al capitán o al cargador que vaya a bordo con los mismos, y por fin, los buques por más de las cuatro quintas partes de su valor, descontados los préstamos tomados a la gruesa sobre ellos.
Todas estas prohibiciones, que están inspiradas en una errónea apreciación de la naturaleza jurídica de dichos objetos, o en el sistema preventivo, que consiste en llevar al hombre por la mano para que no se perjudique, han desaparecido del Proyecto, unas como contrarias al concepto más espiritualista que tiene formado la ciencia moderna de las cosas jurídicas, y otras como opuestas al principio de libertad de contratación, que es una de las bases del nuevo Código.
Que los fletes del cargamento existente a bordo son cosas que tienen existencia jurídica real y positiva; que se hallan expuestas al peligro de perderse, en todo o en parte, por accidentes marítimos, y que en este sentido pueden ser objeto del contrato de seguros, quedó demostrado cumplidamente al tratar del contrato de préstamo a la gruesa, con el cual tantos puntos de analogía o semejanza ofrece. De igual modo deben considerarse los beneficios o ganancias que se espera obtener del cargamento, los cuales, aunque no existan en el espacio, tienen existencia real en el tiempo, como las cosechas que espera recoger el labrador, y contra cuya pérdida suele precaverse por medio del seguro terrestre. Y los mismos fundamentos son aplicables a los premios o intereses pactados en los préstamos a la gruesa, los cuales, de igual modo, pueden ser objeto del contrato de seguros. Y en cuanto a la prohibición impuesta al mutuario en aquellos contratos de asegurar el capital y los intereses, en el caso de que se vea obligado a pagarlos por haber llegado a buen puerto el buque o la carga, también carece de fundamento, toda vez que este contrato reúne los caracteres esenciales del seguro marítimo, como no ha podido menos de reconocer uno de los más doctos jurisconsultos modernos en materia comercial, a pesar de profesar un criterio distinto sobre este particular. Finalmente, la prohibición de asegurar las naves por todo su valor y el cargamento por más de los nueve décimos de su importe, no tiene otro apoyo que el temor a los abusos que podrían cometer el capitán o naviero y los cargadores si no tuviesen interés alguno en la conservación del buque o cargamento asegurados.
Esta misma consideración es la que invocan los sostenedores del sistema preventivo, aplicado al contrato de seguros, para justificar las demás prohibiciones que descansan en anticuadas teorías jurídicas. Cuán débil sea este argumento basado en el temor a los abusos de la libertad en el orden de la contratación privada, lo demuestra la misma ineficacia de los remedios con que se pretende atajarlos, y la imposibilidad absoluta de llevar a la práctica la aplicación lógica de un principio que despoja al hombre de la noble prerrogativa de agente libre y responsable de todas sus obras.
Insipirándose, por tanto, el Proyecto en estos principios fundamentales, ensancha la esfera de acción del individuo en todo lo relativo al contrato de seguros marítimos, permitiendo que se celebre sobre todo lo que sea materia de transacciones mercantiles sujetas al riesgo de la navegación, y cuyo valor pueda fijarse de una manera determinada.
En su consecuencia, declara que puede constituirse el seguro marítimo sobre el importe de los fletes y del beneficio probable del cargamento y sobre todo el valor del buque o de las mercancías, aunque contratase el seguro el capitán o el dueño de las mismas que fuera a bordo, dictando las reglas oportunas acerca de la manera de celebrar el contrato de seguro sobre el flete devengado o anticipado y sobre los beneficios. E infiérese que hace idéntica declaración acerca de la facultad de contratar el seguro sobre las cantidades tomadas a la gruesa y los premios de los préstamos, en el mero hecho de suprimir los textos que en el Código vigente declaran nulo el seguro contraído sobre estas cosas.
Verdad es que el Proyecto mantiene la nulidad del seguro marítimo cuando recae sobre la vida de tripulantes y pasajeros; pero esta declaración, así como el no hacerse mérito del seguro sobre la libertad de los navegantes, significa solamente que los seguros sobre la libertad y sobre la vida de las personas no se rigen por los principios del seguro marítimo, con los cuales no tiene analogía alguna, sino por las reglas establecidas al tratar de los seguros sobre la vida y otros especiales.
Pasando a los cambios que se introducen en la doctrina del Código, aclarándola y completándola para que presente un conjunto sistemático y armónico acerca de este importantísimo contrato, el Ministro que suscribe tiene la satisfacción de manifestar que desaparecen todos o casi todos los defectos e imperfecciones que habían puesto de relieve la práctica de los negocios y la crítica de los jurisconsultos.
Una rápida enumeración de las principales innovaciones de esta clase que introduce el Proyecto bastará para demostrar la perfección que en el mismo alcanza la doctrina sobre seguros marítimos, comparada con la que rige actualmente.
Se ha dudado en qué casos y con qué circunstancias podía el buque ser objeto del seguro; y el Proyecto declara que puede serlo hallándose en lastre o cargado, anclado en el puerto o en viaje, y que también es asegurable la máquina en los buques de vapor.
Se acusa al Código vigente de falta de lógica y de sistema por no establecer distinción alguna entre los motivos que hayan inducido al asegurado a dar una estimación exagerada a los efectos, fundándose la acusación en que no sólo se equiparan el error y el fraude o dolo, sino que sale más perjudicado el que obró por equivocación que el que procedió con malicia; y el Proyecto, reconociendo la evidente justicia de esta objeción, establece que si la exageración en el valor de los efectos asegurados procediere de error, se reduzca el valor del seguro a su verdadera estimación, en los mismos términos establecidos actualmente, y que, si procediere de fraude, sea nulo el seguro para el asegurado, ganando el asegurador el premio convenido.
El artículo 864 del Código vigente envuelve una evidente contradicción, pues en la primera parte dispone que no responden los aseguradores de los daños que sobrevengan a la nave por no llevar en regla los documentos que prescriben las Ordenanzas de Marina, y en la segunda, por el contrario, les hace responsables de los perjuicios que esta falta puede causar al cargamento; cuya contradicción desaparece en el Proyecto con la supresión de este último extremo.
De poco equitativa se ha calificado la disposición que atribuye al asegurador las dos terceras partes del premio correspondiente a la vuelta, en los seguros de carga por viaje redondo, cuando traiga menos de dicha cantidad, y el Proyecto, comprendiéndolo así, dispone que en este caso se rebajará el premio en proporción al cargamento que trajere, abonándose, además, al asegurador medio por ciento de la parte que dejare de conducir.
No determina tampoco el Código cuándo ha de comunicar el asegurado al asegurador las noticias que reciba sobre los daños o pérdidas de las cosas aseguradas, cuya omisión subsana el Proyecto, extendiendo la obligación a todo lo referente al curso de la navegación.
Por demasiado absolutos se tienen los términos con que el Código prohíbe el seguro sobre géneros de ilícito comercio; y en el Proyecto se limita esta prohibición a aquéllos cuya introducción esté prohibida en el país del pabellón del buque.
La facilidad de las comunicaciones y la aplicación de la electricidad a la correspondencia telegráfica hacen absurda la presunción establecida en el Código vigente para saber cuándo se tiene noticia del arribo de las cosas aseguradas al puerto donde tienen su consignación; y el Proyecto, fundándose en que aquel portentoso invento ha cambiado radicalmente las condiciones de la vida social, asienta sobre otras bases, inspiradas en estos grandes cambios, la indicada presunción legal.
Ofrece duda si es aplicable al asegurador lo dispuesto respecto del asegurado cuando contratare el seguro por medio de comisionado, sabiendo la pérdida total o parcial de las cosas aseguradas, y si rige, por el contrario, respecto de los asegurados lo prevenido acerca de los aseguradores en el caso de que, siendo varios, hubiere procedido alguno de buena fe; y el Proyecto resuelve ambas dudas, declarando, en cada caso, que lo dispuesto respecto del asegurado se entienda aplicable al asegurador, y viceversa.
Equipara el Código actual la pérdida total de las cosas aseguradas al menoscabo que éstas sufren, siempre que disminuya en tres cuartas partes el valor de las mismas; disposición altamente justa y observada por casi todos los pueblos marítimos; pero al tratarse del menoscabo que hace inservible o deja inhabilitado un buque para navegar, el Código no fija regla alguna. De manera que queda sujeto este punto a los usos y costumbres de cada plaza marítima y a las opiniones de los escritores o intérpretes del Derecho, que suelen enumerar algunos casos en que se considera inhabilitado un buque para navegar por naufragio, varada o cualquier otro accidente del mar. El Proyecto pone término a esta incertidumbre, declarando que un buque queda inhabilitado para continuar el viaje al puerto de su destino si los gastos para desencallarlo, ponerlo a flote o repararlo excedieren de las tres cuartas partes del valor en que estuviere asegurado; y añade el Proyecto que en estos casos tendrá obligación el asegurado de dar aviso del suceso al asegurador telegráficamente, siendo posible, y si no, por el primer correo siguiente al recibo de la noticia.
Del propio modo, se halla deficiente el Código en un punto de la mayor importancia, pues, concediendo al asegurado el derecho de hacer abandono del buque, después de haber transcurrido cierto plazo sin recibir noticia del mismo, prescinde de la justificación de esta falta de noticia, que es un requisito esencial para hacer uso de aquel derecho; y el Proyecto llena también esta omisión, describiendo la manera de producir una completa justificación de este hecho negativo.
Tampoco resultan bien determinados y deslindados en el Código dos actos que importa sobremanera distinguir, con referencia a la acción de abandono, que son, a saber: el propósito de los aseguradores de ejercer este derecho y la reclamación formal del abandono de los efectos asegurados, verificada con los requisitos prevenidos en el mismo Código, los cuales son necesarios para que el abandono quede definitivamente hecho a favor del asegurador y produzca todos los efectos legales. Mas aunque el Código reconoce implícitamente esta distinción entre aquellos dos actos, no la señala con la debida claridad, como lo demuestra la circunstancia de fijar solamente plazos para que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador el propósito de hacer el abandono, dejando al arbitrio del primero la época o el tiempo en que ha de formalizarlo con las solemnidades requeridas en favor del asegurado; lo cual, además de producir cierta confusión, nociva siempre a los intereses mercantiles, perjudica notablemente al asegurador, que entre tanto carece de los datos y documentos necesarios para considerar admisible o no la reclamación. El Proyecto concluye con esta incertidumbre y confusión, fijando dos plazos distintos: uno, para que el asegurado ponga en conocimiento del asegurador el propósito de hacer el abandono, que es siempre el mismo, cualquiera que sea el punto en que haya ocurrido el siniestro, y otro, para formalizarlo, que varía según el lugar en que haya sobrevenido la pérdida de los efectos asegurados.
Por último, el Proyecto ha llenado otra omisión del Código respecto al plazo dentro del cual debe pagarse el importe del seguro cuando no se hubiere fijado en la póliza y este término se ha fijado en sesenta días, contados desde que el asegurador admitió solemnemente el abandono o desde que fue declarado admisible en juicio.
Además de estas innovaciones que contiene el Proyecto, completan la doctrina sobre tan importante materia varias disposiciones relacionadas con la justificación y liquidación de las averías.
Tales son las que señalan el lugar en donde debe procederse a la liquidación de la indemnización del seguro y el máximum que pueda exigirse por la de los buques; las que atribuyen al naviero o capitán la facultad de practicar o no la reparación que necesitare el buque, y al asegurador la de descontar el valor del que se hubiere inhabilitado o de los restos del que se hubiere perdido, cuando el asegurado no hiciere la correspondiente declaración de abandono; las que establecen los trámites para reclamar del asegurador los gastos a que ascienda la avería gruesa satisfecha por el asegurado, no pudiendo éste, en ningún caso, exigir mayor suma que la que importe el valor total del seguro; y las que tratan de la justificación y valoración de las averías simples sobrevenidas en mercaderías aseguradas;disposiciones todas basadas en los principios fundamentales del contrato de seguros y en las prácticas y costumbres del comercio marítimo.
Riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo

Aunque las innovaciones que introduce el Proyecto en esta materia no son de tanta trascendencia como las realizadas en los contratos de préstamo a la gruesa y de seguros marítimos, ofrecen bastante importancia, porque mejoran la doctrina de nuestro Código, no sólo en cuanto al orden y método seguido en la exposición, sino también en cuanto al fondo, resolviendo muchas de las dudas a que da motivo la legislación vigente, y completándola en algunos puntos que han pasado inadvertidos para el legislador.
Fijando la consideración en el método, es innegable que el Proyecto acusa una verdadera superioridad sobre el Código vigente. Sin duda, por no haberse formado los autores del mismo una idea clara y completa de todo el conjunto de relaciones jurídicas que nacen de los daños que ocasionan los accidentes marítimos en el buque y en el cargamento, aparecen confundidos y mezclados, bajo un solo título, los preceptos que fijan la naturaleza de estos daños y los que señalan el procedimiento que ha de seguirse para justificar su existencia y estimación, o para determinar la manera de contribuir a la indemnización, tratándose separadamente, como si no estuviesen sujetos a las mismas disposiciones, los daños sobrevenidos por naufragio o arribada forzosa.
El Proyecto pone remedio a esta confusión, distribuyendo en dos títulos la materia que el Código vigente comprende en uno sólo; dedica el primero a exponer la naturaleza de los diversos daños y perjuicios producidos por cualquier accidente marítimo, y muy especialmente los que provienen de arribada forzosa, abordaje o naufragio, y destina el segundo a consignar, con toda amplitud, las reglas para proceder a la justificación y liquidación de los daños que merecen la calificación de averías.
Siguiendo este mismo orden, expondrá el Ministro que suscribe, con la mayor concisión posible, las principales reformas que se proyectan en tan complicada y difícil materia.
De acuerdo con los buenos principios, el Proyecto sólo reconoce dos clases de averías: simples o particulares, y gruesas o comunes, desapareciendo del tecnicismo jurídico lo que impropiamente califica de avería ordinaria el Código vigente; declara avería gruesa los alimentos, salarios y gastos del buque detenido, mientras se obtiene el rescate, y los gastos de la liquidación de la avería; aumenta las atribuciones del capitán para disponer por sí la ejecución de ciertas medidas en casos extraordinarios; exime de toda responsabilidad el cargamento transbordado en lanchas o barcas, para aligerar el buque, por la pérdida del mismo, y modifica algunas disposiciones sobre arribada forzosa, para ponerlas en armonía con las reformas introducidas en otros lugares del Proyecto.
Uno de los accidentes marítimos que suele ocasionar daños de más consideración es el que sobreviene a consecuencia del choque de una embarcación con otra, y que en el tecnicismo náutico se llama abordaje. Pero el Código actual es tan deficiente en este punto, que sólo contiene una disposición, reducida a declarar que el daño producido por este siniestro, siendo casual o inevitable, se considera avería simple, y siendo culpable alguno de los capitanes, recae la responsabilidad sobre el que de ellos hubiere causado el perjuicio.
Sin dejar de reconocer la justicia que encierra esta doctrina, es evidente que su laconismo abre ancho campo a la duda, cuando se trata de su aplicación a los diversos casos que pueden presentarse en la práctica, pues queda fuera de las disposiciones del Código la responsabilidad del abordaje, cuando no puede averiguarse o justificarse la causa que lo motivó, o cuando ocurriera por culpa o negligencia de los capitanes de ambos buques, notándose, además, la falta de reglas que sirvan de criterio al Tribunal para decidir cuándo debe presumirse casual e inevitable y cuando es imputable al capitán de uno de los buques.
El Proyecto ha procurado llenar estos vacíos, inspirándose en los principios de la equidad y en las reglas introducidas por la costumbre de los principales puertos marítimos, las cuales eleva a la categoría de preceptos legales, enriqueciendo esta parte de nuestra legislación marítima.
Justificación y liquidación de las averías

Las innovaciones adoptadas respecto de la justificación y liquidación de las averías, responden al pensamiento de presentar, con la mayor claridad posible, todas las reglas que deben observarse, desde que sobreviene un daño al buque o al cargamento hasta que se obtiene la indemnización correspondiente de las personas que vienen obligadas a satisfacerla. Tratándose de una de las materias más difíciles y complicadas del Derecho marítimo y que en cierto modo constituye un procedimiento de jurisdicción voluntaria, la cuestión de método es de la mayor importancia y reconociéndolo así los autores del Proyecto, han presentado las disposiciones relativas a esta materia bajo un sistema completo y fundado en la misma naturaleza de los hechos, resolviendo, al propio tiempo, las dudas y cuestiones a que da motivo la insuficiencia de la legislación vigente.
En efecto: primeramente, formula el Proyecto las disposiciones comunes a toda clase de averías, tales como la determinación del lugar en que debe procederse a la justificación y liquidación de las mismas, según los diversos casos que pueden presentarse, la necesidad de ser oídos todos los interesados, el señalamiento de un «maximum» del importe del daño sufrido para que sea admisible toda demanda de avería, la época desde que devengan intereses moratorios las indemnizaciones y la obligación impuesta al capitán de determinar, con separación, los daños y gastos pertenecientes a cada avería ocurrida en el mismo viaje, distinguiendo las que afecten al buque o al cargamento de las que sean comunes a ambos, cuya reparación es extensiva a las tasaciones, presupuestos y cuentas.
Fijadas estas reglas generales, consigna el Proyecto las relativas al justiprecio de los daños y perjuicios causados en el buque y en la carga, estableciendo varias para la evaluación de las mercaderías salvadas o vendidas en el viaje que contribuyen a la indemnización, y la de los objetos perdidos o deteriorados, declarando, además, los que están exentos de contribuir a la avería.
A continuación, entra a ocuparse de todo lo relativo a la liquidación de la misma, cuya operación, como requiere ciertos conocimientos jurídicos en materias mercantiles, se encomienda a una persona distinta de los peritos tasadores, que, por lo general, son ajenos a esta parte de la ciencia del Derecho; establece las reglas que han de preceder a la liquidación, las que deben observarse en la distribución del importe de la avería, los requisitos para su aprobación y los efectos que la misma produce, tanto respecto de los contribuyentes y el capitán, como respecto al asegurado y al asegurador, cuando los efectos asegurados hubiesen contribuido a la avería.
Y, por último, formando una sección aparte, trata el Proyecto de la liquidación de las averías simples, acomodándola a los preceptos establecidos para la común.
Tal es el conjunto de las disposiciones contenidas en el Proyecto para la justificación y liquidación de toda clase de averías, el cual, como puede observarse a poco que se fije la atención, es más sistemático y ordenado que el que ofrece nuestro Código.
Y también es mucho más completo, porque comprende gran número de preceptos de todo punto necesarios para resolver importantes cuestiones del comercio marítimo, y de las cuales, o no se hace mérito alguno en la legislación vigente, como sucede respecto de la indemnización del asegurador por las averías gruesas ocurridas en el buque, y por las particulares sobrevenidas en el mismo y en el cargamento, o se indican de una manera tan deficiente que dan motivo a frecuentes dudas y dificultades en la práctica, como acontece respecto del lugar en que ha de verificarse la justificación y liquidación de las averías, modo de evaluar las mercaderías, aparejos del buque y fletes, derechos que asisten al cargador que pierde los efectos cargados después del siniestro o los rescata sin haber recibido indemnización. Cada uno de estos puntos quedan perfectamente resueltos en el Proyecto, de acuerdo con los principios fundamentales del Derecho marítimo y con la práctica generalmente admitida entre los navegantes, como lo demuestra la simple lectura de las nuevas disposiciones que a este fin consagra el Proyecto, y de cuyo detenido examen prescinde, en esta ocasión, el Ministro que suscribe, para no fatigar con exceso la atención de las Cortes.
LIBRO IV.

Suspensión de pagos y quiebra.

Al tratar de los principios que habían de servir de base para la reforma de la legislación vigente sobre quiebras, el Decreto de 20 de septiembre de 1869 reconoció la imperfección y deficiencia de los preceptos contenidos en el Código de Comercio y en la Ley de Enjuiciamiento Mercantil; pero teniendo presente las dificultades de una materia tan complicada, por el número y variedad de los intereses que entran en juego, dejó íntegra la resolución del problema a la Comisión nombrada para la nueva codificación de la legislación mercantil. Relevada aquélla de su encargo, en cuanto a la Ley de Enjuiciamiento, en virtud de la primera disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo se preocupó de la parte de la legislación de quiebras, que debía incluirse, como declaratoria de derechos, en el Código de Comercio, absteniéndose de proponer las reformas de que era susceptible la parte relativa a los trámites y procedimientos para obtener la declaración de quiebra y los demás resultados a ella consiguientes; lo cual correspondería, en su caso, a la Comisión encargada de redactar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Con arreglo a los verdaderos principios de codificación, no cabe duda de que pueden ir separadas estas dos partes, que juntas completan la legislación sobre la materia.
La quiebra es, en primer término, un estado excepcional en el orden jurídico, producido por la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el comerciante, cuyo estado no sólo modifica su capacidad, privándole del ejercicio de casi todos los derechos civiles, sino que afecta de un modo más o menos sensible a los derechos de las personas que con él han contratado, hasta verse éstas privadas de las cosas que hubieren adquirido del quebrado por título traslativo de dominio en ciertas y determinadas circunstancias. Bajo este aspecto, las quiebras forman parte integrante del Código de Comercio.
Mas como la existencia de ese estado excepcional, en cada caso, corresponde declararlo a los Tribunales, los cuales deben intervenir forzosamente para que desde el principio produzca la declaración de quiebra todos sus naturales efectos, así respecto del quebrado como respecto de los acreedores, hay necesidad de establecer reglas y trámites que aseguren los derechos de todos los interesados. Y bajo este otro aspecto, no menos importante y trascendental que el primero, las quiebras forman parte del Derecho procesal y de la Ley de Enjuiciamiento.
Aunque la legislación vigente considera también bajo estos dos aspectos las disposiciones que rigen en materia de quiebra, como lo prueba el haberlas distribuido entre el Código y la Ley de Enjuiciamiento dictada para los asuntos de comercio, la verdad es que esta separación no se ha verificado de una manera exactamente científica, toda vez que figuran en el Código muchos preceptos que constituyen verdaderas reglas de procedimiento.
Esta imperfección se corrige en el nuevo Código, el cual, inspirándose en el criterio antes expuesto, sólo da cabida a aquellos preceptos que contienen verdadera declaración de derechos, así respecto del comerciante declarado en quiebra como de las personas que con él han contratado, tales como la enumeración de las diversas clases de quiebras, la celebración del convenio, los derechos de los acreedores y su respectiva graduación, y, por último, la rehabilitación del quebrado, omitiendo otras muchas disposiciones de que se ocupa el Código vigente, relativas a los trámites que preceden a la declaración de quiebra y los que son consiguientes a ésta, nombramiento y funciones de los síndicos, administración de la quiebra, modo de proceder en el examen, reconocimiento y graduación de los créditos y tramitación del expediente de calificación; materias todas que son propias y exclusivas de una Ley de Enjuiciamiento. Así es que el Proyecto ha podido comprender, en un solo título, todas las disposiciones sobre quiebras, que ocupan doce títulos en el Código vigente, a pesar de incluir también algunas especiales sobre las quiebras de las Compañías mercantiles, y muy particularmente las de ferrocarriles, canales y demás obras públicas.
Por lo que toca al fondo, o sea a la parte declaratoria de derechos de la legislación de quiebras, el Proyecto reproduce la vigente con importantes modificaciones, que marcan notable progreso en el desarrollo de nuestro Derecho comercial, por cuyo motivo no puede excusarse el Ministro que suscribe de llamar sobre ellas la atención de las Cortes, indicando brevemente los fundamentos en que se apoyan.
La primera de dichas modificaciones consiste en haber reconocido de una manera clara y terminante un estado preliminar al de quiebra, que corresponde a la situación en que se encuentra el comerciante que, sin gozar de toda la plenitud de su crédito, tampoco se halla en la triste situación de cesar por completo en el pago de sus obligaciones corrientes. El reconocimiento de este estado intermedio es uno de los puntos más controvertidos del Derecho mercantil, y cuya solución trae divididos a los legisladores y a los escritores de Derecho. Porque, según los jurisconsultos italianos, la quiebra consiste en la absoluta insolvencia del comerciante;esto es, cuando el pasivo excede al activo; y por lo mismo, la simple suspensión de pagos en ningún caso produce aquel estado. Según la legislación francesa, a la que sigue la nuestra, al contrario, la quiebra existe desde el momento en que el comerciante deja de pagar sus obligaciones temporal o definitivamente, y, en su virtud, la suspensión de pagos produce iguales efectos que la cesación o sobreseimiento en ellos; y, según la legislación belga, debe reconocerse la existencia de un estado provisional y particular en el comerciante que suspende sus pagos, en beneficio de éste y de los mismos acreedores, cuyo estado, sin llegar a la quiebra, produce muchos de sus buenos efectos. De estos tres distintos sistemas, el Proyecto adopta sustancialmente el último, que es el que ofrece mayores ventajas para los intereses generales del comercio, y que aun cuando no está exento de inconvenientes, se ha procurado evitarlos por medio de oportunas disposiciones, las cuales recibirán su natural desarrollo y complemento en la Ley de Enjuiciamiento. Según el Proyecto, el comerciante que no pudiendo satisfacer en el acto todas sus obligaciones corrientes, cuenta, sin embargo, con recursos o bienes suficientes para pagarlas íntegramente o con algún descuento, goza del beneficio de suspender los pagos hasta que sus acreedores acepten o rechacen el convenio que debe proponerles dentro de los diez días siguientes a la manifestación que de su estado hubiere hecho al Tribunal. Mas lo que para este comerciante constituye realmente una facultad o prerrogativa, de que puede o no usar a su albedrío, se convierte en estrecha e ineludible obligación para el comerciante que se ve en la imposibilidad de pagar sus obligaciones vencidas, siquiera sea una sola. Con este deber ha de cumplir en un breve término; de lo contrario, no podrá obtener las ventajas consiguientes al estado de suspensión de pagos y se agravará su situación, siendo declarado en quiebra.
Reconocido por el legislador aquel estado intermedio entre la condición normal del comerciante que cumple con regularidad sus compromisos y la posición desgraciada del que se encuentra imposibilitado de satisfacer sus deudas, se ha reservado a esta última la denominación de quiebra, en cuyo estado se considera comprendido todo el que sobresee o cesa definitivamente en el pago corriente de sus obligaciones.
Cuáles deben ser éstas, no lo dice el Proyecto; silencio que tiene mayor significación después de haber omitido reproducir la doctrina consignada en el Código vigente, según la cual sólo procede la declaración de quiebra cuando la cesación de pagos recae sobre obligaciones y derechos contraídos en el comercio.
El Proyecto, al suprimir esta disposición sin sustituirla por otra, ha venido a resolver una de las cuestiones que dividen hoy a los jurisconsultos en el mismo sentido que la han resuelto naciones tan adelantadas en las prácticas mercantiles como Bélgica y al que se inclina la moderna jurisprudencia francesa, esto es, suprimiendo toda distinción entre las obligaciones y deudas que el comerciante deja de pagar, siempre que esta suspensión o cesación influya desfavorablemente en el crédito de que goza. Porque no debe olvidarse que la legislación de quiebras tiene por principal objeto impedir que los comerciantes abusen del crédito, que es el alma del comercio, y que comprometan irreflexivamente los capitales ajenos; y el comerciante que no paga al corriente sus obligaciones particulares porque carece de fondos, quebranta su crédito en el mero hecho de hacer público que no tiene recursos para cubrir las necesidades más ineludibles de la vida, lo cual acusa, además, un grave trastorno en la marcha de sus negocios mercantiles, que trae consigo necesariamente la imposibilidad de pagar las obligaciones procedentes de los mismos.
Inspirándose el Proyecto en este criterio, facilita los medios de obtener la declaración de quiebra. Según el Código vigente, los acreedores del comerciante insolvente, para solicitarla, necesitan acreditar con el oportuno mandamiento de embargo que los créditos son ejecutivos. Este requisito dificulta en gran manera el ejercicio del derecho que compete a los acreedores, dilatando, con notorio daño de los mismos, la intervención de los Tribunales en los negocios del deudor, única medida salvadora de los intereses de todos. Y el Proyecto, para evitar estos inconvenientes, dispensa de aquel requisito a los acreedores y les autoriza para solicitar la declaración de quiebra, siempre que el comerciante ha cesado de una manera general en el pago corriente de sus obligaciones, o cuando, hallándose en estado de suspensión de pagos, no presentare las proposiciones de convenio en el término señalado.
Tratando de los efectos de la declaración de quiebra, el Proyecto ha procurado llenar algunas omisiones que el Código ofrece y restringir estos mismos efectos en interés de la seguridad de los terceros que anteriormente hubieran contratado con el deudor.
Siendo anulables las enajenaciones de bienes raíces a título oneroso hechas en el mes anterior a dicha declaración, no existe razón alguna para que no lo sean de igual modo las constituciones de dotes verificadas durante el mismo período en favor de las hijas del quebrado con bienes de la sociedad conyugal.
Reputándose vencidas todas las deudas pendientes contra el quebrado en el día en que se hizo la declaración de quiebra, y no siendo aplicable a ellas tampoco la doctrina general sobre la morosidad del deudor en el cumplimiento de las obligaciones, síguese, como consecuencia natural, que no deben devengar interés desde dicho día las que sólo tienen por garantía la masa general de bienes del quebrado, puesto que el único derecho de tales acreedores consiste en distribuirse el haber del mismo en la debida proporción. No sucede lo propio respecto de los acreedores que se hallan garantidos especialmente con un objeto mueble o raíz, porque para ellos son diferentes las consecuencias de la declaración de quiebra, si voluntariamente no toma una parte activa en el procedimiento, y, por consiguiente, conservan en toda su integridad sus derechos, no sólo al capital sino también a los intereses hasta donde alcance el valor de la garantía, por la regla de que lo accesorio sigue a lo principal.
Atendidos los inconvenientes que origina la facultad de rescindir o anular los contratos que de buena fe han celebrado terceras personas con el quebrado en los cuatro años anteriores a la declaración de quiebra, y no siendo justo mantener por tan largo tiempo lo que constituye una derogación de los principios que protegen el derecho de contratación, el Proyecto limita aquella facultad a los contratos celebrados por el quebrado en los dos años anteriores.
De las varias clases de quiebra que reconoce el Código vigente, sólo admite el Proyecto tres, que son a saber: fortuita, culpable y fraudulenta, habiendo prescindido del alzamiento, porque esta denominación sólo respondía al estado de nuestra legislación mercantil y penal al tiempo de publicarse el Código y al respeto que inspiraba el derecho tradicional. No existiendo hoy ninguna de estas consideraciones, y produciendo iguales efectos jurídicos en el orden mercantil, según el mismo Código, la quiebra fraudulenta y el alzamiento u ocultación de bienes, debía prescindirse de uno de los términos de la actual clasificación, que a ningún resultado práctico conduce. En su lugar, el Proyecto comprende el hecho de alzarse el quebrado con el todo o parte de sus bienes entre las circunstancias que motivan la quiebra fraudulenta.
No son menos importantes las innovaciones que introduce el Proyecto en la doctrina sobre la competencia de la jurisdicción criminal para conocer de los delitos de quiebra. La necesidad de mantener la unidad en todo lo relativo a la declaración de un estado que viene a ser general, indivisible y absoluto, impide que la jurisdicción criminal proceda desde luego a la persecución y castigo de los hechos que constituyen aquellos delitos, debiendo esperar a que la jurisdicción civil, en presencia de todos los datos y con audiencia de todos los interesados, califique la naturaleza de la quiebra y declare si existen motivos para proceder criminalmente contra el quebrado. Aunque la legislación mercantil vigente admite esta doctrina, no la formula de una manera explícita, de donde nacen algunas dudas, que el Proyecto resuelve declarando de un modo terminante que en ningún caso podrá procederse, ni a instancia de parte ni de oficio, por los delitos de quiebra culpable o fraudulenta, sin la previa calificación de la misma hecha por el Tribunal competente.
Mas tampoco sería justo atribuir a esta declaración, cuando fuese favorable al quebrado, tanta eficacia que detuviese la acción de los Tribunales para perseguir los hechos punibles que resultasen de otros juicios distintos del de calificación, aunque relacionados con el de quiebra. En este caso importa que la jurisdicción criminal recobre toda su independencia, y así lo dispone el Proyecto, añadiendo que una vez declarado por sentencia firme que existen méritos bastantes para proceder criminalmente por tales hechos, el Juez pasará el tanto de culpa al Tribunal competente.
En cuanto al convenio del quebrado con sus acreedores, el Proyecto, después de reproducir el principio general consignado en la Ley de 30 de julio de 1878, según el cual no puede darse curso a ninguna proposición que haga el deudor antes del reconocimiento de los créditos y calificación de la quiebra, introduce algunas modificaciones en la doctrina del Código que son dignas de consideración. Entre ellas, aparece en primer término la que, para graduar el importe de los créditos que representan las tres quintas partes del total pasivo de la quiebra que han de concurrir necesariamente a la aprobación del convenio, excluye los créditos privilegiados e hipotecarios cuyos dueños se hubiesen abstenido de tomar parte en las deliberaciones de la junta de acreedores, disposición altamente justa y equitativa, porque los que se abstienen no deben contribuir a la aprobación o desaprobación del convenio, que en todo caso sólo puede perjudicar o favorecer a los demás acreedores que no tienen asegurados sus créditos con garantías especiales, y a quienes por lo mismo afecta únicamente el resultado de la votación.
Consecuente el Proyecto con la idea de castigar el fraude donde quiera que se presente, añade a las causas que, según la legislación actual, pueden alegarse contra la aprobación del convenio celebrado entre el deudor y sus acreedores, la inexactitud fraudulenta en el balance general de los negocios del fallido o en los informes de los síndicos para la admisión de las proposiciones del quebrado.
Para evitar dudas, y de acuerdo con los verdaderos principios de esta materia, el Proyecto consigna dos importantes declaraciones, a saber: que el convenio será obligatorio para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración de quiebra, si hubieran sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado el convenio, no hubieran reclamado contra él, aun cuando no estén comprendidos en el balance ni hayan sido parte en el procedimiento; y que si el deudor faltare al cumplimiento de lo estipulado, cualquiera de los acreedores podrá pedir la rescisión del convenio ante el Tribunal que hubiere conocido de la quiebra, cuya rescisión, si llega a declararse, producirá el efecto de abrirse de nuevo el procedimiento en el mismo estado que tenía en la época de la aprobación del convenio, para continuarlo como si éste no hubiese existido, y recobrando los acreedores los derechos que hubieren cedido o renunciado.
En orden a los derechos de los acreedores sobre los bienes existentes en poder del deudor en el momento de la declaración de quiebra, el Proyecto, completando la doctrina del Código, declara que la masa o colectividad de acreedores viene a ocupar el lugar del deudor, y en su consecuencia dispone que los derechos que a éste puedan corresponder en dichos bienes los debe retener aquélla, siempre que cumpla las obligaciones anejas a los mismos.
Además, el Proyecto introduce importantes cambios en las reglas generales que, según la legislación actual, fijan el orden con que han de pagarse los diversos créditos reconocidos contra el quebrado, cuando los bienes del mismo no alcancen a cubrirlos íntegramente. El Código de Comercio, siguiendo al Derecho civil que estaba vigente en la época de su promulgación, establece el orden de prelación de los créditos, considerando en conjunto y como formando una sola masa todos los bienes del fallido, así muebles como inmuebles, excepción hecha de ciertos créditos sobre las naves. Pero habiéndose alterado profundamente el Derecho civil por virtud del planteamiento del nuevo sistema hipotecario, el cual no reconoce sobre los bienes inmuebles, en perjuicio de tercero, otros créditos que los inscritos y sin más preferencia que la que nace de la prioridad de la inscripción, las disposiciones del Código de Comercio sobre graduación de acreedores han quedado implícitamente derogadas, pues los créditos singularmente privilegiados y los asegurados con hipotecas tácitas o legales ceden ante los inscritos en los libros del Registro. Por otra parte, la ley mercantil declara especialmente sujetos ciertos bienes muebles a la responsabilidad de determinadas obligaciones, las cuales deben hacerse efectivas en ellos, con preferencia a cualesquiera otras y con independencia de la masa general de acreedores. Y como el estado de quiebra se ha introducido para estimular y fomentar el desarrollo del crédito, cuando no exista motivo especial de preferencia en favor de algunos créditos, la Ley debe dársela, tratándose de acreedores comunes, a los que lo sean por operaciones mercantiles. En estos principios fundamentales del derecho moderno, acertadamente combinados, descansan las disposiciones del Proyecto que fijan la graduación de los créditos en las quiebras, distinguiendo los que deban hacerse efectivos con el producto de los bienes muebles y los que deban pagarse con el de los raíces.
Con el objeto de asegurar los derechos de los tenedores de billetes de Banco y de estimular la admisión de estos efectos en las transacciones mercantiles, el Proyecto, de acuerdo en lo sustancial con lo prescrito en las leyes vigentes sobre Bancos de emisión, considera como de dominio ajeno el importe de los billetes emitidos bajo las formalidades indicadas en su lugar oportuno y que realmente se hubieran puesto en circulación, mandando al propio tiempo que, en el caso de quiebra de estos establecimientos, se separe de la masa general el importe de dichos billetes para dejarlo a disposición de sus legítimos tenedores.
Teniendo en consideración los principios del derecho moderno sobre préstamos hechos con garantía de bienes raíces o valores públicos, el Proyecto deroga el precepto del Código de Comercio según el cual los acreedores con prenda quedan asimilados a los hipotecarios, y deben, en su consecuencia, restituir a la masa general de la quiebra las prendas que tuvieren del deudor. En su lugar sienta una regla general, aplicable a los préstamos verificados con garantías muebles, ya consistan en efectos cotizables, ya sean de cualquier otra clase, siempre que en el primer caso se hubiesen otorgado con intervención de agente colegiado, y en el segundo, por escritura pública. En virtud de esta nueva doctrina, los acreedores no vendrán obligados a traer a la masa los efectos o cosas que recibieron en prenda, sino que podrán venderlos con sujeción a las formalidades establecidas para los valores cotizables, si de éstos se tratare, y con intervención de corredor o agente, o en pública almoneda, ante notario, si se tratare de otros cualesquiera objetos de comercio.
No obstante, los representantes de la quiebra podrán exigir, si les conviniere, la devolución de las prendas dadas en garantía, sin distinción alguna, bajo una condición, a saber: la de satisfacer íntegramente el crédito a que estuvieren respectivamente afectos, pues cumplida esta condición, el acreedor, que sólo conservaba la prenda para asegurar la devolución del capital prestado, no puede retenerla sin perjudicar a los demás acreedores.
Mas aun cuando los representantes de la masa no hagan uso de este derecho, el acreedor que procediere a la enajenación de la prenda deberá restituir el sobrante, si lo hubiere, después de extinguido su crédito, y quedará en la condición de acreedor escriturario respecto del saldo, si resultare, contra el quebrado.
Para concluir lo relativo a la quiebra de los comerciantes particulares, resta solamente añadir que el Proyecto suprime el título del Código vigente que trata de la cesión de bienes, porque sus disposiciones han dejado de tener verdadero interés, a consecuencia de hallarse hoy completamente abolida por la práctica nuestra legislación tradicional, que impone la prisión por deudas al deudor insolvente. Por otra parte, resulta demasiado duro e injusto el Código privando al comerciante que hace cesión de bienes a sus acreedores de los beneficios del convenio y de la rehabilitación. En lo sucesivo, la cesión de bienes producirá los efectos de una proposición de convenio si fuere voluntaria, y siendo forzosa o judicial se regirá por las disposiciones generales sobre el juicio de quiebra, cuando no existe convenio o éste es desechado.
Aunque la doctrina consignada en el Proyecto sobre la naturaleza y efectos de los estados de suspensión de pagos y de quiebra comprende de un modo general a todas las personas que tienen la consideración legal de comerciantes, y, por consiguiente, a las Compañías mercantiles o industriales constituidas con sujeción a lo dispuesto en el mismo Proyecto, la diversa índole de cada una de estas entidades jurídicas, las distintas relaciones en que se hallan respecto de sus miembros y de sus acreedores, y en ciertos casos la importancia de la empresa que constituye el objeto social, aconsejan imperiosamente la conveniencia de dictar algunas reglas especiales para la más adecuada y justa aplicación de aquella doctrina a las Sociedades y Compañías, supliendo, además, el vacío que se advierte en el Código vigente, que sólo contiene alguna que otra disposición aislada acerca de esta complicada materia.
Comienza el Proyecto sentando el principio general absoluto de que la quiebra de una Sociedad en nombre colectivo o en comandita, lleva consigo, necesariamente, la quiebra de todos y de cada uno de los socios que se hayan obligado en ella personal y solidariamente con todos sus bienes, cuyo principio se funda en que esta clase de Compañías sólo pueden ser declaradas en quiebra cuando no resulten bienes bastantes para satisfacer las deudas que hubieren contraído, ni en el haber de la misma ni en el patrimonio de cada uno de los socios con responsabilidad ilimitada. Pero de este principio no se sigue que la quiebra de la Compañía y las de éstos sean indivisibles y que deban sujetarse a un solo procedimiento; todo lo contrario: los intereses y derechos activos y pasivos de los socios y de la Sociedad continúan independientes y pueden administrarse separadamente. La justicia y la equidad exigen que cada asociado halle libre el camino para satisfacer sus compromisos honradamente sin estar ligado a sus compañeros.
Mas si es verdad que la quiebra de una Compañía, en los casos indicados, produce la de sus socios, no lo es que la quiebra de uno de éstos por sí solo lleve consigo necesariamente la de aquélla. En las Sociedades anónimas esto es evidente y absoluto. En las constituidas bajo nombre colectivo o en comandita no es menos cierto, porque si bien la quiebra de un socio solidario afecta de un modo esencial a la Compañía, no tanto que la coloque en la situación de no poder satisfacer sus deudas. Ni aunque todos los socios fuesen declarados en quiebra debería serlo la Sociedad. Para ello es, además, necesario que ésta se halle real y verdaderamente en la imposibilidad de cumplir las obligaciones contraídas a nombre de la misma.
Otra cuestión de la mayor importancia resuelve el Proyecto con motivo de la responsabilidad de los socios comanditarios y accionistas en general por los dividendos o la parte de capital que estuvieren obligados a entregar y cuyos plazos no hubieren vencido al tiempo de la declaración de quiebra de la Sociedad. La opinión de los jurisconsultos nacionales y extranjeros se halla dividida acerca de este punto, si bien la mayoría de ellos se inclina a que la quiebra no extingue aquella responsabilidad y en su consecuencia, a que los síndicos o representantes de los acreedores pueden hacerla efectiva exigiendo la entrega de los dividendos o partes de capital que consideren necesarios para satisfacer todas las obligaciones de la Sociedad.
Esta solución parece la más justa, porque, al fin y al cabo, los terceros, al contratar con la Sociedad, no sólo contaron con la garantía personal de los gestores o gerentes, sino con la más positiva de los capitales que los demás socios se obligaron a aportar, cuya obligación engendra un derecho perfecto en favor de los acreedores.
Como consecuencia de esta doctrina, el Proyecto admite la compensación entre las cantidades que estuvieren obligados a entregar estos socios para completar el capital social y las que la Compañía tenga que abonarles como acreedores de la misma; de suerte que si resultare alguna diferencia a su favor, figurará ésta solamente en el haber pasivo de la quiebra.
Una importante novedad introduce el Proyecto en la legislación vigente acerca de los derechos que corresponden a los acreedores particulares de los socios con responsabilidad solidaria de una Compañía colectiva o en comandita declarada en quiebra. Prescindiendo de los que tienen preferencia por ser sus créditos privilegiados o hipotecarios, respecto de los cuales se observará lo dispuesto en las leyes especiales por que se rigen cada uno de los dichos créditos, todos los demás acreedores particulares del socio son postergados, según el Código vigente, a los de la Compañía, de tal modo que sólo después de satisfechos éstos podrán aquéllos dirigir su acción contra el remanente que pueda corresponder al socio que fuere su deudor, una vez terminada definitivamente la liquidación de la quiebra. Este precepto del Código no parece justo, atendidos los términos absolutos en que se halla redactado. Los que contratan particularmente con una persona que forma parte de una Compañía colectiva o en comandita como socio solidario, saben perfectamente que tiene comprometidos todos sus bienes presentes o futuros desde que contrajo la Sociedad a las resultas de las operaciones sociales, y por consiguiente, saben que sólo tienen por garantía lo que en la liquidación de la sociedad se adjudicare a su deudor. No acontece lo propio con los que contrataron con esa misma persona antes de ligarse por ningún contrato de sociedad, pues lo hicieron contando con la garantía de todos los bienes presentes y futuros del deudor. La condición de tales acreedores no puede quedar perjudicada por actos posteriores del deudor llevados a cabo sin su noticia ni consentimiento. Así lo exigen los principios generales del Derecho, que en ningún caso deben conculcarse para favorecer los intereses del comercio.
El Proyecto, al establecer la distinción entre los créditos del socio anteriores a la constitución de la Sociedad y los posteriores, ofrece una nueva prueba de que ante todo tiene por norma los dictados de la justicia.
Como la declaración de quiebra despoja a todo quebrado, en general, de la administración de sus bienes y de la gestión de sus negocios, es consiguiente que tratándose de Sociedades mercantiles, los gerentes o administradores queden también por aquel mismo hecho inhabilitados para continuar ejerciendo las atribuciones propias de sus respectivos cargos, los cuales pasan a los síndicos, como representantes de los acreedores. Pero al mismo tiempo, la Sociedad quebrada debe hallarse legítimamente representada en los diversos actos del procedimiento que exigen la concurrencia del quebrado. El Código vigente nada dispone acerca de este particular, y el Proyecto, para evitar dudas y completar la doctrina legal sobre tan importante materia, señala las personas que han de tener la representación de las Compañías en el juicio de quiebra de las mismas.
Atendida la gran utilidad que reportan al quebrado y a sus acreedores los convenios equitativos y justos que ponen término a los procedimientos, siempre costosos y complicados, del juicio de quiebra, el Proyecto ha dictado varias reglas para facilitar la celebración de los mismos en las quiebras de las Compañías anónimas. Al efecto, y partiendo del principio de que la declaración de quiebra no produce, de derecho, la disolución de la Sociedad, declara que mientras no llegue este caso, los convenios podrán tener por objeto la continuación o el traspaso de la empresa social, expresando las condiciones bajo las cuales ésta ha de continuar en lo sucesivo, ya por la misma Sociedad, ya por la persona o Compañía que adquiera dicha empresa, y sin perjuicio de lo que disponga la legislación administrativa acerca de la quiebra de las Sociedades concesionarias de obras públicas. Una vez declarada en liquidación la Compañía, desaparece su personalidad jurídica, no existe Sociedad, y por tanto, se pierde hasta la posibilidad de celebrar un convenio. Con aquel indicado propósito, permite el Proyecto a las Compañías anónimas que en cualquiera estado del juicio de quiebra puedan presentar a los acreedores las proposiciones de convenio que estimen oportunas. Si el Proyecto dispensa a estas Sociedades de la regla general, que prohíbe al quebrado presentar proposiciones de convenio antes de la calificación de la quiebra y del reconocimiento de los créditos, es porque no existiendo realmente una persona que en el concepto de quebrada deba quedar sujeta a un procedimiento especial, la calificación de su conducta no tiene lugar, y porque la naturaleza de los créditos que suelen constituir el pasivo de dichas Sociedades permite adoptar otras reglas más sencillas y breves para su justificación. Estas reglas son las que el mismo Proyecto establece respecto de las Compañías concesionarias de obras públicas.
Con ellas, y algunas otras especiales que han de observarse para declarar en estado de suspensión de pagos o de quiebra a estas Compañías, termina el Proyecto tan importantísima materia. Como la mayor parte de dichas reglas son fiel trasunto de las consignadas en la Ley del 12 de noviembre de 1869, ampliamente discutida, el Ministro que suscribe se limitará a exponer someramente las innovaciones hechas en aquellos puntos que la experiencia ha señalado como deficientes.
Según los términos de la citada Ley, sólo están sujetas a sus prescripciones las empresas que han obtenido la concesión de una obra o servicio de interés del Estado. Pero las mismas razones existen para que lo estén las demás Sociedades que tienen por objeto una obra o servicio de la Provincia o del Municipio.
El silencio de la Ley pone en duda el derecho de los acreedores legítimos de estas Compañías para solicitar la declaración de suspensión de pagos, y el Proyecto resuelve esta duda atribuyéndoles iguales facultades que si se tratase de un comerciante particular.
El capital de las obligaciones emitidas por las empresas de obras públicas se computa según la vigente Ley conforme a los tipos de la de 29 de enero de 1862, de suyo variables y frecuentemente injustos. El verdadero tipo para computar el capital efectivo que representan las obligaciones es el de su emisión, y así lo declara el Proyecto.
Pero habiéndose reconocido en éste el derecho preferente de las primeras emisiones de aquellos títulos sobre las posteriores, no podían continuar mezclados y confundidos los tenedores de obligaciones emitidas en distintas fechas, como lo están actualmente, formando un solo grupo. En lo sucesivo se constituirán tantas secciones cuantas hubieren sido las emisiones de obligaciones hipotecarias, cada una de las cuales tendrá los mismos derechos que en la actualidad disfrutan los diferentes grupos de acreedores.
Además, el Proyecto aplica a los convenios propuestos por estas Compañías la doctrina anteriormente expuesta sobre las causas en que puede fundarse la oposición a los mismos y sobre los efectos que produce su aprobación, de acuerdo con el espíritu general de la citada Ley de 12 de noviembre de 1869, que continuará subsistente en todo lo que no haya sido modificada por las disposiciones del Proyecto, conforme a lo declarado expresamente en el artículo 1320 de la Novísima Ley de Enjuiciamiento Civil.
Prescripciones

Las innovaciones introducidas respecto de la extinción de las obligaciones mercantiles por prescripción no presentan tanta dificultad como las que se comprenden en otros títulos del Proyecto, porque lejos de alterar la legislación vigente, la confirman de nuevo, extendiendo su aplicación a ciertas transacciones que hasta ahora permanecían bajo el imperio del Derecho común, reduciendo, en interés del comercio, la duración de los plazos señalados en el mismo Código y fijando sobre otros puntos importantes una doctrina más justa y más conforme con la naturaleza de las operaciones mercantiles.
La conveniencia de las reformas que se dirigen al primer objeto es tan clara y evidente, que bastarán algunas indicaciones en su apoyo.
Para sustraer de las reglas del Derecho civil la responsabilidad de los Corredores de comercio e Intérpretes de buques por las operaciones, en que intervienen, el Proyecto se ha fundado en la grande analogía que existe entre estos oficios y el de Agente de Bolsa, pues siendo así que en el Decreto Orgánico de la Bolsa de Madrid de 8 de febrero de 1854 las acciones contra los agentes o contra sus fianzas tienen señalada una prescripción especial o de corto plazo, debe también fijarse la misma prescripción a los corredores o intérpretes que participan, como aquéllos, del carácter común de agentes mediadores de comercio.
La prescripción especial establecida para extinguir las responsabilidades que mutuamente pueden exigirse los socios y la Sociedad, tiene su fundamento en que si bien las Compañías comerciales constituyen verdaderas entidades jurídicas, con personalidad distinta de la de los individuos que las componen, esta distinción no aparece muy marcada mientras la Sociedad existe o el socio forma parte de ella. Mas con la disolución de los vínculos que unían al individuo con la entidad social, se manifiesta aquella distinción de una manera real y efectiva, razón por la que importa fijar un plazo breve para que dentro de él ejerciten mutuamente las acciones que crean competirles los socios o la Sociedad, poniendo término a la incertidumbre que lleva consigo la prescripción ordinaria o común. Razones análogas ha tenido en cuenta el Proyecto para limitar la duración de la responsabilidad de los socios gerentes y administradores de las Compañías por las operaciones que en este concepto hubieren realizado, ya sean los mismos socios, ya sean los extraños los que se consideren perjudicados, pues tanto unos como otros deberán entablar sus reclamaciones dentro de los cuatro años siguientes a la fecha en que por cualquier motivo cesaron aquéllos en el ejercicio de su administración.
Y por lo que toca a las prescripciones especiales señaladas para exigir el abono del pasaje o su devolución, el pago de la indemnización por razón de abordaje, el de los gastos de venta judicial de los buques, cargamento o efectos transportados por mar o tierra, así como los de su custodia y conservación y otros menudos que son ordinarios y frecuentes en la navegación, el Proyecto se ha fundado en la dificultad de conservar por largo tiempo las pruebas que acreditan el pago de estas cantidades, o que no viene obligada a ello la persona de quien se reclaman.
En cuanto a la duración de las prescripciones establecidas en la legislación vigente, el Proyecto ha procurado abreviar algunos de los plazos fijados en ella, en atención a que hoy son mucho más fáciles y rápidos los medios de comunicación que lo eran a la promulgación del Código de Comercio, el cual tuvo en cuenta esta circunstancia para señalar el término dentro del cual debían entablarse ciertas reclamaciones, y para declarar que, transcurrido aquél sin verificarlo, se presumía que el deudor había cubierto sus compromisos o cumplido sus obligaciones.
Completan el cuadro de las reformas introducidas en esta importante materia las disposiciones sobre la interrupción judicial de la prescripción y acerca del tiempo en que empiezan a correr los plazos señalados para la prescripción de ciertas obligaciones mercantiles.
El Código vigente, reflejando las opiniones vacilantes y poco conformes con los verdaderos principios jurídicos que dominaban en el Derecho civil en la época de su promulgación, declara que la interrupción judicial de la prescripción anula el tiempo transcurrido anteriormente, debiendo empezar a contarse de nuevo desde que se hizo la última gestión en juicio a instancia de cualquiera de las partes litigantes. La doctrina del Código es injusta, porque atribuye a la interpelación judicial un carácter absoluto, siendo así que, según reconocen hoy la generalidad de los jurisconsultos y ha proclamado la mayoría de los legisladores modernos, depende de una condición esencial, a saber: la de que venza el demandante en el juicio que hubiere promovido. Por eso la interpelación judicial resulta ineficaz y como si no hubiera existido cuando el actor desistiere de ella o caducare la instancia, en los casos previstos en la novísima Ley de Enjuiciamiento Civil, o el demandado fuere absuelto. Así lo consigna también el Proyecto, derogando en esta parte el Código vigente.
Del mismo modo viene a ser injusta la disposición contenida en éste respecto del tiempo en que debe comenzar a contarse la prescripción de los salarios, gajes y utilidades que corresponden a las personas que han prestado servicios o hecho trabajos en los buques, puesto que hace depender el curso de la prescripción del regreso de éstos al puerto donde se contrajo la deuda cuando procede de trabajos, y de la terminación del viaje cuando se trata de servicios prestados, sin hacer distinción alguna entre las personas que están contratadas por el viaje, las que lo están por tiempo determinado tan sólo y las que contrataron sin sujeción a ninguna de estas condiciones. La injusticia del Código nace de haber fijado de una manera uniforme el momento en que empieza a correr la prescripción para las obligaciones contraídas de tan distinto modo. Porque si la prescripción se funda en la presunción de que el deudor ha cumplido su obligación, es preciso que ésta haya vencido y que sea exigible. Por eso debe empezar a correr en el mismo instante en que adquiera este carácter, según las modalidades de cada obligación, pues si empezase antes despojaría al acreedor de un derecho, cuando todavía no le era permitido exigir su cumplimiento, y si comenzare mucho después o a consecuencia de otro hecho extraño a la obligación, dilataría indefinidamente su duración, en daño notorio del deudor. Con arreglo a estos principios, el Proyecto ha fijado el momento en que debe empezar a correr el término señalado para la prescripción de las obligaciones procedentes de servicios prestados o trabajos hechos en los buques.
Adoptando el mismo criterio, ha modificado el Proyecto la doctrina del Código sobre la prescripción de las obligaciones que nacen de los contratos de transportes terrestres y marítimos, distinguiendo en primer término las que se refieren a la entrega del cargamento de las que tienen por objeto exigir indemnización por los daños que éste hubiere sufrido durante su conducción o por retraso en la misma. En las primeras, la prescripción corre desde el día en que debió verificarse la entrega, según las condiciones de su transporte, y no se hizo, lo cual es también aplicable a las reclamaciones por retraso en la conducción. En las acciones por daños o faltas en el cargamento empieza a contarse desde el día en que se hizo la entrega de éste en el lugar de su destino, siempre que se hubiesen formalizado por el receptor las correspondientes protestas o reservas en el tiempo y en los casos prescritos al tratar de los contratos de transporte terrestre y de fletamento. Por lo demás, el Proyecto, al fijar la doctrina sobre la prescripción procedente de estos contratos, comprende tanto las acciones que pueden entablarse contra el capitán o conductor, como las que se intentaren contra el fletario, y suprime la necesidad de ratificar las protestas por medio de la competente demanda judicial dentro de los dos meses siguientes, que el Código vigente exige para que dichas protestas produzcan todos sus efectos legales.
Aplicando los mismos principios a los préstamos a la gruesa y a los seguros marítimos, el Proyecto declara que la prescripción de las acciones procedentes de estos contratos comenzará a correr, según la naturaleza del derecho que en cada caso haya de ejercitarse, bien desde el término señalado para el cumplimiento de la respectiva obligación, bien desde la fecha del siniestro, corrigiendo también en esta parte el Código vigente, que de un modo general y si hacer distinción alguna, dispone que la prescripción empiece a contarse desde la fecha del contrato, cualquiera que sea la índole de la reclamación.
Disposición general

El último título del Proyecto contiene un solo artículo, que aun cuando se halla estrechamente relacionado con la materia tratada en el título anterior, es aplicable a todos los que fijan plazos o términos para el ejercicio de un derecho o para el cumplimiento de una obligación, ofreciendo una verdadera novedad en nuestra legislación comercial.
El señalamiento de estos plazos supone necesariamente en la persona que dentro de ellos debe realizar alguna formalidad judicial o extrajudicial, la posibilidad material de obrar, pues existiendo o sobreviniendo obstáculos que impidan la libre acción del interesado, no puede deducirse la presunción de que renuncia a su derecho el que no lo ejerce, cuya presunción es el fundamento de la pérdida de los mismos derechos por prescripción. Hasta ahora la legislación mercantil no ha reconocido de un modo formal la eficacia de estos obstáculos, cuando son públicos y más o menos generales, para suspender el curso de los términos que la misma señala, a fin de cumplir dentro de ellos ciertas formalidades o formular determinadas reclamaciones, si se exceptúa algún caso concreto y aislado, como sucede respecto de la presentación de las letras de cambio a la aceptación. Este silencio del legislador ha sido motivo de graves perturbaciones en el comercio; y si bien para evitarlas se han visto obligados los Gobiernos a dictar medidas excepcionales en circunstancias extraordinarias, parecía como que había algo de arbitrario en ellas por la índole del poder de quien procedían. Ciertamente que con arreglo a los principios del Derecho público, la suspensión de los plazos fijados en una ley equivale a una derogación de la misma, y bajo este aspecto es innegable que corresponde decretarla al Poder legislativo. Mas como los acontecimientos que exigen la suspensión de los términos fijados en el Código pueden sobrevenir de improviso y cuando no se hallen reunidas las Cortes, y el aplazamiento traería incalculables perjuicios, el Proyecto ha procurado atender los intereses generales del comercio, sin menoscabo de la autoridad de los Cuerpos colegisladores, estableciendo taxativamente las causas graves y extraordinarias que podrán motivar la suspensión de los referidos plazos, y atribuyendo al Gobierno la facultad de declararla, previo acuerdo del Consejo de Ministros, con la obligación de dar cuenta a las Cortes del uso que hiciere de esta facultad.
Con estas observaciones concluyen las que el Ministro que suscribe se propuso dirigir a la ilustración de las Cortes sobre las principales reformas que en la legislación mercantil vigente introduce el Proyecto de Código redactado de conformidad con las bases acordadas por el Gobierno en el Decreto de 20 de septiembre de 1869, abrigando la íntima convicción de que tal como hoy se presenta, y sin perjuicio de las mejoras de que es susceptible, constituye un verdadero progreso en nuestro Derecho nacional, que en la parte relativa a las transacciones comerciales demanda con urgencia una nueva codificación, que ponga fin al estado de confusión y de incertidumbre en que hoy se encuentra.
En atención a lo expuesto, autorizado por SM, y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la deliberación de las Cortes el adjunto Proyecto de Ley.
Artículo único.

Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para que publique como Ley el adjunto proyecto de Código de Comercio.
Madrid, 18 de marzo de 1.882
El Ministro de Gracia y Justicia Manuel Alonso Martínez
 LIBRO I. De los comerciantes y del comercio en general
 TÍTULO I. De los comerciantes y de los actos de comercio
Artículo 1  
Son comerciantes para los efectos de este Código:

1.º Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente.
2.º Las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código.
Artículo 2  
Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y, a falta de ambas reglas, por las del Derecho común.
Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de naturaleza análoga.
Artículo 3  
Existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.
Artículo 4   
Tendrán capacidad legal para el ejercicio habitual del comercio las personas mayores de edad y que tengan la libre disposición de sus bienes.
Artículo 5  
Los menores de dieciocho años y los incapacitados podrán continuar, por medio de sus guardadores, el comercio que hubieran ejercido sus padres o sus causantes. Si los guardadores carecieren de capacidad legal para comerciar, o tuvieran alguna incompatibilidad, estarán obligados a nombrar uno o más factores que reúnan las condiciones legales, quienes les suplirán en el ejercicio del comercio.
Artículo 6   
En caso de ejercicio del comercio por persona casada, quedarán obligados a las resultas del mismo los bienes propios del cónyuge que lo ejerza y los adquiridos con esas resultas, pudiendo enajenar e hipotecar los unos y los otros. Para que los demás bienes comunes queden obligados, será necesario el consentimiento de ambos cónyuges.
Artículo 7   
Se presumirá otorgado el consentimiento a que se refiere el artículo anterior cuando se ejerza el comercio con conocimiento y sin oposición expresa del cónyuge que deba prestarlo.
Artículo 8  
También se presumirá prestado el consentimiento a que se refiere el artículo 6.º cuando al contraer matrimonio se hallare uno de los cónyuges ejerciendo el comercio y lo continuare sin oposición del otro.
Artículo 9   
El consentimiento para obligar los bienes propios del cónyuge del comerciante habrá de ser expreso en cada caso.
Artículo 10 
El cónyuge del comerciante podrá revocar libremente el consentimiento expreso o presunto a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 11   
Los actos de consentimiento, oposición y revocación a que se refieren los artículos 7.º, 9.º y 10 habrán de constar, a los efectos de tercero, en escritura pública inscrita en el Registro Mercantil. Los de revocación no podrán, en ningún caso, perjudicar derechos adquiridos con anterioridad.
Artículo 12  
Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende sin perjuicio de pactos en contrario contenidos en capitulaciones matrimoniales debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
Artículo 13   
No podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales:

1.º (Suprimido)

2.º Las personas que sean inhabilitadas por sentencia firme conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación. Si se hubiera autorizado al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada, los efectos de la autorización se limitarán a lo específicamente previsto en la resolución judicial que la contenga.
3.º Los que, por Leyes o disposiciones especiales, no puedan comerciar.
Artículo 14  
No podrán ejercer la profesión mercantil por sí ni por otro, ni obtener cargo ni intervención directa administrativa o económica en sociedades mercantiles o industriales, dentro de los límites de los distritos, provincias o pueblos en que desempeñan sus funciones:

1.º Los Magistrados, Jueces y funcionarios del Ministerio Fiscal en servicio activo.
Esta disposición no será aplicable a los Alcaldes, Jueces y Fiscales municipales, ni a los que accidentalmente desempeñen funciones judiciales o fiscales.
2.º Los Jefes gubernativos, económicos o militares de distritos, provincias o plazas.
3.º Los empleados en la recaudación y administración de fondos del Estado, nombrados por el Gobierno.
Exceptúanse los que administren y recauden por asiento, y sus representantes.
4.º Los Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquier clase que sean.
5.º Los que por leyes o disposiciones especiales no puedan comerciar en determinado territorio.
Artículo 15 
Los extranjeros y las compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España; con sujeción a las leyes de su país, en lo que se refiera a su capacidad para contratar, y a las disposiciones de este Código, en todo cuanto concierna a la creación de sus establecimientos dentro del territorio español, a sus operaciones mercantiles y a la jurisdicción de los Tribunales de la nación.
Lo prescrito en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo que en casos particulares pueda establecerse por los Tratados y Convenios con las demás potencias.
 TÍTULO II. Del Registro Mercantil
Artículo 16   
1. El Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de:

1.º Los empresarios individuales.
2.º Las sociedades mercantiles.
3.º Las entidades de crédito y de seguros, así como las sociedades de garantía recíproca.
4.º Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones.
5.º Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo disponga la Ley.
6.º Las agrupaciones de interés económico.
7.º Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.
8º. Los actos y contratos que establezca la ley.
2. Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables y cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes.
Artículo 17   
1. El Registro Mercantil se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia con el sistema de hoja personal.
2. El Registro Mercantil radicará en las capitales de provincia y en las poblaciones donde por necesidades de servicio se establezca de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
3. En Madrid se establecerá además un Registro Mercantil Central, de carácter meramente informativo, cuya estructura y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
4. El cargo de Registrador Mercantil se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.
5. El Registro Mercantil asegurará la interconexión con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Unión Europea y las normas reglamentarias que las desarrollen. El intercambio de información a través del sistema de interconexión facilitará a los interesados la obtención de información sobre las indicaciones referentes al nombre y forma jurídica de la sociedad, su domicilio social, el Estado miembro en el que estuviera registrada y su número de registro.
Artículo 18   
1. La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público. Sólo podrá practicarse en virtud de documento privado en los casos expresamente prevenidos en las Leyes y en el Reglamento del Registro Mercantil.
2. Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro.
3. Practicados los asientos en el Registro Mercantil, se comunicarán sus datos esenciales al Registro Central, en cuyo boletín serán objeto de publicación. De esta publicación se tomará razón en el Registro correspondiente.
4. El plazo máximo para inscribir el documento será de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación. El registrador en la nota a pie de título, si la calificación es positiva, o en la calificación negativa deberá expresar inexcusablemente la fecha de la inscripción y, en su caso, de la calificación negativa a los efectos del cómputo del plazo de quince días. Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, tuviera defectos subsanables o existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de quince días se computará desde la fecha de la devolución del título, la subsanación o la inscripción del título previo, respectivamente. En estos casos, la vigencia del asiento de presentación se entenderá prorrogada hasta la terminación del plazo de inscripción.
5. Si, transcurrido el plazo máximo señalado en el apartado anterior, no hubiere tenido lugar la inscripción, el interesado podrá instar del registrador ante quien se presentó el título que la lleve a cabo en el término improrrogable de tres días o la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946. Igualmente, si transcurrido el plazo de tres días el registrador no inscribe el título, el interesado podrá instar la aplicación del cuadro de sustituciones.
6. La inscripción realizada fuera de plazo por el registrador titular producirá una reducción de aranceles de un treinta por ciento, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente. A los efectos del adecuado cumplimiento del plazo de inscripción, los registradores deberán remitir a la Dirección General de los Registros y del Notariado en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero una estadística en formato electrónico que contenga el número de títulos presentados y fecha de inscripción de los mismos, así como el porcentaje de títulos inscritos fuera del plazo previsto en este artículo. La Dirección General de los Registros y del Notariado concretará mediante Instrucción el formato electrónico y datos que deban remitir los registradores.
7. Si el registrador califica negativamente el título, sea total o parcialmente, dentro o fuera del plazo a que se refiere el apartado cuarto de este artículo, el interesado podrá recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o bien instar la calificación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946.
8. Si un Registro Mercantil estuviese a cargo de dos o más registradores, se procurará, en lo posible, la uniformidad de los criterios de calificación. A tal efecto, llevarán el despacho de los documentos con arreglo al convenio de distribución de materias o sectores que acuerden. El convenio y sus modificaciones posteriores deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Siempre que el registrador a quien corresponda la calificación de un documento apreciare defectos que impidan practicar la operación solicitada, los pondrá en conocimiento del cotitular o cotitulares del mismo sector o del sector único. Antes del transcurso del plazo máximo establecido para la inscripción del documento les pasará la documentación, y el que entendiere que la operación es procedente la practicará bajo su responsabilidad antes de expirar dicho plazo.
En la calificación negativa el registrador a quien corresponda deberá expresar que la misma se ha extendido con la conformidad de los cotitulares. Si falta dicha indicación, la calificación se entenderá incompleta, sin perjuicio de que los legitimados para ello puedan recurrirla, instar la intervención del sustituto, o pedir expresamente que se complete. No se tendrá en cuenta una calificación incompleta para interrumpir el plazo en que debe hacerse la calificación. Los cotitulares serán también responsables a todos los efectos de la calificación a la que prestan su conformidad.
El registrador que calificare un documento conocerá de todas las incidencias que se produzcan hasta la terminación del procedimiento registral.
Artículo 19   
1. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los empresarios individuales, con excepción del naviero. El empresario individual no inscrito no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus efectos legales.
2. En los demás supuestos contemplados por el apartado uno del artículo 16, la inscripción será obligatoria. Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, la inscripción deberá procurarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para la práctica de los asientos.
Artículo 20   
1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.
2. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho.
Artículo 21   
1. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción.
2. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro de los quince días siguientes a la publicación, los actos inscritos y publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlos.
3. En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán invocar la publicación si les fuere favorable.
Quienes hayan ocasionado la discordancia estarán obligados a resarcir al perjudicado.
4. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.
Artículo 22   
1. En la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento, la sede de éste y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las operaciones, los poderes generales que otorgue, el consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los artículos 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales, así como las sentencias firmes en materia de nulidad, de separación y de divorcio, y los demás extremos que establezan las Leyes o el Reglamento.
2. En la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16 se inscribirán el acto constitutivo y sus modificaciones, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión o escisión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores, los poderes generales, la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones cuando la entidad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la Ley, y cualesquiera otras circunstancias que determinen las Leyes o el Reglamento.
3. A las sucursales se abrirá, además, hoja propia en el Registro de la provincia en que se hallen establecidas, en la forma y con el contenido y los efectos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 23   
1. El Registro Mercantil es público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por los Registradores o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro.
2. Tanto la certificación como la simple nota informativa podrán obtenerse por correspondencia, sin que su importe exceda del coste administrativo.
3. El Registro Central no expedirá certificaciones de los datos de su archivo, salvo con relación con las razones y denominaciones de sociedades y demás entidades inscribibles.
4. La publicidad telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los principios contenidos en los artículos 221, 222, 227 y 248 de texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 8 de febrero de 1946, en relación con los Registros de la Propiedad.
Artículo 24  
1. Los empresarios individuales, sociedades y entidades sujetos a inscripción obligatoria harán constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, el domicilio y los datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles y demás entidades harán constar, además, su forma jurídica y, en su caso, la situación de liquidación en que se encuentren. Si mencionan el capital, deberá hacerse referencia al capital suscrito y al desembolsado.
2. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda, con audiencia de los interesados y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo con una multa de cuantía de 50.000 a 500.000 pesetas.
 TÍTULO III. De la contabilidad de los empresarios
 Sección primera. De los libros de los empresarios
Artículo 25   
1. Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su Empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.
2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo prueba en contrario.
Artículo 26   
1. Las sociedades mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán, al menos, todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.
2. Cualquier socio y las personas que, en su caso, hubiesen asistido a la Junta general en representación de los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas generales.
3. Los administradores deberán presentar en el Registro Mercantil, dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles.
Artículo 27   
1. Los empresarios presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar en el Registro Mercantil del lugar donde tuvieren su domicilio, para que antes de su utilización, se ponga en el primer folio de cada uno diligencia de los que tuviere el libro y, en todas las hojas de cada libro, el sello del Registro. En los supuestos de cambio de domicilio tendrá pleno valor la legalización efectuada por el Registro de origen.
2. Será válida, sin embargo, la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán legalizados antes de que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. En cuanto al libro de actas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.
3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplicará al libro registro de acciones nominativas en las sociedades anónimas y en comandita por acciones y al libro registro de socios en las sociedades de responsabilidad limitada, que podrán llevarse por medios informáticos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.
4. Cada Registro Mercantil llevará un libro de legalizaciones.
Artículo 28  
1. El libro de inventarios y cuentas anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales.
2. El Libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por períodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que trate.
Artículo 29  
1. Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables. No podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no sea preciso con arreglo a la Ley, el Reglamento o la práctica mercantil de general aplicación.
2. Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en pesetas.
Artículo 30   
1. Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.
2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo.
Artículo 31   
El valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho.
Artículo 32   
1. La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes.
2. La comunicación o reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios, sólo podrá decretarse, de oficio o a instancia de parte, en los casos de sucesión universal, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo, y cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo.
3. En todo caso, fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior, podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.
Artículo 33   
1. El reconocimiento al que se refiere el artículo anterior, ya sea general o particular, se hará en el establecimiento del empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos.
2. En cualquier caso, la persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento podrá servirse de auxiliares técnicos en la forma y número que el Juez considere necesario.
 Sección segunda. De las cuentas anuales
Artículo 34   
1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos documentos forman una unidad. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal.
2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.
3. Cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, se suministrarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese resultado.
4. En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, tal disposición no será aplicable. En estos casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.
5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en euros.
6. Lo dispuesto en la presente sección también será aplicable a los casos en que cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas anuales.
Artículo 35   
1. En el balance figurarán de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto.
El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y el activo circulante o corriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del activo se realizará en función de su afectación. El activo circulante o corriente comprenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del activo deben clasificarse como fijos o no corrientes.
En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y el pasivo circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del pasivo deben clasificarse como no corrientes. Figurarán de forma separada las provisiones u obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.
En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las restantes partidas que lo integran.
2. La cuenta de pérdidas y ganancias recogerá el resultado del ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los resultados de explotación, de los que no lo sean. Figurarán de forma separada, al menos, el importe de la cifra de negocios, los consumos de existencias, los gastos de personal, las dotaciones a la amortización, las correcciones valorativas, las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable, los ingresos y gastos financieros, las pérdidas y ganancias originadas en la enajenación de activos fijos y el gasto por impuesto sobre beneficios.
La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.
3. El estado que muestre los cambios en el patrimonio neto tendrá dos partes. La primera reflejará exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio, distinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y los registrados directamente en el patrimonio neto. La segunda contendrá todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los